Mientras el narcotráfico funde en su ejército a efectivos de fuerzas de seguridad provinciales y federales, Omar Nasrala, jefe de la Dirección Nacional de Migraciones, admitió ante gendarmes que al bagayeo en Orán no puede ponérsele límites.
El sincericidio fue ejecutado por el licenciado que también es Director de Información de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). No fue un exabrupto, sí un argumento que se expuso el miércoles en la ciudad de Orán en el marco de la Jornada de Introducción a la Dirección de Información Migratoria que se desarrolló ese día en esa ciudad.
Como convencido de que la lucha está perdida, el funcionario explicitó que la capacitación no buscaba diseñar un despliegue generalizado para terminar con los flagelos que asolan a Orán sino simplemente reducir los riesgos que atraviesan los puestos fronterizos en un escenario al que calificó “caliente” por las “falencias estructurales” con las que se trabaja y que explica por qué la trata de personas y el tráfico de armas, drogas o mercadería forman parte de la cotidianeidad de la ciudad.
Donde la capitulación se declaró total, fue en el caso del bagayeo, porque Nasrala aseguró que “es una actividad aceptada culturalmente. Es como que el Estado legaliza un paso ilegal (…) ningún organismo puede darle un verdadero límite a esta situación teniendo en cuenta que son más de 2.000 ciudadanos que se quedaría sin trabajo”.
La definición provino de la persona que estuvo recorriendo varios puntos del país para capacitar en ese tipo cuestiones y cumplió funciones jerárquicas en la policía de la provincia de Buenos Aires cuando ésta era gobernada por Daniel Scioli quien, dicho sea de paso, prescindió de sus servicios por vínculos del propio Nasrala con Sergio Massa en tiempos de la campaña electoral 2013.
Lo indudable, es que Nasrala para decir lo que dijo debió haber analizado información pertinente a Orán. No sólo porque efectivamente se calcula que entre 2.000 y 3.000 personas dependen de esa actividad, no solo porque se despliega tres veces por semanas sino también porque efectivamente el Estado municipal legaliza ese tipo de actividades.
La prueba más irrefutable de todas es el caso de la llamada Playa de Transferencias, una media manzana ubicada frente a la terminal de ómnibus de esa ciudad, que es el corazón del bagayeo, el destino final de colectivos, tráfics, camionetas y autos cargados con bultos de hasta 80 kilos que cientos de bagayeros deshacen para entregar la mercadería a hombres y mujeres que arribando a Orán, cruzan la frontera para adquirir productos que el bagayero contrabandea a pie para luego montar los bultos a vehículos que tienen por destino final el playón.
Increíblemente ese lugar es propiedad del municipio de Orán y fue el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, quien en julio de 2011 otorgó la explotación del espacio a Tomás Lino Cano, el hombre que en el 2015 accedió a una banca en el Concejo Deliberante de esa ciudad encabezando una de las lista de concejales que impulsó la re-re-elección de Lara Gros.
El problema no termina ahí. Son cientos los oranenses que también viven de alquilar sus desvencijados vehículos a personajes que los emplean para justamente transportar los bultos desde la frontera a la Playa de Transferencias. Sólo un aspecto parece haber menguado desde que la actividad se convirtiera en objeto de coberturas mediáticas: la menor afluencia de traficas y colectivo que contratados por viajantes de distintos puntos del país trasladaban la mercadería contrabandeada desde esa playa a distintas provincias.
Los mayores controles efectivamente mermaron ese tránsito vehicular aunque no el contrabando que ahora encontró en los colectivos de larga distancia y en la modalidad de grandes encomiendas la forma de distribuir la mercancía a nivel nacional.
