Finalmente el proyecto que permitía el autocultivo de Cannabis fue reempelado por el del macrismo que obliga al Estado a proveer a familaires pero no autoriza el autocultivo. Investigarán las propiedades terapéuticas de la sustancia.
El proyecto de ley que autoriza al Estado a proveer aceite de Cannabis a ciertos pacientes fue aprobado en la Cámara de Diputados este miércoles por unanimidad -221 votos a favor y ninguno en contra-, tras un debate de cuatro horas donde la oposición planteó algunas objeciones.
La iniciativa, que se coló en la agenda parlamentaria por el reclamo de madres y organizaciones, no legaliza el autocultivo, sino que se limita a habilitar al Estado a importar aceite cannábico y producirlo, una vez que esté en condiciones de hacerlo.
La dicotomía sobre autorizar o no el autocultivo atravesó toda la discusión, pero en la votación en particular diputados de distintos bloques no consiguieron modificar el artículo para dar vía libre a los familiares de pacientes.
El proyecto aprobado este miércoles también autoriza a investigar las propiedades terapéuticas de esta sustancia para atacar patologías como, por ejemplo, la epilepsia refractaria.
En la votación sólo hubo una abstención, del salteño Alfredo Olmedo, quien no fundamentó su posición en el recinto.
El futuro de la ley se definirá ahora en el Senado, donde aun no hay certezas sobre la fecha de tratamiento, dado que la semana que viene termina el período ordinario y el Congreso tiene otros temas políticos y económicos pendientes.
El debate
El presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR) destacó la cantidad de proyectos sobre Cannabis medicinal presentados desde 2003, pero recordó “la negativa” del entonces oficialismo a tratarlos.
“La respuesta del Estado siempre fue la misma: negar el problema, negar la utilización del Cannabis para uso medicinal”, afirmó.
El legislador explicó que “lo que está en juego es el rol del Estado como garante de la salud pública”.
“Hasta hoy se estaba criminalizando a todos aquellos pacientes que utilizan el Cannabis medicinal -añadió-, por eso acá tenemos que involucrar al Estado, no solo en una investigación que certifique los extremos positivos, sino en el control, porque sin Estado no hay médicos que lo puedan prescribir. Necesitamos un Estado que sea protagonista”.
Petri explicó que los pacientes y sus familiares se han visto “forzados a elaborar en sus casas aceite de Cannabis, por eso a ellos hay que garantizarle el acceso a la salud pública”.
“Decían que con este proyecto sólo se promovía la investigación médica y científica, pero la ley es mucho más amplia. Damos respuesta a cada necesidad de toda la población”, dijo el mendocino.
Al ahondar en los detalles del proyecto, mencionó que “se requieren controles para garantizar la pureza del Cannabis; quienes se incorporen al programa tendrán un cuidado integral de la salud; el Estado tendrá la obligación de dar aceite de Cannabis; y todo el sistema de salud de pondrá a generar evidencia científica”.
“Además, se prevé que hasta tanto el Estado pueda dar a todos los pacientes Cannabis medicinal, aquellos que se sumen al programa podrán importar gratuitamente el aceite de cannabis o sus derivados”, puntualizó.
A continuación, la presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Gaillard, aclaró que el tema ya fue discutido en otros países y le salió al cruce al diputado Petri respecto de que no correspondía que fuera modificada la Ley de Estupefacientes, señalando que los familiares que usan el Cannabis medicinal pueden ser encuadrados dentro del delito que impone esa ley.
“No es un tema ni de drogas, ni de adicciones; es un tema que el Estado debe garantizar el acceso y el tratamiento”, enfatizó Gaillard, que expresó sus dudas respecto del dictamen del oficialismo. Advirtió que al estar penalizado el cultivo, muchos de los que suministran el Cannabis a las madres que se lo solicitan terminan siendo detenidos. “El aceite importado sirve, pero no para todas las patologías”, aclaró.
La legisladora del Frente para la Victoria se quejó por la “ausencia del Estado y el descontrol”, aunque luego volvió sobre sus pasos: “El Estado no está ausente, está presente para criminalizar”. Defendió el autocultivo porque dijo que “el Estado no puede atender toda la demanda”, y pidió a los presentes “que se pongan un minuto en el lugar de estas madres, las miren a la cara, y tengamos en cuenta que estamos en condiciones de cambiarles la vida”.
