El presupuesto 2017 tiene un mayor incremento con la ayuda de las deudas contraídas por la provincia. El esquema impositivo regresivo se mantiene y beneficia a terratenientes y mineros que tributarán 73 millones sobre un total de 44 mil millones. Hasta los presos de Villas Las Rosas aportan más. Pase y vea. (Daniel Avalos)
Hasta ahora la prensa de titulares rápidos aseguró que la provincia dispondrá de casi 46 mil millones de pesos para el año que viene, aunque el monto exacto remitido por el Grand Bourg a los legisladores es de $44.146.606. 729. Cifra que se aproxima a los 46 mil sólo sumando el dinero que por las deudas contraídas por la provincia se destinará al Plan del Bicentenario: $1.585.999.998.
Los poco más de 44 mil millones, sin embargo, representan un incremento mayor a los acostumbrados en los últimos años. Y es que nos encontramos con 13 mil millones de pesos más que en el 2016 cuando en los últimos años las subas interanuales rondaban en el orden de los 8 mil millones, tal como ocurrió entre el 2014 y 2015 pasando de 15 mil a 23 mil millones; o lo ocurrido entre el 2015 y el 2016 donde se paso de esos 23 mil a los 31 mil millones.
Los $44.145.606.729 del año 2017 provienen de la suma de Ingreso Corrientes ($39.304.806.988) y los Ingresos de Capital ($4.841.798.7419). En la discriminación del primero de los rubros mencionados puede explicarse en parte ese plus de recursos disponibles con respecto a años anteriores en tanto algunos muestran un incremento porcentual que junto al propio proceso inflacionario revelan un mayor volúmen de dinero.
En esos incrementos porcentuales en el rubro “Ingresos Corrientes” se ubican lo que planea recaudar la provincia con impuestos locales: mientras el año pasado ese dinero representaba el 19,6% de los ingresos tributarios totales ($5.554.576.337 sobre $26.074.409.198), hoy ese porcentaje se estiró al 21,5%: $7.517.392.114 sobre un total de 34.907.850.614.
Algo inferior es el aumento de los índices de las llamadas “Transferencias Corrientes” y que se conforma con las partidas que la nación remite para planes gastos específicos en salud, educación, transporte y asistencia social que el año pasado supuso el 4,9% de los ingresos corrientes y hoy paso al 5,6 que en números exactos supondrían $2.209.060.705.
Que vivan los presos
Los llamados “Ingresos no Tributarios” también se incrementaron un poco aunque justamente allí empiezan a evidenciarse las injusticias de siempre. Precisemos primero el incremento: del 2,63% que representó en el año en curso ($744.530.653 sobre los 31 mil millones del 2016) se dilató al 3,21% que supondría en el 2017 por los $1.261.196.132 que se planean recaudar.
Precisemos ahora el lado injusto. Para ello señalemos que de ese monto, un 64% corresponde a las llamadas regalías que supondrán 807 millones de pesos y chirolas. De ese total 800 millones provendrán del petróleo ($216.274.000) y del gas ($583.798.00) mientras las empresas hidroeléctricas aportaran $ 4.561.464, mientras las mineras lo harán con $2.433.000. El monto es tan exiguo que la suma de esas cifras no supera lo que el Estado piensa recaudar de la venta de bienes que producen los presos de Villas Las Rosas que en total supondrá para el Estado $8.348.129.
Lo insólito se produce justo cuando varias voces del establishment local piden a gritos que se ponga a trabajar a los reos como forma de costear su encierro, aunque finalmente los números evidencian que tanto la pobreza que se criminaliza como la riqueza que se promueve generan delincuencia entre pobres y ricos aunque el destino de unos sea la cárcel y de otros el privilegio.
Es más, el aporte minero por regalías es tan ínfimo que hasta los estudiantes de escuelas técnicas y la agrícola aportaran más: $2.555.840 que provendrán también de la venta de bienes que producen en sus talleres. Son los riesgos de ser un país y una provincia “seria”, de esas que para alcanzar el crecimiento económico facilita -a como dé lugar- el arribo de inversores.
Yuyito privilegiado
Pero si de imposturas se trata, la peor de todas se relaciona con lo que aportarán otros de los grandes actores económicos de la provincia: los grandes dueños de la tierra. Lo que aportan pueden verse en dos partidas del presupuesto provincial: la llamada “Renta de Propiedad” y el “Impuesto Inmobiliario Rural”.
Este último grava a las grandes extensiones de tierra en manos de grandes agentes económicos nacionales y extranjeros. Los segundos no son poco importantes porque según el último relevamiento oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales del año 2013, eran dueños de 1,8 millones de hectáreas sobre un total de 16,5 millones de hectáreas rurales en la provincia. Sin olvidar que esos extranjeros junto a los empresarios nacionales convirtieron a la provincia en un distrito que marcha a la cabeza de los desmontes nacionales junto a Santiago del Estero con el objeto de producir materia prima que va en busca del mercado internacional.
