Hace diez años, una simple resolución ministerial detonó el conflicto más importante desde la implosión de la convertibilidad.
La 125/08 del Ministerio de Economía, que avanzaba sobre la rentabilidad de la cadena sojera con un esquema de retenciones móviles, provocó una rebelión de ese complejo entramado sintetizado como «el campo», y en la que amplios sectores medios urbanos encontraron una oportunidad para canalizar el malestar que incubaba contra el gobierno de Cristina. A una década de la pulseada que parió la versión más radicalizada del kirchnerismo y que plantó la semilla para que germinara el actual oficialismo, protagonistas y analistas reflexionan sobre los 128 días en los que toda la sociedad se puso a discutir sobre las bondades (o maldiciones) del «yuyo», el modelo productivo agrario y la intervención del Estado en la economía.
«Un día viene Lousteau (Martín) y me dice que en noviembre iba a haber un lapso financiero, que las importaciones iban a bajar y que las retenciones iban a caer drásticamente. La propuesta de Martín (entonces ministro de Economía) fue empezar a reducir los subsidios de la energía y el transporte, lo que a mí me pareció inteligente», dijo a una radio el ex jefe de Gabinete de Ministros Alberto Fernández.
«Cuando fuimos con ese planteo, Cristina dudó porque le parecía que se iba a enfriar la economía y planteó la idea de que mejoremos los ingresos. En esa búsqueda apareció Guillermo Moreno (por entonces secretario de Comercio) con una idea ‘esplendida’: poner las retenciones de cualquier exportación del campo al 64 por ciento. Cuando lo hablo con Martín (Lousteau), obviamente era un disparate, le dije que busque una solución y así nació la 125», detalló el ex ministro coordinador de Néstor Kirchner y luego de su esposa y sucesora.
«El mayor error político fue no darnos cuenta de que en verdad estábamos atacando directamente a nuestra base de sustentación política, porque nosotros perdíamos en las grandes ciudades y ganábamos en el campo», concluyó Fernández, quien en los últimos años ha saltado entre diversas corrientes del peronismo.
El inicio
La mecha se encendió con la firma del entonces ministro de Economía, Martín Lousteau. De acuerdo al nuevo esquema, se ataba el monto de las retenciones a los precios internacionales de las materias primas. Por ejemplo, en el caso de la soja sin industrializar se establecía una retención que iba del 23,5% al 58,4%, según el valor internacional se ubicara en el rango de las 200 a los 750 dólares la tonelada.
El 11 de marzo de 2008 la soja cotizaba en los mercados internacionales 511 dólares la tonelada, por lo que la retención saltaba del 35 a por lo menos el 43%.
El sociólogo Osvaldo Barsky, especialista en cuestiones agrarias, fustiga la célebre resolución. Evalúa en el diario La Capital, que «era muy difícil de comunicar y no era adecuada técnica ni políticamente». Y explica: «Si bien tenía una idea de movilidad vinculada a los precios internacionales, transmitía la idea de un techo muy alto. Las retenciones habían subido muy rápidamente en pocos meses, lo que había irritado profundamente a todos los productores. Había eliminado reglas de juego: el productor sembraba con un tipo de retención y cosechaba con otro».
En el agro, señala Barsky, escalaba la bronca hacia un Estado que exigía su parte en las buenas pero soltaba la mano en las malas. «No había ninguna señal de que ante un derrumbe del precio internacional el Estado fuera solidario con los productores; había retenciones aún en las pérdidas», cuestiona.
En realidad, la versión final de la 125, indica, resultó una salida intermedia entre lo que pretendía el ala más dura del gobierno —encarnada en Guillermo Moreno y conducida por el propio Néstor Kirchner— y un sector más dialoguista, liderado por el jefe de gabinete, Alberto Fernández.
Más allá de la solución de compromiso al problema de las escalas, para Barsky el ex presidente Kirchner impuso la línea intransigente del gobierno. «Cristina ponía la cara y decía los discursos incendiarios _considera_ pero Kirchner tenía la idea de no negociar política ni nada. Su idea era que si negociaba, se debilitaba».
Soja y cacerola
La avanzada estatal gatilló un proceso de movilización de los productores nucleados en la llamada Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
En realidad, el descontento hacia la política agropecuaria del kirchnerismo había comenzado al menos dos años antes, cuando ante el aumento de la carne Moreno prohibió la exportación e intervino para fijar el precio en el Mercado de Liniers.
Eso abrió un frente de conflicto con las entidades, mientras las retenciones seguían recalibrándose hacia arriba. Néstor pretendía hacer caja para ampliar el margen de maniobra político de Cristina y, en ese camino, estaba dispuesto a sacrificar una porción de la renta agraria _y también de legitimidad_ en el altar del superávit fiscal, una de las vacas sagradas del primer kirchnerismo.
