La Corte Suprema de Justicia se despegó de la difusión de las escuchas y pidió informes internos. Se lo solicitaron a la Oficina de Captación de Comunicaciones y al juez Lijo, que ordenó la pinchadura legal a Parrilli.

El pedido, formulado a partir de un planteo realizado por el propio Parrilli, será respondido entre hoy y mañana ya que la Oficina de Captación de Comunicaciones (OCC) de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial ya había abierto un sumario apenas se conocieron las escuchas que involucran al ex secretario general de la Presidencia y primer titular de la Agencia Federal de Iinteligencia (AFI). Se trata del audio en el que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo trató de «pelotudo».

Fuentes judiciales deslindaron responsabilidades en las filtraciones y apuntaron sus ojos a la AFI, el organismo de inteligencia reformulado por el kirchnerismo cuando decidió jubilar al ex hombre fuerte de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) Antonio «Jaime» Stiuso, señalado el martes por Parrilli como supuesto responsable de la difusión de sus diálogos telefónicos. En la misma escucha difundida por la prensa, la ex presidenta y Parrilli hablaron del «armado» de causas judiciales contra el ex espía. Esta semana trascendió el contenido de otra escucha en la que Parrilli también habla de «presionar» a jueces y fiscales.

La Corte le pidió a la dirección encargada de las escuchas que «a la mayor brevedad tenga a bien informar al Tribunal toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición en el marco de la causa CFP 481/16, excluyendo todo aquello que, por su naturaleza, haga al proceso penal cuya dirección y conducción está a cargo del juez interviniente».

Por ello, la dirección encabezada por el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, y el titular de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, previa consulta con el juez federal Ariel Lijo, le remitirá toda la documentación del caso, resguardando los últimos cuatro números de las líneas telefónicas intervenidas en la causa en la que está involucrado Parrilli. También, en sobre cerrado, pondrán a su disposición los nombres de todas las personas que intervinieron en el caso, incluidos los agentes de la AFI que escucharon «in situ» los teléfonos de Parrilli.

La «providencia» de la Corte también incluyó un pedido similar a Lijo y lleva la firma de sus cinco ministros, es decir Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Lijo es el juez que esta semana procesó a Parrilli y que había ordenado la intervención de sus teléfonos. Un ex secretario de su juzgado, Tomás Rodríguez Ponte, es quien está a cargo de la oficina que heredó las escuchas de la ex Ojota (OJ, Observaciones Judiciales) de la ex SIDE.

El tribunal le solicitó a Lijo que, «con idénticos recaudos» a los pedidos a la oficina de las escuchas, lo informe sobre «cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa» que involucra al ex secretario kirchnerista.

Lijo procesó a Parrilli por el delito de encubrimiento agravado del detenido narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi a raíz de no haber remitido a la Justicia la información que la AFI había reunido sobre su paradero hace un año y medio, cuando era uno de los prófugos supuestamente más buscados del país. Pérez Corradi fue finalmente ubicado el año pasado por las nuevas autoridades macristas del organismo de inteligencia en la zona de la Triple Frontera, el mismo lugar que un informante había señalado durante el gobierno kirchnerista.

Defendido por un cuestionado abogado que subrogó en la Cámara Federal de Casación Penal de manera irregular, Roberto Boico, Parrili todavía no apeló su procesamiento pero, por las dudas, ya recusó a uno de los camaristas que deberá revisar esa decisión. Se trata de Irurzun, justamente por encabezar la oficina a cargo de las escuchas. Esto podría retrasar un poco los dos meses que se supone demorará la sala II de la Cámara Federal en estudiar y resolver si fue bien procesado.

En la misma resolución, Irurzun -si es que no prospera su recusación- y sus colegas Eduardo Farah y Horacio Cattani se expedirán sobre el pedido del fiscal Guillermo Marijuán de ordenar la prisión preventiva de Parrilli. Es por el temor a que pueda entorpecer la investigación dados los cargos que ocupó durante el gobierno kirchnerista.

Fuente: Clarín