El médico había dicho que el nosocomio estaba saturado de tantos abortos.
«Me están saturando el hospital. Hemos hecho, desde que empezó la ley hasta ahora, 42 intervenciones; y en los centros de salud del área operativa que a mí me corresponde, donde hicimos la interrupción del embarazo en forma farmacológica, ya hicimos 120», dijo días atrás el gerente del Hospital Público Materno Infantil, Federico Mangione. Quien salió al cruce fue la abogada Mónica Menini.
La abogada mencionó que en una parte de la entrevista, Mangione aclara que no está en contra del aborto, menciona que el hospital se encuentra abarrotado ante la demanda y el poco recurso humano. Además, el médico mencionó que los hospitales del interior derivan los pacientes a su nosocomio porque “son todos objetores de conciencia”.
Ante esto, Menini recordó que la IVE “no acepta la objeción institucional”. “La ley es de orden público, es decir que no lo puede cambiar la provincia, que no lo puede cambiar una organización intermedia y la aplicación es en todo el territorio argentino. La única persona que pude ser objetor de conciencia es el profesional que le hace la práctica. No puede ser objetor el que atiende en la mesa de entrada o el que toma la fiebre. Tampoco pueden ser objetores de conciencia cuando una mujer llega con un aborto incompleto, porque está en riesgo la vida de la persona. En esos casos está totalmente prohibido” expresó.
Respecto a la negativa de clínicas para realizar las prácticas, la abogada fue tajante al remarcar que el artículo 10 de la ley dice que “el servicio de salud cual fuere y todas las personas que trabajen en él, tienen que organizarse para dar la prestación, si no se pueden organizar y tienen que hacer un traslado tiene que hacerse cargo del traslado. El paciente está en responsabilidad del médico y de la institución a la que se dirigió hasta que lo entregan a otra institución o profesional que va a llevar la práctica. Todo esto, en dinero, está a cargo de la institución donde la persona se presentó, no es a cargo del Estado. Es decir que, si una institución privada dice que no se puede hacer cargo de la intervención, la institución privada se hace cargo de esa intervención. El costo y la responsabilidad es de quien recibió la demanda del acceso a la práctica, si es el sector privado, es responsabilidad del sector privado”.
Pasando en limpio las declaraciones, si una persona desea realizar una interrupción del embarazo en alguna clínica y no se lo quieren realizar por cualquier cuestión, esa clínica debe costear los gastos que demande realizarlo en otra u en algún hospital; pero el servicio debe realizarse.
Además, y haciendo referencia a la gran demanda que hay en el Materno Infantil, respondió que es muy difícil que las mujeres del interior de la provincia puedan acceder a un aborto ya que todos son derivados a Salta Capital. “Es gravísimo que pase eso para el Hospital Materno porque está recibiendo pacientes de toda la provincia. El ministerio de salud debe organizar los servicios, esto requiere que alguien vaya una o dos veces por semana y se haga cargo de realizar esas interrupciones del embarazo en ese hospital (del interior) donde se está teniendo problemas de acceso a la salud. Mangione debería hablar de eso, de que el sistema de salud lo colapsa al Materno porque no se están organizando como debe. Hay más derechos para las mujeres que viven en Buenos Aires, que tienen acceso en todos los hospitales, que las mujeres salteñas que terminamos siendo ciudadanas de segunda que nos tenemos que trasladar 600 o 700 km para tener acceso a una prestación medica que es legal y que la provincia tiene todos los elementos para realizarlas. Dijo tantas mentiras Mangione que han impactado a nivel nacional, que nos deja como ignorantes. Nos hace pasar vergüenza la verdad” sentenció.