En la mayoría de los municipios del interior salteño, los intendentes atraviesan una situación financiera cada vez más asfixiante. El crecimiento del gasto salarial —que en muchos casos ya ronda el 85% del presupuesto— deja a las comunas con escaso margen para sostener servicios. En ese escenario generalizado de cuentas ajustadas, General Güemes aparece como una excepción difícil de explicar. El municipio no tiene una planta de empleados tan grande como otros distritos. Sin embargo, tampoco resulta claro en qué se utilizan los recursos restantes.

 

Lucas sorrentino

 

Por estos días, en el interior de Salta, la administración municipal se parece cada vez más a una economía doméstica en emergencia. La escena se repite con variaciones mínimas: una oficina con muebles gastados, un intendente revisando planillas, una pila de facturas por pagar y una conclusión que se repite como una sentencia. El dinero no alcanza.

La frase que encendió la alarma la pronunció el presidente del Foro de Intendentes de Salta e intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés: “Hoy estamos cerca del 85% del presupuesto destinado al pago de sueldos. Es altísimo”.

No se trata de un número aislado. Detrás de ese porcentaje se despliega un problema estructural que atraviesa a gran parte de las comunas del interior: menos recursos, más gastos y una presión social creciente.

Hace apenas tres años, el panorama era distinto. Según el propio Moisés, en 2023 el gasto en salarios representaba entre el 65% y el 66% del presupuesto municipal. Hoy, en muchas localidades, esa proporción trepó hasta niveles que dejan poco margen para cualquier otra cosa.

La consecuencia es simple y brutal: cuando el salario absorbe casi todo el presupuesto, el municipio queda atrapado en una administración de supervivencia.

El efecto dominó de la recesión

El deterioro de las cuentas municipales tiene una explicación que empieza lejos de las intendencias.

La coparticipación federal —la principal fuente de ingresos para provincias y municipios— depende en gran medida de impuestos ligados al consumo. El más importante es el IVA.

Cuando la economía se frena, el consumo cae. Y cuando el consumo cae, la recaudación disminuye. Esa caída viaja por toda la cadena del Estado hasta terminar en las cajas municipales.

Moisés lo explicó con crudeza: si las ventas bajan más de un 14%, como ocurrió en los últimos meses, ese impacto se traslada directamente a la coparticipación que reciben las provincias y, finalmente, los municipios.

El problema es que los gastos no se frenan con la misma velocidad.

Mientras los ingresos se reducen, las comunas deben seguir pagando combustible para la maquinaria, repuestos para camiones, luminarias, mantenimiento urbano, proveedores y servicios básicos.

En otras palabras: los municipios siguen funcionando aunque el dinero se achique.

“No es solamente pagar sueldos”, explicó Moisés en declaraciones radiales. “Hay que pagar proveedores, servicios, repuestos, luminarias. Todo eso también aumentó bastante”.

El resultado es un presupuesto que se vuelve cada vez más rígido.

La presión de las paritarias

En ese escenario aparece otro factor inevitable: los acuerdos salariales.

El Gobierno provincial firmó con los gremios estatales un incremento del 10% para el primer semestre de 2026, dividido en cuatro tramos:

2,9% en febrero

2% en abril

2% en mayo

3,1% en junio

Los municipios ya anticiparon que acompañarán ese porcentaje.

“No tenemos trabajadores de segunda”, dijo Moisés. Pero inmediatamente aclaró el problema: algunos componentes adicionales del acuerdo, como un incremento específico de 28.000 pesos por dedicación, resultan prácticamente imposibles de absorber para muchas comunas.

Para intendentes que ya destinan ocho de cada diez pesos a salarios, cada punto de aumento representa un desafío.

El municipio como último refugio

Pero la crisis no se mide solo en números. También se ve en las puertas de las municipalidades.

En distintas localidades del interior comenzó a repetirse una escena que hasta hace poco era excepcional: personas con empleo formal que acuden al municipio a pedir ayuda.