Aún en esa espiralización de las retenciones, la 125 marcó un punto de quiebre. El ruralismo echó mano al repertorio de la protesta social: desplegó piquetes y cortes de ruta y sumó el desabastecimiento de productos básicos.
El dato novedoso fue el tronar de las cacerolas de las clases medias urbanas en solidaridad con el ruralismo, sobre todo después del recordado discurso de CFK en el que denostaba la revuelta agraria como «los piquetes de la abundancia».
El bando rural explotaba inteligentemente una idea tatuada en la matriz cultural argentina: «Si le va bien al campo, nos va bien a todos».
En esta línea, el actual presidente de la FAA, Omar Príncipe, que participó del piquete del cruce de las rutas 9 y 178, en Armstrong, considera que la marca distintiva de la 125 «es el acompañamiento de la sociedad, que se fue dando en forma espontánea y muy rápida, y que interpretaba que no era sólo un aumento de impuestos sino una confiscación, que traía problemas al interior del país».
En esas protestas, que caracteriza el periodista Martín Rodríguez _director del portal web Panamá_ como un auténtico «cisne negro» se forjó «una alianza entre sojeros y vecinos, una Argentina que se ve a sí misma como dinámica, productiva; que aspira a sacarse el Estado más de encima que a estatizar su vida».
Para la socióloga Ana Castellani chocaron dos proyectos con pretensiones hegemónicas. «Desde el poder ejecutivo se propone un proyecto centrado en la intervención estatal en la actividad económica, no sólo regulando sino produciendo, en favor de una redistribución progresiva del ingreso», sostiene, mientras que en la vereda de enfrente se interpreta esa política «desde una visión más institucionalista, republicana y liberal, como una intervención desmedida del Estado que se apropia de la ganancia obtenida por el trabajo, porque necesita hacer caja para sostener un sistema clientelar basado en los pobres urbanos».
Misma tierra, nuevos sujetos
A medida que la bola de nieve se iba agrandando, desde el kirchnerismo se planteaba la pelea por la 125 como un «combate contra la oligarquía», una reactualización de la puja del primer peronismo para apuntalar el modelo de sustitución de importaciones y edificar la versión criolla del Estado de Bienestar. ¿Se trataba sólo de una estrategia discursiva, para delimitar bandos e insuflar mística a una militancia a la que los sojeros le disputaban el control de la calle?, ¿O se había quedado el kirchnerismo con una foto color sepia de un campo habitado sólo por terratenientes, chacareros y peones rurales?
Rodríguez piensa que «el gobierno conocía las transformaciones en el campo, pero no le alcanzaba para reformular un vocabulario de disputa; el dato que le faltó a Kirchner es más sociológico que político». Por otro lado, remarca, «Kirchner estaba rodeado de gente como Felipe Solá _que tres meses antes era gobernador de la provincia de Buenos Aires_ que tenía un conocimiento súper acabado de eso».
Ironías de la historia: el propio Solá apretó el botón que gatilló el Big Bang sojero. Como secretario de Agricultura de Menem, en 1996 autorizó mediante un trámite express el ingreso de la soja transgénica resistente al glifosato.
Por el contrario, Barsky parte de la incomprensión de Kirchner del nuevo entorno rural y la vincula con su biografía personal y política: «Él tenía una imagen del agro del sur: pocas unidades y una producción extensiva, basada en la oveja. Tenía una imagen muy despreciativa del agro como tal, nunca absorbió los cambios técnicos ni las nuevas estructuras sociales».
Esas nuevas formas de organizar la producción agropecuaria —en las que tienen un rol decisivo fondos financieros y pools de siembra, a diversa escala— reposan en el terreno sobre los hombros de pequeños propietarios devenidos rentistas, contratistas de maquinaria agrícola, ingenieros agrónomos, proveedores de insumos, acopiadores, transportistas, que le aportaron masividad al reclamo.
Canalización legislativa
En el momento más caliente del conflicto el naciente colectivo Carta Abierta compuso el hit «clima destituyente», que se viralizó rápidamente en el público kirchnerista. ¿Intentaba el bloque ruralista tumbar al gobierno de Cristina o se enfrentaba el kirchnerismo a los límites de un modelo en el que parecían ganar todos?
Rodríguez describe «un juego democrático que es rudo». «De mínima querían hacer retroceder al gobierno de Cristina y reducirle al mínimo posible la legitimidad», afirma.
En este marco, el analista subraya un doble movimiento de CFK para destrabar el empate. «Cristina intentó dos cosas -recuerda Rodríguez- darle un destino social a eso que le sacaba al campo, cuando creaba el Programa de Redistribución Social, que igual fracasó porque era una cosa medio improvisada; la otra fue darle un canal parlamentario, ahí acertó».
