Es lo que consideraron desde el Partido Obrero frente al caso de femicidio en barrio Pablo Saravia. “Brisa pidió ayuda y la justicia no midió el riesgo en que se encontraba”, señalaron y exigen que el Juzgado de Familia y Violencia 1 explique públicamente las medidas que tomaron.
En un comunicado desde el Partido Obrero ante el caso de femicidio en barrio Pablo Saravia señalan: “Funcionarios y gobernantes hacen propias las palabras del feminismo culpando al ‘machismo’ a la ‘la cultura patriarcal’, pero el régimen político tiene nombre y apellido y son los mismos que no hicieron nada por Juana, la niña wichi que sufrió una violación en banda y que cierran el año con 10 femicidios”.
Además exigen que el Juzgado de Familia y Violencia 1 explique públicamente las medidas que tomaron. “Brisa tuvo dos órdenes de restricción, porque su caso era grave, sin embargo dejaron que se defienda sola”, definen.
Compartimos a continuación el comunicado difundido por el Partido Obrero titulado «Otro femicidio, otro asesinato por abandono del Estado»:
Nuevamente el Estado abandona a una mujer a su suerte. Brisa como 5 de las 10 mujeres que fueron asesinadas este año, denunciaron, pidieron ayuda y la justicia no midió el riesgo en que se encontraba. Peor aún, el asesino estaba por enterrar el cuerpo, situación similar al caso de Marcela Mamani, quien fue vista por última vez en ese mismo barrio.
La emergencia en violencia de género es un slogan del régimen de Urtubey, que solo sirvió para hacer demagogia con los derechos de las mujeres. La prórroga por dos años es una confesión del fracaso de la norma. Todas las medidas que se tomaron en este marco buscaron desviar la atención sobre los verdaderos responsables de la violencia de género, el régimen político y social, que reproduce todas las formas de violencia hacia las mujeres y niños.
¿Hasta cuándo los magistrados van a violentar o ignorar las leyes de violencia?
Exigimos que se ponga en emergencia de protección a todas las mujeres que tienen denuncias graves y amenazas de muerte. Que la OVIF eleve informe y se instruya inmediatamente a los fiscales, no queremos ni una muerta más. Que se destine el presupuesto necesario y que sea supervisado por un Concejo Provincial de la Mujer, electo por las propias mujeres. El seguimiento de estos casos no puede seguir en manos de policías y burócratas estatales.
El Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos debe ser resuelto por las mujeres con total independencia del Estado.
