El Senado aprobó una ley de promoción ganadera que miembros de las entidades rurales cuestionan. Entre otras cosas, sospechan que beneficiará a un reducido grupo que incluye a Facundo Urtubey, hermano del gobernador. (Gonzalo Teruel)
Sin mayor discusión y con las solas objeciones de Luis D’Andrea, de Chicoana, Ana Guerra, de Cafayate, y Berta Gerónimo, de Cachi, el Senado aprobó la semana última una ley con media sanción de Diputados desde diciembre del año pasado que establece la creación de un Régimen Provincial de Promoción de la Ganadería. De acuerdo a la propia norma, el objetivo es el de “incrementar la producción local, asegurando su calidad y competitividad comercial a través de la integración de la cadena de valor” y responde a lo enunciado por Juan Manuel Urtubey en su últimos discursos de relevancia institucional, cuando inició su tercer mandato como gobernador y ante la asamblea legislativa.
“Vamos a seguir promoviendo el desarrollo de la provincia. Vamos a continuar escuchando a cada uno de los integrantes del sector a través de las mesas ya implementadas y apoyándolos con políticas activas como el fomento a la actividad de ganadería mayor y menor. Es esta la línea del proyecto de ley enviado y que está en tratamiento en esta casa” anunció el 10 de diciembre y el 1 de abril enfatizó que “nuestros lineamientos para los próximos años se asientan en cuatro áreas principales: el desarrollo sustentable de la ganadería, incentivando toda la cadena productiva y procurando una mayor transformación de granos en carne; la continuación de la promoción del agregado de valor a nuestras materias primas en origen fomentando la instalación y desarrollo de industrias; la minería, actividad en la que institutos especializados nos colocan como la provincia más segura para invertir; y el turismo, clave para Salta por muchos motivos”.
La nueva ley, en efecto, señala que el Régimen de Promoción “comprende la implementación de herramientas financieras y de fomento adecuadas (…) tales como líneas de crédito e incentivos para la compra de vientres y reproductores, compra de terneros y reproductores en remates ferias, líneas de fomento y financiamiento para la compra de granos de producción salteña con destino a engorde y demás herramientas que establezca la Autoridad de Aplicación” y subraya que “serán de especial interés para la provincia aquellos proyectos que promuevan el desarrollo ganadero sustentable, integrado e industrial de la cadena de ganados y carnes”. Y tiene una razón de ser: la provincia abastece, aproximadamente, apenas un 30% de su propio consumo cárnico e importa el 70% restante de provincias con mayor producción.
Influyentes miembros de las entidades rurales, sin embargo, están en contra de la norma y cuestionan sus aspectos burocráticos y administrativos y las modificaciones al Registro de Marcas y Señales y a los procedimientos de Sanidad y Control. Aseguran que, además, incrementará el costo fiscal de la producción.
Pero, sobre todo, sospechan que la ley está dirigida a beneficiar a un reducido grupo de empresarios en perjuicio de la mayoría de los productores agropecuarios. “Facúltase al Poder Ejecutivo a crear una Sociedad Anónima con participación estatal o cualquier otro tipo de entidad con personería jurídica, que tenga por objeto establecer los valores referenciales de los granos destinados a la transformación en carnes, leches, huevos y sus derivados en la región” establece el segundo artículo de la ley y eso asusta a los productores que no aceptan que el gobierno establezca el precio de los granos en la provincia.
El polémico artículo es, sin dudas, muy difícil de aplicar pero igual preocupa a los ruralistas. “Esta ley es una gran estupidez” dijo el año pasado durante el debate legislativo el diputado Carlos Zapata y explicó que “crea una SA con participación del Estado, que busca establecer precios referenciales para los granos, que será un verdadero Triángulo de las Bermudas donde primará la especulación y no será utilizado para beneficio de nadie”. Su razonamiento es sencillo: si los precios pagados por esa entidad son más bajos que los del mercado ningún agricultor le venderá granos y si son más altos los ganaderos (a los que se pretende beneficiar) irán a comprar a otro lado.
En cualquier caso, como antes Zapata, los ruralistas sospechan que el único objetivo de la ley es la compra de cereales a precios menores a los del mercado por parte de una compañía estatal que después los venderá (también barato) a los establecimientos de transformación de proteína vegetal en proteína animal: corrales de engorde de bovinos, criaderos de cerdos y tambos.
“Esta ley tiene nombre y apellido” dicen algunos dirigentes rurales que prefieren, sin embargo, no identificar al o los beneficiados con la creación de una nueva sociedad estatal. De cualquier manera, recomiendan averiguar “quién necesita maíz barato para su tambo y sus cerdos”. La sospecha recae en el hermano del gobernador Facundo Urtubey y algunos de sus amigos y socios, como el ex secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Posse, que en los últimos años realizaron inversiones justamente en esas actividades productivas.
“El secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Posse, y Facundo Urtubey, hermano del gobernador, por caso, emprendieron la producción láctea en los últimos años y hasta le abrieron las puertas de Salta a Danone, la compañía líder a nivel mundial” reveló en marzo del año pasado Cuarto Poder y detalló que “esta mega empresa láctea (asociada en el país con La Serenísima) está ubicada en un predio que le vendió el propio Paz Posse”.
Otros empresarios cercanos a Facundo Urtubey y Paz Posse como Francisco Laconi y Carlos Nallim (todos socios en Unalapa SRL) y Guillermo Coltrinari y Carlos Berruezo también encabezan desarrollos ganaderos en la provincia. Urtubey y Paz Posse poseen vacas lecheras en la zona de San Agustín (al lado de la planta que Danone, el líder mundial del mercado lácteo, instaló en la provincia a iniciativa de los entonces funcionarios de gobierno) y cerdos. Laconi y Coltrinari, directivo de EDESA, también están dedicados a la actividad porcina y Berruezo, hermano de la ministra de Educación, Analía, opera un tambo en la zona de La Maroma.
Por supuesto, no son los únicos empresarios dedicados a la producción de carne en la provincia pero serán directamente beneficiados si el gobierno (a través de la sociedad estatal contemplada en la nueva ley) compra cereales baratos para alimento del ganado. “Son los mismos (empresarios) que se beneficiaron con la obra, muy necesaria por cierto, de presurización del Río Toro porque valorizaron muchísimo sus campos” contó un especialista de la actividad agropecuaria y recordó que esa obra hídrica fue presentada por el entonces ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y el gobernador Juan Manuel Urtubey como “la más importante en su tipo en América del Sur y tendrá un claro impacto en miles de salteños, de forma directa e indirecta, que residen y producen en Cerrillos, La Merced, Rosario de Lerma, Campo Quijano y el área metropolitana de la ciudad de Salta”. Entre esos miles de beneficiados están, claro, Urtubey y sus socios y amigos.
Consultado por Cuarto Poder, el secretario de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera, aseguró que algunos de los artículos más conflictivos serán vetados. “El gobernador Urtubey lo dijo claramente en su discurso en la Sociedad Rural: no estamos para agregar más problemas a los productores” indicó y anticipó que el cuestionado artículo de creación de la sociedad estatal será vetado. Este dato no deja de ser curioso: el gobierno vetará (presumiblemente por su imposible aplicación) parte de una ley que el propio gobierno elaboró.
Aguilera subrayó, no obstante, que “todas las herramientas de financiación y fomento a la producción contempladas en la ley se utilizarán” y destacó que la nueva norma permitirá optimizar los controles sanitarios y comerciales con la actualización de la tasa que se cobra a la introducción de carne de otras provincias.
