El edil, que se encontraba suspendido por una grave causa de violencia de género, envió un escrito al presidente del cuerpo para solicitar su reincorporación. El juzgado de Violencia de Género decidió levantar las medidas cautelares y archivar la causa.

El exconcejal Maximiliano Casasola busca recuperar su banca en el Concejo Deliberante de Salta. Luego de conocerse la decisión judicial de levantar las medidas cautelares y archivar la causa iniciada por una denuncia de violencia de género, el edil suspendido presentó un escrito ante el cuerpo legislativo para solicitar que se revise su situación y se deje sin efecto el apartamiento preventivo.

En su presentación, Casasola sostiene que el archivo definitivo de las actuaciones deja sin sustento los motivos que llevaron a su suspensión. «El dictado del archivo definitivo de las actuaciones, que acompaño adjunto, sella formalmente el cese de las medidas de carácter cautelar que motivaron mi suspensión preventiva en el ejercicio de mis funciones», argumentó. También volvió a reivindicar su inocencia y cuestionó los fundamentos de la decisión del Concejo, al señalar que el expediente judicial tenía una naturaleza cautelar y que nunca estuvo sometido a una investigación penal.

La denuncia había sido presentada por su expareja, quien relató episodios de violencia física y hostigamiento durante la relación. Uno de los hechos habría ocurrido el 20 de diciembre de 2025, en una vivienda del barrio Castañares, donde, según la denunciante, Casasola le habría propinado una patada en las piernas durante una discusión. A partir de la presentación se solicitaron medidas de protección, entre ellas una prohibición de acercamiento.

El 20 de mayo de este año, el Concejo Deliberante aprobó la suspensión preventiva del edil, sin goce de sueldo, luego de rechazar un pedido de licencia. La medida contó con el respaldo mayoritario del cuerpo, incluso de integrantes de su propio bloque.

Ahora, el planteo de Casasola abre nuevamente la discusión sobre su situación institucional y la posibilidad de que vuelva a ocupar una banca. Hay, sin embargo, una cuestión que no debería perderse de vista: el archivo de las actuaciones y el levantamiento de las medidas cautelares no constituyen una declaración judicial que determine que los hechos denunciados no existieron o que la denuncia fue falsa.

El propio concejal reconoce ese alcance en su escrito. La pregunta que queda planteada es si el cierre de un expediente judicial alcanza para revertir una decisión política e institucional que tuvo sus propios fundamentos. ¿O la banca también puede convertirse en un privilegio cuando se trata de volver a ocuparla?