Los beneficios que la actividad reporta para los dueños de esos campos tienen un derrame nulo en la sociedad salteña en cuanto a aportes al fisco se refiere: sólo $61.984.488 lo que representa el 0,82% de los ingresos tributarios provinciales, el 0,17% de los ingresos tributarios nacionales, el 0,15% del total de los ingresos corrientes y el 0,14 del presupuesto total de la provincia.
En realidad estamos ante una tendencia que se inició con Juan Carlos Romero y se consolidó con Juan Manuel Urtubey. Lo confirma una visita a la página web de la Oficina Provincial del Presupuesto del gobierno provincial en donde podemos repasar los distintos presupuestos elaborados por la actual gestión.
En ellos se ve cómo la participación de ese impuesto en los tributos de origen provincial siempre fue irrisorio: en el año 2009 el porcentaje del impuesto fue del 1,51% ($9.422.800 sobre $620.627.900 recaudados); en 2010 bajó al 0,85% producto de un aporte terrateniente de $6.807.858 sobre un total de 816 millones; en 2011 el índice se mantuvo en el 0,89% ($10.304.000 sobre $1.153.735.020); en 2012 llegó al 0,90% ($14.046.298 sobre $1.553.809.267); un año después se dio el pico máximo con el 1,80% ($36.211.471 sobre $2.006.458.400); en 2014 la tasa fue del 1,75% ($45.654.414 sobre $2.608.541.741); en 2015 bajó a 1,26% ($50.082.893 sobre $3.967.925.133), en 2016 cayó al 0,99% ($55.256.117 sobre $5.554.576.337) y como vimos para el año 2017 ese tributo terrateniente sólo supondrá un 0,82% de los ingresos tributarios provinciales.
Viva la timba
Con respecto a la mencionada “Renta de Propiedad” la cosa no es distinta, aunque para desarrollarla se haga necesaria una breve digresión. La misma servirá para señalar que el detalle del presupuesto muestra un incremento asombroso en el mismo: se prevé recaudar el año próximo $892.657.500, cifra enorme con respecto a los $5.857.500 presupuestados para el año en curso. En tanto esos recursos provienen de los ingresos que la provincia percibe por arrendar tierras que explotan agentes privados como la familia Olmedo en Salta Forestal, uno puede mal concluir que esos millonarios empresarios finalmente están pagando lo que corresponde.
El razonamiento sería equivocado porque sólo $3.000.000 saldrán de agentes privados como el propio Olmedo que explota cientos de miles de hectáreas que son propiedad de la provincia. Y es que ese rubro también contempla lo que la provincia espera captar por sus activos financieros. Activos que el año próximo serán importantes porque el Estado recibirá dinero por depósitos en plazos fijos e inversión en letras a partir de incorporar el dinero de los préstamos internacionales y nacionales que según un informe del CIPPEC fue de 350 millones de dólares y 1750 millones de pesos en letras de tesorería.
Ello explica que de los 892 millones que se recaudarán por “Rentas de Propiedad”, $889.657.500 provendrán de los intereses de los fondos depositados. Cifra que comparada con la recaudada este año por el mismo rubro ($2.857.500) evidencia el peso del endeudamiento que alguna vez otras gestiones deberán pagar.
Ese endeudamiento explica también el anuncio que el gobierno presenta como un mérito de gestión: $6.606.861.311 destinados a la obra pública. Cifra que supone casi un 15% del total de recursos y que efectivamente está por encima del promedio del 12% tradicional. Ahora bien, de ese monto total forman parte los $1.362.492.231 del llamado Plan del Bicentenario que proviene justamente de deudas. Si ese monto se descontara de la partida anunciada para la obra pública nos quedaríamos con un total de $5.244.369.080 que representaría el 11,87% del presupuesto total, tal como viene ocurriendo desde hace años. Como puede verse, 2017 será un año en el que se vivirá de prestado.
Los condenados
Los que nunca reciben beneficio alguno en esto de aportar, son los residentes salteños que transfieren al fisco un total de $7.453.948.828 en concepto de “actividades económicas” ($6.463.360.170), “impuesto al sello” ($640.293.783) y “cooperadora asistencial” ($350.294.875). Una cifra cuya importancia puede dimensionarse recordando que representa casi siete veces lo que remite la nación por el impuesto a las retenciones que pagan los que agroexportadores ($1.124.900.000), casi el doble del total de los “ingresos de capital” ($4.841.799.741) y que en números precisos representa el 17% del presupuesto total.
¿Quiénes son? Lo de siempre: pequeños y medianos comerciantes, profesionales con algún estudio jurídico, médicos o psicológicos que pagan impuestos a las ganancias; los inquilinos de cualquier tipo, los miles de trabajadores precarizados y hasta pasantes de la administración pública que deben firmar un contrato de trabajo que incluye el pago del impuesto a los sellos; e incluso los empleadores no rurales que en concepto de Cooperadora Asistencial tributan el 2% del salario bruto por cada empleado que posean y que en conjunto, en el año 2016, aportarán poco mas de 350 millones de pesos.
