El diputado Luis Albeza presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados de Salta. La denuncia apunta a presuntas demoras irrazonables e irregularidades en auditorías vinculadas al Fondo de Reparación Histórica.
La Cámara de Diputados de Salta recibió un pedido formal de juicio político contra la auditora general de la provincia, Elsa del Valle Pereyra Maidana, por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. La iniciativa fue impulsada por el diputado Luis Albeza, del bloque Todos por Salta, y ya fue girada a la Comisión de Juicio Político.
El expediente centra sus cuestionamientos en las demoras registradas en auditorías relacionadas con el Fondo de Reparación Histórica, uno de los programas de financiamiento público más importantes y polémicos de los últimos años en Salta. Según el planteo legislativo, la falta de informes definitivos habría afectado tanto el funcionamiento interno de la Auditoría General como las tareas de control de la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas.
En la presentación, Albeza sostuvo que la medida “no es una cuestión personal ni partidaria”, sino una obligación institucional frente a posibles irregularidades en un organismo clave para el control del Estado. El legislador aseguró que el pedido fue elaborado tras analizar documentación e informes vinculados al área auditada y advirtió sobre una “grave afectación institucional” que, a su entender, requiere esclarecimiento.
Entre los principales puntos observados figura la demora superior a tres años en la auditoría financiera y documental del Fondo de Reparación Histórica. Además, el expediente menciona presuntas irregularidades procedimentales dentro de la Auditoría General, incluyendo el envío de informes provisorios a los auditados sin intervención previa de la Presidencia del organismo. Desde el entorno legislativo remarcaron que la preocupación no se limita al retraso de los informes, sino al impacto institucional que estas situaciones podrían generar en el sistema de control público provincial.
