Según los datos difundidos por el gobierno, si bien Salta mostró mejorías en los estudiantes que alcanzan el nivel promedio nacional en Lengua y Matemática, el análisis cambia al utilizar otros criterios como el nivel socieducativo en el hogar, los territorios de vulnerabilidad baja y la principal causa de deserción estudiantil. (Jesica Aparicio)

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó los resultados provinciales del operativo Aprender 2018, realizado en octubre del año pasado, destinado a los alumnos de sexto grado de primaria en las disciplinas de Lengua y Matemática. Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que se desarrollan. 

El informe, que presenta como el lugar de “lo bien” a la gestión privada frente a la “ineficaz” gestión estatal, consolida el discurso del desmerecimiento de lo público y la competencia como valor promotor de educación. De esta manera, da cuenta de un modelo de educación donde sobreviven los mejores, indistintamente de su situación económica y social.

Las buenas noticias

El informe, ubica a Salta entre las provincias que mostraron un avance (en los términos que plantea el análisis) frente a los resultados de Aprender 2017. Específicamente, en el caso de Lengua, el 75,3% de los estudiantes de Salta alcanza niveles de desempeño satisfactorio o avanzado; mientras que un 6,5% se encuentra por debajo del nivel básico. Por otro lado, en Matemática, el 59,9% alcanza niveles de desempeño satisfactorio o avanzado, y el 17,5% de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico. Aún con algunas mejorías en la provincia, el promedio nacional no cambió.

Las malas noticias

Sin embargo, al hacer un análisis más profundo de los datos provistos por el informe, haciendo foco en los contextos, otras son las situaciones que se plantean para la educación en la provincia. Al detenernos en los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes de escuelas ubicadas en territorios de diferente grado de vulnerabilidad, se observa que en lengua un 68% de los estudiantes de escuelas ubicadas en territorios de alta vulnerabilidad logra alcanzar niveles de desempeño satisfactorio o avanzado, frente a un 84% alcanzado en territorios de vulnerabilidad baja. En matemática, se observa que un 56,9% de los estudiantes de escuelas ubicadas en territorios de alta vulnerabilidad logra alcanzar niveles de desempeño satisfactorio o avanzado, frente a un 66,4% en instituciones ubicadas en territorio de baja vulnerabilidad. 

Es decir, la vulnerabilidad del territorio es un factor que afecta en las trayectorias escolares de los estudiantes. La distinción entre territorios de alta o baja vulnerabilidad se realiza en base al Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE). El mismo permite la clasificación de unidades geográficas en función de las condiciones de vida o situación de vulnerabilidad de los hogares con integrantes en edad escolar que allí residen. Este índice fue construido por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, a partir de datos del censo 2010 e incluye variables como: características de la vivienda, acceso al agua segura y al saneamiento adecuado, educación formal de los adultos y capacidad económica. 

Esto nos demuestra que aquellos estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad baja, es decir, pertenecientes al sector más empobrecido de la sociedad, presentan los números más alarmantes frente a quienes acceden a mejores condiciones de vida.

Además, el 98% de los estudiantes que pertenecen al Nivel Socieducativo del Hogar (NSE) bajo, asiste a las escuelas de gestión estatal. En este sentido, dentro de este espectro el 63,5% alcanza niveles de desempeño satisfactorio avanzado, frente a estudiantes del sector estatal de NSE Alto, donde un 82,9% obtiene niveles de desempeño satisfactorio o avanzado.

En este contexto, la principal causa de ausentismo es la baja motivación en el hogar en relación a la escuela. En un momento en el que se recrudecen las condiciones de supervivencia social y económica, los padres y madres deben trabajar muchas más horas, lo que amerita un mayor ausentismo en el hogar. 

En síntesis, la mirada cambia al poner en contexto económico y social los porcentajes fríamente provistos en los informes. Lejos de ser una conquista para Salta haber mejorado los promedios -algunos-, sigue latente el desafío de la educación pública por garantizar un real acceso irrestricto, público y masivo al derecho a la educación.

Y con esto… ¿qué hacemos?

Según lo dispuesto por Aprender, el objetivo de la evaluación es generar información oportuna y de calidad para conocer los logros alcanzados y los desafíos pendientes en el sistema educativo y, así aportar insumos que contribuyan al diseño de políticas educativas que promuevan procesos de mejora educativa continua. Sin embargo, desde la implementación del dispositivo, amplios sectores de la sociedad denuncian que el objetivo del gobierno es utilizar los resultados para justificar una reforma educativa.

Si bien el presidente Mauricio Macri anunció que “no hay nada más importante que la educación”, las decisiones políticas al respecto no parecerían dar cuenta de esto. El gobierno decidió reducir para el 2019 drásticamente el financiamiento para todas las áreas educativas. “Setenta y siete por ciento menos en Infraestructura, 68 por ciento menos en Edificios para Jardines Infantes, 69 por ciento menos en Conectar Igualdad, 36 por ciento menos en Formación Docente y 60 por ciento menos en Programas Socioeducativos”, según detalló CTERA tras la presentación del Presupuesto que fue aprobado por el Congreso. En esta línea, nombramos el cierre de escuelas rurales, el desmantelamiento de programas como las Orquestas Sinfónicas Juveniles, el pase del Programa Progresar a Beca, entre tantos otros plumazos.

En el presupuesto aprobado para este año, la educación perdió un 22% de su participación en el PBI. Sin embargo, lo destinado a la evaluación educativa registró un aumento en los montos asignados: de 150 millones se pasó a 250 millones. De la mano del desfinanciamiento de las políticas educativas nacionales, se verifica la intención del gobierno de evaluar algo que en términos de políticas públicas no se intenta mejorar.