Nilda Garré, exministra de Seguridad, señaló: “Este tema se basó también en una cantidad de opiniones de médicos y científicos, vimos qué pasaba en el mundo, cuáles eran las legislaciones en otros países”.
“Todos los países han sido creativos y flexibles para garantizar que la gente pueda resolver su grave problema de salud”, destacó la legisladora kirchnerista, que consideró que “el Estado no está inicialmente en condiciones de satisfacer esta demanda”, por lo que estimó “fundamental” que se permita el autocultivo.
Autor de un dictamen de minoría que consideró incluso minoritario en su propio bloque, Felipe Solá planteó la necesidad de una “transición” para que los particulares puedan cultivar hasta que el Estado esté en condiciones de producir la sustancia. Pero la votación de ese cambio resultó negativa.
“¿Por qué si en el mundo no están creciendo las drogas, sí está creciendo en nuestro país?”, se preguntó el diputado del Frente Renovador, acusando al Estado de no meterse en los barrios, y lo contrastó con lo que él sí hizo durante sus tiempos de gobernador. Por eso, propuso un artículo que impida “que la marihuana pase a ser un cultivo más en la Argentina”, estimando que eso se convertiría en un gran negocio, y advirtió: “Yo les digo, por haber sido secretario de Agricultura, que no hay nada más difícil de controlar que el crecimiento de un gran cultivo”.
Propuso así un artículo que cree un registro de las personas que realizan autocultivo, y luego otro que establezca una transición que les permita a quienes ya están haciendo uso del Cannabis medicinal, que lo puedan seguir utilizando hasta que el Estado pueda hacerse cargo de abastecerlos.
Por su parte, Victoria Donda, de Libres del Sur, manifestó que “este día significa orgullo”. “Si esta ley tiene que llevar un nombre, es el de aquellos niños que desfilaron todos los días que hubo debate y audiencias públicas por estos pasillos”, expresó la diputada, una de las militantes más férreas de la despenalización de la marihuana para uso personal.
La legisladora pidió “que queden exentos de persecución penal aquellos que necesitan cultivar la sustancia hasta que el Estado no la pueda proveer”, pero, si bien consideró que “esta no es la ley ideal”, adelantó su apoyo en general.
También por el progresismo, la socialista Gabriela Troiano opinó que habría que reforzar el control estatal. Opinó que “es oportuna la creación de un registro (de familiares y pacientes), pero éste debería expedir las autorizaciones para el cultivo personal, cuando sea exclusivamente medicinal y para investigación científica, además de otorgar una credencial para las personas e instituciones que estén autorizadas a cultivar”.
Sergio Wisky (Pro-Río Negro) contó el caso de su hija fallecida por un daño neurológico, y desde ese lugar reconoció que si hubiera sobrevivido, muy probablemente hubiera necesitado el Cannabis medicinal, por lo cual destacó el consenso alcanzado hacia dentro del interbloque para avanzar con el proyecto bajo el precepto de que “la salud es un derecho humano”.
El proyecto
El proyecto obtuvo dictamen a fines de octubre en las comisiones de Seguridad Interior, Salud y Legislación Penal, tras una caldeada jornada de debate donde expusieron especialistas y familiares de enfermos que requieren tratamientos con aceite cannábico.
La iniciativa de Cambiemos apunta a regular con un programa nacional la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, pero no habilita el autocultivo, tal como promovía el Frente para la Victoria-PJ con Carolina Gaillard y Diana Conti a la cabeza.
Se establece que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) “permitirá la importación de aceite de Cannabis cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente”.
Para ello, se crea el ámbito del Ministerio de Salud un registro nacional voluntario de pacientes y familiares que sean usuarios de dicho aceite, para poder acceder a él de manera gratuita, siempre que acrediten alguna de las enfermedades contempladas.
El listado de patologías no fue establecido en el texto del proyecto, por lo que quedará librado a la reglamentación.
Fuente: Parlamentario.com