Precisamente, uno de los protagonistas principales en ese desplazamiento del conflicto hacia la arena parlamentaria fue el entonces presidente del bloque de diputados del Frente Para la Victoria (FPV), Agustín Rossi.
El hoy también líder del kirchnerismo en la cámara baja reivindica el despacho que obtuvo media sanción en Diputados. «Por primera vez en la historia argentina se reconocía los derechos de los pequeños y medianos productores y se segmentaban los derechos de exportación», destaca Rossi, y añade: «De acuerdo a nuestros cálculos el 80 por ciento de los productores quedaban afuera de la resolución 125, y a los productores de menos de 300 toneladas tenían una baja concreta en derechos de exportación, porque bajaban del 35 al 30 por ciento. En la provincia de Santa Fe son muchísimos los productores de menos de 300 toneladas, porque tiene unidades de producción más pequeñas».
Además, recuerda Rossi, se establecía un mecanismo «de compensación por flete, según una escala que se había establecido los productores más alejados de los puertos pagaban menos derechos de exportación».
Desde las propias filas de los pequeños y medianos productores rechazan que el proyecto habilitara una salida de fondo. «La segmentación no era efectiva, era por unos meses y no solucionaba el problema», asegura Príncipe.
De todas maneras, la mayoría casi artesanalmente esculpida en Diputados no se replicó en un Senado más permeable a la presión ruralista. El final es conocido: en la madrugada del 17 de julio, un titubeante Julio Cobos enterró la iniciativa que había impulsado el gobierno que él mismo integraba como vicepresidente.
Según los números que maneja Rossi, si se hubiera aprobado el proyecto de ley entre 2008 y 2017 cada productor de menos de 300 toneladas se hubiera ahorrado entre 800 mil y un millón de pesos de retenciones.
Evaluación de daños
El «voto no positivo» funcionó como válvula de escape de la tensión acumulada entre marzo y julio pero, lógicamente, no implicó un retorno a la situación anterior.
Rossi reconoce que el conflicto le planteó al gobierno «la imposibilidad de restablecer el diálogo con el sector», aunque valora la tarea de Julián Domínguez al frente del ministerio de Agricultura: «Nos permitió muchísimo acercarnos y tener un política de interlocución con el sector».
Más allá de los chispazos con el bloque agrario, el kirchnerismo salió de la derrota de la 125 con un sprint de decisiones que no le evitaron perder en las legislativas de 2009 pero sí imponerse en las presidenciales de 2011, luego de la muerte de Néstor Kirchner y ante una oposición fragmentada. Entre 2008 y 2011 el kirchnerismo enhebró la estatización del sistema jubilatorio y de Aerolíneas Argentinas, la creación de la Asignación Universal por Hijo y el Programa Conectar Igualdad, y la sanción de leyes como la de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Matrimonio Igualitario.
En el ruralismo, Príncipe elabora una autocrítica sobre la subordinación de la Federación Agraria y el desdibujamiento de su agenda en el período post 2008. «Teníamos que tener más independencia de la Mesa de Enlace y de los partidos políticos -observa el dirigente agrario-. Las demandas de 2008 han salido casi de la agenda política: se invisibilizó a los pequeños y medianos productores, el precio sostén para las economías regionales, la ley de arrendamiento».
Impacto profundo
Pero más allá de la coyuntura, la guerra por la 125 dejó marcas más duraderas en el tejido social. En este sentido, para Rodríguez «la política argentina no volvió a ser la misma: cambiaron el vocabulario y la intensidad ideológica». «Fue una política menos caretadonde los políticos no aparecían por arriba de la sociedad tratando de contemplar y reducir el daño sino que aparecen, como el caso de Kirchner, por delante de la sociedad; no hablo de vanguardia, sino de llevar la delantera en ciertos conflictos», opina.
Y concluye: «Sin la 125 no existirían ni el kirchnerismo ni el macrismo tal como los conocemos. El 2008 consumó en la política lo que el 2001 consumó en la sociedad. Fue la organización del conflicto que tenía esa sociedad: reivindico la 125 como gran momento de sinceridad ideológica».
Rossi apunta a la politización social, sobre todo de los jóvenes: «Se acercaron masivamente a militar en el kirchnerismo porque entendían que en realidad el gobierno estaba siendo acosado por los poderes permanentes de la Argentina para beneficio de unos pocos: el gobierno mal o bien defendía el interés general y los sectores más concentrados del campo defendían su propio interés».
De acuerdo a Príncipe el conflicto «quedó muy grabado» en la base rural. Allí el recuerdo «tiene un sabor dulce, todo es esfuerzo gremial tuvo un saldo positivo, se frenó una embestida del gobierno nacional de ese momento hacia los productores».
