El juez Pablo Arancibia le brindó el arresto domiciliario a la líder de la financiera trucha Ríos & Asociados, pese a que el juez Pastrana y el MPF se habían opuesto. Ahora, a los pitufos estafados sólo les queda ir a cobrarle a Moya a su casa.
Cinthya Moya, la líder de la financiera trucha Ríos & Asociados que estafó a cientos de policías salteños y la que única que conoce a dónde está el dinero, fue beneficiada con el arresto domiciliario.
La medida fue concedida por Pablo Arancibia, vocal 1 del Tribunal de Impugnación de la Sala II, pese a que el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Garantías 3, a cargo de Pastrana, se habían opuesto por considerar un peligro para la investigación que la mujer saliera de su celda.
Según los cálculos de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Moya y su banda estafó a unas 750 personas por 457.529.730 pesos y 505.431 dólares; pero hasta el momento sólo fueron recuperados 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.
El 25 de marzo, cuando comenzaron los operativos y detenciones en la causa, Moya fue alertada por policías por lo que se dio a la fuga con gran parte del botín. Ayudada por la Jefa de la Unidad Regional 3 de Metán, durante varios días se movió por el sur provincial burlando los controles, mientras transportaba el dinero que luego escondió.
Una vez detenida, y desesperada por recuperar la libertad, la líder de Ríos & Asociados, comenzó una serie de maniobras espurias. Primero contrató al abogado que, hasta unos días antes, representaba a 74 denunciantes, y luego comenzó a ofrecer un convenio por el que “devolvería el dinero si la fiscal la dejaba en libertad”.
Ante la negativa del MPF –que tiene a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores o partícipes-, por considerar que los contratos tenían un tinte extorsivo, Moya ofreció propiedades en garantía a cambio de una domiciliaria. Nuevamente, los investigadores de la UDEC detectaron la trampa: los inmuebles ofrecidos en garantía eran inexistentes o afectados a bien de familia.
Los abogados insistieron ante el juez Antonio Pastrana con el pedido de domiciliaria. El juez dio un contundente no y, entre sus argumentos, dijo que Moya podría eludir el accionar de la Justicia pues ya se había fugado, que tenía muchos contactos de policías de alto rango y que ““supeditar la entrega de dinero obtenido de manera ilícita al otorgamiento de la libertad de las acusadas Moya y Párraga, podría no sólo configurar una transgresión a los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía, sino que resulta manifiestamente improcedente”
Pese a todo ello, el juez Pablo Arancibia del Tribunal de Impugnación y sin ninguna explicación, envió a Moya a la casa, a donde tendrán que ir a buscarla los pitufos que quieran recuperar el dinero que les birló, pues ahora la posibilidad de que lo haga el Ministerio Público Fiscal es casi nula.
