La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia dio a conocer los informes de registros telefónicos y de movimientos migratorios de Alfredo Olmedo, entre una lista de políticos, extraídos de la causa de espionaje ilegal por parte del Gobierno macrista. 

Se constató, a su vez, que la organización ofrecía proyectos o programas electorales y de gestión de gobierno para la campaña política, tambien se les ofrecía la compra de drones y equipos para «combatir al narcotrafico», de esta forma disfrazaban la venta de equipos de espionaje totalmente ilegales en la Argentina. el detalle que las carpetas de presentación era el logo de la Embajada de los Estados Unidos.
El caso reviste una enorme gravedad institucional, teniendo en cuenta que las funciones públicas que desarrollaban los objetivos investigados, estaban realizando una campaña electoral.
Los documentos señalados fueron exhibidos por el Juzgado a todos los involucrados quienes reconocieron su contenido, sus abonados y los registros de comunicaciones que contenían, a la par que tuvieron que brindar explicaciones sobre esos archivos.
En el periodo 2016/2017, época de campaña electoral, Marcelo D’Alessio habría ofrecido los servicios de esta consultora al Senador Espínola de Corrientes y al ex diputado nacional por Salta,  Alfredo Olmedo, para «colaborar» con su precandidatura presidencial.
Se llevaron a cabo varios encuentros donde se presentó una propuesta escrita en primera persona y con el logo de la consultora “Bettermedia. Latam crisis management”.
Bajo esa premisa, la organización consiguió datos sensibles que únicamente podrían ser obtenidos mediante una orden judicial, relacionados a los actores políticos que representaban “el contrincante político a vencer”.
La conclusión del organismo legislativo acerca de esta investigación es contundente. «En el periodo 2015-2019, no solo se llevaron a cabo tareas de espionaje sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política, para lograr el quiebre emocional, económica y político de las víctimas seleccionadas. Armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas, mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales».