Marcelo Lara Gros retoma las iniciativas privatizadoras en Orán. Ahora se trata del servicio de alumbrado público, situación que muchos indican como la punta del iceberg de un proyecto mayor que ya tendría nombres y apellidos. (Silvana Brezzina)
El 30 de septiembre pasado ingresó al Concejo Deliberante bajo el número de Resolución 12365/2016 el proyecto del intendente Marcelo Lara para “llamar a licitación pública para otorgar en concesión el mantenimiento del alumbrado público”, el cual está por estos días en las comisiones de Hacienda y de Legislación para su tratamiento, comisiones en las que está también la mayoría oficialista.
Los argumentos del ejecutivo evidencian su intencionalidad. En los “Considerando” del proyecto reconoce, aunque como justificación, “las deficiencias operativas que afectan las prestaciones del servicio de Alumbrado Público”, “… los numerosos reclamos existentes en el área generando un colapso de solicitudes”, “la existencia de lugares sin alumbrado que ocasionan hechos de inseguridad”, “la inexistencia de elementos suficientes para la prestación del servicio (grúas, elementos eléctricos, etc.)” y “el crecimiento exponencial de la ciudad”; ergo su incapacidad de gobierno, aunque no lo asume sino sólo en la letra chica de un pronto olvidado proyecto de resolución.
La ineficiencia como fundamento es archiconocida y ya fue usada por Lara Gros en los primeros avances privatizadores que ejecutó. El matadero municipal es un ejemplo, aunque la gestión privada no significó mejoras en el servicio y hoy el matadero funciona de manera clandestina o, como mínimo, irregular. Recordemos que en su privatización y posterior funcionamiento fueron denunciados negociados millonarios en los que se involucró no solo al intendente sino a sus exfuncionarios Darío Zabala, por entonces secretario de haciendas municipal; y Julio Villalba, exasesor legal del municipio hoy titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en Salta por el macrismo.
Otra experiencia fue la privatización concedida a Publivial S.R.L. para el cobro a empresas locales por exhibir publicidad y propaganda de marcas nacionales o extranjeras, concesión que finalmente lograron derogar a través del Concejo Deliberante luego de dos años de ejecución.
De hecho, ya existen contrataciones directas que realiza el ejecutivo a favor de empresas para servicios como mantenimiento de espacios verdes y riego de calles, por ejemplo. También, hace ya varios años, se otorgó el cobro de estacionamiento en la playa municipal de camiones a un particular, el actual concejal Tomás Lino Cano.
Todos los ámbitos privatizados por el intendente Lara gozan de innumerables denuncias, por ineficiencias unos, e irregularidades otros; lo que lleva a pensar que la intencionalidad del avance privatizador viene a cubrir otros intereses.
En una reciente declaración pública con motivo del acto de asunción del Presidente del Barrio Patrón Costas, el mismo intendente afianzó las sospechas al intentar desprenderse de la obra millonaria de la planta transformadora de EDESA que lleva adelante el exsecretario de servicios públicos Juan Moyano: “Fue una licitación nacional que ganó una empresa de Mendoza, y da la casualidad que esa empresa subcontrató a un exfuncionario mío” explicó Lara Gros en el acto.
Tal aclaración surge del revuelo que causa en la ciudad la utilización de los fondos de la nueva deuda tomada por provincia para obras, y de la cual llegarían a Orán 51 millones de pesos para destinar, entre otras, a la obra de construcción de las oficinas de EDESA. Dicho escándalo se sumó al rumor que surgió de los celos y reproches que por lo bajo le hicieran a Lara otros intendentes del departamento, luego de que en una reunión en la casa del oranense, el gobernador le pusiera una carpeta en la mesa diciendole “acá está lo que querías”; y ante la curiosidad expresa de sus pares presentes Lara explicara que se trataba de la licitación en cuestión en la que luego aparecería Moyano. La famosa estrategia de la triangulación.
La gestión de Lara en el municipio nunca fue transparente, de ello dan cuenta hasta los informes de la Auditoría General de la Provincia; pero a pesar de las decenas de denuncias que le realizaron incluso en la justicia, salió de todos los escándalos políticamente inmune. ¿Por qué habría de querer, entonces, la participación de empresas privadas en el millonario presupuesto de la ciudad?
Tercerización e impunidad
Los intereses públicos y privados se han unificado como nunca en la gestión de Orán: la ya citada playa municipal de camiones que representa una recaudación cercana a 1 millón y medio de pesos mensuales en efectivo y sin control que manejó desde siempre el ahora concejal Lino Cano; el otorgamiento de un terreno público al secretario de finanzas municipal, Juan Cruz Curá, para que lo explote con el taller de Revisión Técnica Obligatoria para todos los vehículos de la ciudad, esfumando los límites de la ética pública por su poder de control como funcionario y recaudador como empresario; son dos claros ejemplos.
Nada de esto hizo mella en las pretensiones reeleccionarias de Marcelo Lara hasta ahora. Pero ocurre que se está preparando el camino para que su hijo Baltasar “herede” el municipio; para lo cual, el perfeccionamiento de las herramientas no convencionales que hasta ahora no tenían y cuya ausencia le significó innumerables denuncias públicas y jurídicas, aparecen como necesarias camino a la elección de 2019.
“Las licitaciones no son creíbles, aparecen arregladas”, cuentan los concejales que presentan batalla. Una experiencia reciente en las que estuvieron casi todos, propios y extraños, es otra prueba. En una reunión de labor parlamentaria, el actual secretario de gobierno del municipio, Javier Tartalo, se despachó con la decisión de realizar la contratación directa a favor de una empresa para el servicio de semáforos. “No va a haber licitación porque la única empresa que tiene el servicio que necesitamos es ésta” aseveró, a lo que los concejales se negaron y exigieron la licitación. Se hizo el llamado, y se terminó adjudicando a la empresa que promovió Tartalo inicialmente.
La privatización del alumbrado público ha sumado más críticas y rechazos que aceptación. Por un lado están los que sospechan -o tienen información- que pueda aparecer una triangulación similar a la de las contratistas de EDESA, con Moyano y compañía a la cabeza, que se decidió a inscribirse como empresario “minutos antes” de la iniciación de la obra (en febrero de 2015). Por otro lado, aparecen los representantes de los trabajadores municipales que temen por sus puestos de trabajo; pero otra vez es el propio intendente quien, a su estilo, nuevamente “aclara”: “esto no significa que vayan a afectarse las fuentes de trabajo de los empleados municipales. Capaz que ellos también pueden presentarse en la licitación y hacerse cargo del alumbrado, pero como una empresa aparte del municipio”.
