Un nuevo informe de la Auditoría revela múltiples falencias en los procedimientos de contratación del Poder Judicial que encabeza Guillermo Posadas. Varias inconsistencias administrativas atraviesan las operaciones. (Gonzalo Teruel)
Tal como hiciera hace unas semanas y después de varios meses de silencio, la Auditoría General de la Provincia publicó un nuevo informe de control realizado al Poder Judicial. El documento fue publicado bajo el expediente 242-4146/2013 y está referido a la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Rubro “Bienes de Consumo” en el período 2011. Esta nueva publicación completa a la del Rubro “Servicios No Personales” de ese mismo año en el que se detectaron, como informara Cuarto Poder hace un par de semanas, decenas de operaciones cuestionadas por los profesionales del organismo de contralor.
Como aquel, este informe es interesante porque audita el desempeño administrativo de las más altas autoridades judiciales de la provincia. Los funcionarios y despachos autorizados para contratar son, según se detalla en el documento que ya está en poder del juez Guillermo Posadas, la Corte de Justicia, el propio presidente de ese máximo tribunal, y el director de Administración del Poder Judicial.
Los técnicos de la Auditoría recopilaron, analizaron y evaluaron acordadas, decretos, resoluciones, circulares, instructivos y otros papeles relativos a los procedimientos internos y listados de compras y contrataciones y órdenes de pago para describir el proceso de contrataciones relacionadas al rubro “Bienes de Consumo” que se encuentran a cargo de la Dirección de Administración del Poder Judicial. La muestra seleccionada de manera aleatoria alcanza a unos 50 expedientes que representan más del 67% del gasto ejecutado, es decir $2.725.172,14 sobre un total de $4.030.112,06 erogado en 2011.
El trabajo realizado en marzo, abril y junio del año pasado estudió 5 grandes rubros: “Textiles y Vestuario” por $142.246,45; “Productos Papel, Cartón e Impresos” por $747.546,41; “Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes” por $27.858,59; “Productos Metálicos” por $16.786,35; y “Otros Bienes de Consumo” por $1.790.734,34.
Hacen lo que quieren…
En el desglose de estas operaciones los auditores observaron que en las Licitaciones Públicas para la adquisición de “indumentaria de trabajo”, de “resmas de papel y cartulinas para dependencias varias”, de “cartuchos y toners originales y recargados”, de “resmas de papel y cartulinas”, y de “artículos de librería y papelería” no existe constancia de las consultas efectuadas para determinar el presupuesto oficial y, en efecto, en la mayoría se contrató por montos bien inferiores a los presupuestados.
En otra Licitación para la adquisición de “artículos de limpieza”, en cambio, lo pagado superó ampliamente lo presupuestado -$116.086 y $94.971- con el agravante que el proveedor no presentó Certificado de Inscripción en la Unidad Central de Contrataciones. Y en la Licitación para la adquisición de “cartuchos y toners para dependencias varias” se pagó bastante menos de lo pautado -$393.648 y $683.391- pero sin la garantía de la oferta por parte del proveedor por lo que debiera haber sido desestimada.
Los Concursos de Precios también revelan inconsistencias administrativas. Los destinados a la adquisición de “artículos de limpieza destinados al área de servicios generales” y al servicio de “reparación de tablero general de la subestación transformadora” tampoco tienen constancia de las consultas efectuadas para determinar el presupuesto oficial y se gastaron $49.084 y $17.909 en mano de obra y otros $17.968 en materiales imputados como bienes de consumo. Peor aún, en la adquisición de “artículos de electricidad para los Juzgados Civiles y Formales de Orán” en la que se gastaron $35.246 la inscripción del proveedor no está sellada como manda el Código Fiscal. Y en la adquisición de “equipos de electricidad para el edificio principal del Distrito Judicial Orán” se abonaron $46.093 reúne todos los vicios anteriores: no existe constancia de las consultas efectuadas para determinar el presupuesto oficial, los proveedores no presentaron su Certificado de Inscripción en el Registro de Contratistas del Estado y no cuentan con sello y rubrica conforme al Código Fiscal y demás normativa vigente.
Otras operaciones realizadas bajo la forma de Contratación Directa por Libre Elección y Negociación Directa también presentan deficiencias. El caso paradigmático es el de la adquisición de “elementos de detección de incendios” presupuestada en $73.307 y contratada en $66.352 a la empresa CONEXOS SRL -único proveedor identificado en el documento de control- que no está inscripta en el Registro General de Contratistas de la Provincia y no presenta documentación oficial habilitante. Las Contrataciones para la adquisición de “chapas trapezoidales para la Dirección de Mantenimiento” por $6.177,15 y para la provisión e instalación de “extractores eólicos destinados al depósito de secuestros del Distrito Judicial de Orán” por $34.080 tampoco presentan su documentación foliada y rubricada. Y peor, la reparación del “tren delantero del vehículo Citroen C4 dominio HQZ 256” por $8.148 se hizo sin que medie instrumento administrativo que lo autorice.
Los profesionales de la Auditoría revelaron, además, incumplimientos varios en el procedimiento de cobro en los impuestos a los Sellos y a las Actividades Económicas en las operaciones analizadas.
Tan mal no estaba…
Pese a la pormenorizada descripción de las falencias en los procedimientos de contratación de “Bienes de Consumo” y a realizar una decena de elementales recomendaciones, los auditores consideraron que la Dirección de Administración del Poder Judicial “presenta razonablemente la ejecución presupuestaria” y “cumple con la normativa general aplicable”.
Las recomendaciones que ya están en poder del juez Posadas son 9. Una décima bien podría ser que contrate, para trabajar entre tanto abogado y tanto notario, un buen contador que ordene las compras en el Poder Judicial.