Castellani, codirectora junto a Paula Canelo del Observatorio de las Élites Argentinas de la Universidad de San Martín (Unsam), pone la lupa sobre la relación del gobierno con la cúpula empresaria. Hasta el 2008 el gobierno kirchnerista había entablado disputas con sectores o grupos específicos (como Shell) pero el establishment económico reconocía la reconstrucción de la gobernabilidad y, sobre todo, la recuperación de tasas de rentabilidad más que suculentas.
Aunque las utilidades se mantuvieron altas al menos hasta 2013, reseña Castellani, la 125 abrió «la posibilidad de imaginar la organización política de una oposición más amplia con chances de sacar del gobierno a este proyecto, al siempre los grandes empresarios van a cuestionar por el nivel de intervención del Estado en decisiones de producción y distribución de la renta».
Barsky identifica varios saldos de la 125. A nivel político, caracteriza el sociólogo, se trató del comienzo del fin del kirchnerismo. A su entender significó «la derrota de una concepción del agro, del autoritarismo y la corrupción; son las que eclosionan con el kirchnerismo como proyecto político.
En su opinión, el conflicto instaló en la agenda «la profundidad de los cambios del sector agrario, su modernidad, los niveles importantes de acumulación de capital, que fue acompañado por el aporte de la universidad, generando ingenieros agrónomos en la base material de ese cambio». Y agrega: «Este proceso, que se inicia con fuerza desde 1960 para acá, chocaba con la imagen aún vigente en algunos sectores minoritarios, también a nivel periodístico, de un agro atrasado».
La moraleja que puede extraerse de la pulseada entre el gobierno y el ruralismo, entiende Barsky, es que se está ante «un sector decisivo, moderno, y que ningún proyecto político de país puede imaginarse al margen de un proyecto específico para fortalecerlo y expandirlo. Al margen de acuerdos razonables en función del excedente, cuestiones fiscales, pero ya en otra escala de debate».
El campo durante la gestión de Macri
Siete años después de la 125, el ruralismo cosechó su segunda gran victoria. La alianza Cambiemos cumplió rápido sus promesas a un sector que representa uno de sus pilares electorales y al que visualiza como uno de los tractores de la economía argentina.
Así, en diciembre de 2015 el gobierno encabezado por Mauricio Macri decidió la baja a 0 por ciento de las retenciones para el maíz, el trigo, la carne y el sorgo y la reducción de 35 por ciento a 30 por ciento para la soja.
El combo desrregulador se agrandó con el levantamiento del llamado cepo y la eliminación de plazos para la liquidación de divisas. Sin embargo, la escalada de los costos de producción y logística meten presión en sentido opuesto y erosionan la rentabilidad de los productores.
En función de esto, ¿Está mejor hoy el campo que en diciembre de 2015? Para el sociólogo Osvaldo Barsky, en el productor predomina «la sensación de no sentirse perseguido sino apoyado» y eso reorientó decisiones de inversión. «La expansión del maíz, el girasol, la venta maquinaria e insumos, son datos que muestran que el agro ha respondido, aunque enturbia un poco la cuestión climática», detalla.
En tanto, considera que la suba de costos se relaciona con «los grandes debates de la sociedad argentina». «Parte del esfuerzo del gobierno en infraestructura va en esa dirección, son problemas de transición», asegura.
El presidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, reconoce que la quita de retenciones «eran absolutamente necesarias» aunque, destaca, «persisten los problemas estructurales de la Argentina y las economías regionales».
Menciona la distorsión de los precios que perciben los productores, el costo de transporte, la falta de asistencia ante la emergencia climática, el revalúo fiscal y la apertura de importaciones.
«No hay políticas públicas destinadas a promover los pequeños y medianos productores», critica.
Choque de intereses
Por otro lado, la socióloga Ana Castellani, co directora con Paula Canelo del Observatorio de las Élites Argentinas de la Universidad de San Martín (Unsam), alerta sobre otro cambio post recambio presidencial: la colonización del Ministerio de Agroindustria por dirigentes de las entidades ruralistas que condujeron el conflicto en 2008 y que saltaron del gremialismo a la función pública.
Como sucede en los ministerios de Finanzas y Energía -con Agroindustria, «los tres lugares más expuestos al conflicto de interés que tiene hoy el gabinete nacional, señala- se corre el riesgo de que el Estado no vele por el interés general sino por el de un sector particular.
En su opinión, eso es lo que está sucediendo: «La agenda de los grandes productores agropecuarios es la que aparece como política pública: la pérdida de los controles, el ninguneo de la agricultura familiar; todo lo que se desmantela en el ministerio de Agroindustria es lo que tiene que ver con los intereses de los sectores más desfavorecidos de la producción agropecuaria»