“Ya hay gente que tiene trabajo en blanco y viene a pedir asistencia. Eso ya es crítico”, describió Moisés.

La demanda de módulos alimentarios creció. En algunos barrios volvieron a solicitar la reapertura de comedores comunitarios.

También aumentaron los pedidos de ayuda para pagar servicios básicos, especialmente la electricidad.

“Mucha gente viene a pedir ayuda para pagar la boleta de luz. Hay casos en los que gran parte del ingreso familiar se va ahí”, explicó.

En los pueblos del interior, donde la distancia entre el vecino y el intendente se mide en pocas cuadras, el municipio termina siendo el primer lugar al que se recurre cuando todo falla.

“Somos el primer paragolpes”, resumió Moisés.

El debate por las tasas

En medio de esta situación reapareció otro debate sensible: el de las tasas municipales.

Desde el Foro de Intendentes sostienen que en muchas localidades los tributos están muy por debajo del costo real de los servicios.

Un ejemplo es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que en promedio ronda los 8.000 pesos por catastro. Según estimaciones municipales, solo el servicio de recolección de residuos demandaría cerca de 25.000 pesos por vivienda.

La diferencia es evidente.

Sin embargo, los intendentes descartan por ahora cualquier aumento.

La razón es política y social. En localidades pequeñas, donde el intendente se cruza todos los días con los vecinos en la calle, subir impuestos en medio de una crisis económica puede resultar inviable.

“Con la situación que estamos viviendo, nadie se animaría a aumentar impuestos”, admitió Moisés.

Cuando los números no son iguales

Aunque el diagnóstico del Foro de Intendentes refleja una realidad extendida, no todos los municipios presentan la misma estructura de gastos.

El caso de General Güemes introduce un matiz en la discusión.

De acuerdo con la Cuenta General de Gastos municipal al 30 de septiembre de 2025, el gasto total del municipio alcanzó los 9.860 millones de pesos.

De ese total, 5.000 millones corresponden a gasto en personal, lo que representa aproximadamente el 50,7% del presupuesto.

El dato contrasta con el 85% mencionado para otras comunas.

Dentro de ese gasto salarial aparece un rubro particular: “Beneficios y Compensaciones”, que asciende a 691 millones de pesos y cuyo detalle específico no se encuentra claramente discriminado en la ejecución presupuestaria.

Si ese concepto se excluyera del cálculo —considerando que no corresponde estrictamente a salarios— el gasto en personal se ubicaría cerca del 43,7% del presupuesto total.

La diferencia abre otra discusión: no todos los municipios enfrentan el mismo grado de presión salarial.

La discusión de fondo

La pregunta que empieza a surgir en algunos sectores es inevitable: si en ciertos municipios el gasto en personal no supera la mitad del presupuesto, ¿en qué se utilizan el resto de los recursos? Si algunos hacen magia para subsistir, por qué el intendente de Güemes parece hacer magia para que no se le note en qué gasta todo lo que le sobra.

El debate sobre las cuentas públicas municipales no es meramente técnico. También es político.

En tiempos de crisis económica, la transparencia en el uso de los recursos adquiere un peso mayor. Los fondos municipales provienen de impuestos, tasas y transferencias públicas que, en última instancia, pertenecen a los ciudadanos.

Por eso, detrás de los porcentajes aparece una discusión más profunda: cómo se administran los recursos del Estado local y cuáles son las prioridades de gestión.

Mientras tanto, en el interior salteño los intendentes enfrentan una paradoja cada vez más difícil de resolver: menos ingresos, más gastos y una sociedad que golpea la puerta del municipio cuando todo lo demás falla.

Y en esa frontera donde termina la macroeconomía y empieza la vida cotidiana, los números dejan de ser planillas para convertirse en algo más concreto: salarios que pagar, servicios que sostener y vecinos que necesitan ayuda.