El ajuste a la educación universitaria que presenta el presupuesto 2017 confirma que Estado y Gobierno tienen un valor distinto para Cambiemos. El rector de la UNSa y su secretario siguen el libreto neoliberal al pie de la letra. (Franco Hessling)
El proyecto de presupuesto nacional para 2017 consolida un dato fáctico presentado como óptimo por Cambiemos: el achicamiento del Estado. Las universidades públicas, en tanto que entidades independientes aunque estatales, se ven profundamente perjudicadas por esa visión estrecha del Estado. El porcentaje del PBI afectado al presupuesto de las universidades se disminuiría por primera vez en una década -del 0,86% subejecutado este año al 0,81% proyectado para el año próximo. No obstante, el oficialismo no puede hacer gala de austero ya que se ha permitido licencias como el uso discrecional y personal del patrimonio público -Tecnópolis cerrado para usufructo exclusivo de hijos de funcionarios. Cambiemos, contradictorio, al tiempo que pregona la detumescencia del Estado practica el hinchamiento del gobierno.
Volvamos a la enmienda de presupuesto para el ejercicio 2017 de las universidades, siempre teniendo en cuenta la citada paradoja del gobierno de turno. En el artículo 12 del proyecto se demuestra con claridad ese devaneo sobre la relación entre Estado y Gobierno: “Las Universidades Nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieren por todo concepto” (el resaltado es propio).
De esta manera, se vulnera la autarquía de una entidad estatal que no debe estar sujeta a los arbitrios del gobierno de turno, en ese sentido, los defensores puritanos del Estado argüirán que está compuesto de órganos de gobierno y otros autónomos y autárquicos. El control ejercido por el Ministerio de Educación y Deportes, parte del Ejecutivo nacional, es aún más explícito: “El citado Ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”. Es decir, el gobierno puede resolver a placer si otorgar todo el presupuesto asignado o no a las universidades, entidades idealmente autónomas y autárquicas.
Los amantes de la literatura distópica del siglo XX, desvelados por la Policía del Pensamiento orwelliana o las implantaciones en las subjetividades del mundo feliz de Huxley, cuando se detienen a escrudiñar el proyecto de Cambiemos no pueden menos que tener reminiscencias de aquellas extasiadas lecturas. No hay partido único ni una tecnología tan inteligente como para dominar de pleno las subjetividades, sin embargo el afán de “vigilar y castigar” y liberar el consumo -o que el consumo nos haga sentir libres-, hacen inevitables las comparaciones entre ficción y realidad. Por más inverosímil que parezca, la conducción elegida en las urnas y autodeclamada tutora del sano republicanismo, se esmera en dotar de mayor poder a su gobierno en detrimento del Estado en su conjunto. No sólo lo sufren las universidades públicas sino también otros entes como el INTA, el INTI, el INT -teatro-, y otros institutos, centros de investigación y demás órganos que complementan, y a veces contrapesan, el poder del gobierno adentro del Estado.
Mímesis
En ese marco, la conducción rectoral de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) alineada con la política de Cambiemos, ha hecho lo propio durante este 2016. Cierto es que el recorte del oficialismo nacional a las universidades no empezará con el presupuesto 2017, que es solo su oficialización, ya que el presupuesto 2016 para la educación superior pública -sancionado previo a la llegada de Mauricio Macri y sus palaciegos a la Casa Rosada- está siendo sub-ejecutado, es decir, sin aplicar todas las partidas que estaban destinadas.
Pero, ¿por qué se dice que la UNSa hizo lo propio en consonancia con la política de Cambiemos? Porque el pasado rector y su ungido, los contadores Víctor Hugo Claros y Antonio Fernández Fernández respectivamente, se combinaron para rechazar un millón de pesos para obras que mejoren la inclusión de las personas con movilidad reducida, usaron fondos de cargos no ocupados para costearse la opulenta fiesta de fin de año 2015, se permitieron refacciones edilicias valuadas en más de un millón y medio para tener despachos de lujo, y no pujaron para sostener los servicios y convenios especiales de la UNSa. Es decir, achicaron la Universidad pero agrandaron su gobierno.
El hecho conspicuo en ese sentido son los 11 cargos que creó Fernández Fernández a un trimestre de haber asumido, a través de la resolución rectoral ad-referndum 856-16. Ninguna de las coordinaciones tenía un estipendio menor a 50 mil pesos, y se distribuirían de la siguiente manera: uno para cada facultad (seis), uno para cada sede (dos) y tres para el rectorado. Ante la presión surtida por la movilización de la comunidad académica en contra de esa decisión, el rector se adecentó paulatinamente: suprimió los cargos que no eran para su órbita pero sostuvo los tres que dependerán directamente del rectorado. Universidad o Estado, según prefiera el lector, más chica, rectorado o Gobierno, más grande; la lógica es idéntica.
No es todo
Fuentes del Consejo Superior de la UNSa le confirmaron a Cuarto Poder que el secretario Académico, Pablo Ortega Baes, funcionario del oficialismo universitario desde tiempos de Claros, estaría presionando para que se consignen acuerdos con la Provincia que la hagan cargo de los servicios de atención al ingresante, uno de los pilares fundamentales para contrarrestar la deserción.
Bajo el escuálido argumento de que la articulación con el nivel medio de enseñanza será mejor encarada por los trabajadores de la educación de esa instancia, que está en el rango de influencia jurisdiccional de la Provincia, Ortega Baes pretendería conchabarse al gobierno provincial. Según sospechan quienes integran los equipos de trabajo con ingresantes, se buscará remover esos espacios y hacerlos reemplazar por personal del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta.
La predecesora de Ortega Baes en la Secretaría Académica de la UNSa, Marta Torino, quien también fuera ministra de Educación de Juan Manuel Urtubey, pocas semanas antes de abandonar el cargo precisó que de los 15 preinscriptos que hubo en 2015, solo unos 6000 terminaron el año cursando. Es decir, el porcentaje de deserción en el año de ingreso es de aproximadamente el 70%. Ello a pesar del funcionamiento de servicios permanentes de atención a los ingresantes, con lo cual se prevé que la iniciativa de Ortega Baes podría hacer crecer el problema aunque aumentar las simpatías del gobierno provincial con su par universitario.
Resistencia
El cuadro de políticas de ajuste de lo público a favor de lo contingente –un gobierno- desencadenó diversas movilizaciones, tanto estudiantiles como docentes. Estos últimos ya han venido reclamando con paros por la reapertura de paritarias y en contra de las visiones de Cambiemos en torno a la educación universitaria pública, gratuita y de excelencia. Ayer y el jueves recayeron nuevamente en una medida de fuerza.
Por su parte, los estudiantes se congregaron el lunes pasado en una asamblea celebrada en el Campo Castañares. Un centenar de movilizados debatieron sobre la situación actual y resolvieron, como medida inmediata y situada, solicitarle al rector y contador que se transparentes los libros contables de la UNSa. Es el primer atisbo de lo que podría consolidarse como un movimiento de oposición resulta contra los aires neoliberales, tanto locales como nacionales, que acechan a la educación pública.
