El escándalo por las denuncias de acomodo y designaciones irregulares en En.Re.J.A. puso sobre la mesa una serie de antecedentes del directorio saliente. ¿Qué papel jugó la cúpula del organismo en el caso Casinos Austria, por el cual la provincia enfrenta una millonaria demanda? (Por Nicolás Bignante)
Un nuevo escándalo sacudió al Ente Regulador de Juegos de Azar (En.Re.J.A) esta semana luego de que el gremio denunciara acomodos y nominaciones anómalas nada menos que en el directorio del organismo. A través de la resolución 291/19, el ente aprobó el nuevo Manual de Misiones y Funciones, el nuevo organigrama, el cuadro de cargos y la correspondiente escala salarial de acuerdo al paladar del presidente saliente Sergio Gustavo Mendoza García. El documento firmado el 5 de noviembre pero fechado a finales de octubre, además de crear nuevos perfiles para los casi 70 cargos fuera del directorio, establece requerimientos académicos para cada uno de ellos.
Al margen de lo decretado, en los anexos de la publicación se omiten dos cruciales documentos: la estructura de cargos y la grilla salarial. En el primer caso para invisibilizar apellidos, en el segundo para ocultar cifras. A entender de los representantes del sindicato, la escala de haberes consolidada por la cuestionada resolución refuerza las asimetrías y las irregularidades en el organismo. Póngase por caso: para la categoría «presidente», el sueldo básico es de $97.566,56. A eso se suman dos adicionales, uno remunerativo ($9.299,97) y uno no remunerativo ($15.057,95). Además, por la resolución general 463/06 se añaden $54.832,01 en concepto de «Complemento por responsabilidad del cargo», lo que arroja como resultado un sueldo bruto por encima de los $175 mil. No muy distinta es la realidad para las categorías de vicepresidente y director. En contraste, un auxiliar de mantenimiento llega escasamente a los $29.000 y un auxiliar administrativo a los $39.000.
Las denuncias de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) que vieron la luz la semana pasada, son apenas la arista visible del festival de nombramientos y designaciones irregulares en el organismo. Aunque a priori el ente no cuenta con un titular designado por la nueva administración provincial, hacia el interior del organismo no son pocos los que aseguran vehementemente que muchos de los papeles que ingresan a las oficinas de 25 de mayo 550 salen con la firma de Marcelo Ferraris.
Los trascendidos proliferaron en paralelo a su ratificación al frente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, donde al parecer las retribuciones al desempeño público no son tan jugosas como en el organismo regulador de la timba. Números aparte, la situación del hermano del hombre de las auditorías contraviene abiertamente el artículo 62 de la constitución Provincial, cuyo contenido refiere: «Es incompatible el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, salvo la docencia y las excepciones que determine la ley. Ningún funcionario o agente público puede representar, gestionar, patrocinar o mantener intereses privados contrarios a los del Estado Provincial o de los municipios, bajo sanción de exoneración».
El cuadro se agrava aún más si se tiene en cuenta que su designación al frente de la AMT se hizo sin perjuicio de su cargo de planta permanente en la Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos del ministerio de Educación, al que ingresó en 2007 como Agrupamiento Profesional subgrupo 2.
A pesar de la salida de Sergio Gustavo Mendoza García de la presidencia de En.Re.J.A., en la línea de mando quedan algunos reticentes a armar las valijas. Es el caso de Silvina María del Carmen Cainelli, quien integra el directorio como vicepresidenta del ente, pero figura a su vez como miembro de la estratégica Unidad de Prevención de Lavado de Activos (UPLA). Desde el gremio aseguran haber escuchado que presentó la renuncia, pero en los hechos, nada les otorga tal certeza. En el mapa de cargos, la acompañan en sus funciones Verónica Courel y el abogado Federico Saravia Sylvester.
3.800 millones de razones
«No somos muy optimistas», respondió a la prensa el flamante fiscal de estado Agustín Pérez Alsina cuando le consultaron sobre el inminente fallo en contra que la provincia deberá afrontar por el caso Casinos Austria. El sablazo que viene magullando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), le significaría a la provincia un perjuicio cercano a los 70 palos verdes, es decir, $3.800 millones.
Como se recordará Casinos Austria demanda a Argentina y a la provincia de Salta, luego de que ésta en 2008 le rescindiera el contrato acusando lavado de dinero; como así también por la subcontratación de otros operadores del juego sin la autorización previa exigida por el artículo 5 de la ley marco 7020. Por su parte, los demandantes consideraron que el gobierno salteño sobredimensionó las faltas contractuales atribuidas a Enjasa para avanzar con una expropiación violatoria del convenio de promoción y protección de inversiones firmado por Argentina y Austria en agosto de 1992.
En el medio hay quienes recuerdan y señalan que la revocación del permiso se dio en medio del enfrentamiento entre el directorio saliente y el ex-gerente general de ENJASA Gustavo Anselmi, a quien referenciaban dentro del romerismo duro. Lo cierto es que el cuarteto Mendoza-Cainelli-Ferraris-Saravia Sylvester se constituyeron en los artífices del juicio que compromete las arcas provinciales de cara al fallo que posiblemente se de a conocer a comienzos del año entrante.
El 4 de septiembre pasado, se oficializó la autorización del ejecutivo provincial para que la comisión oficial integrada por la fiscal de estado Cintia Pamela Caletti viaje a París a participar de las audiencias del caso. La provincia solventó los pasajes y viáticos de la funcionaria por 15 días, en los que pudo gozar del verano parisino y otras edificantes actividades, tal como evidencian sus propias publicaciones de redes sociales, las cuales eliminó al poco tiempo de subirlas. Lo que no se hizo público es que, además de Caletti, otros seis miembros de En.Re.J.A., entre los que -aseguran- se encontraba Saravia Sylvester, también pisaron tierras galas. La visita, en este caso, se extendió por veinte días.
Según indican algunas versiones, la fiscal de estado se tomó apenas tres días para echar una leída a la documentación del caso. Como resultado, lo que debió ser una fervorosa defensa de los intereses del estado provincial terminó siendo un pobre alegato, al punto de que ningún jurista augura hoy algo más que un estruendoso fracaso.
