En la Corte aún no hay acuerdo por el fallo sobre las tarifas. Según medios nacionales habría consenso de los cuatro jueces en la base filosófica, pero no en cómo traducir eso en los detalles de la resolución.
Anoche a última hora, pese a ser feriado, los máximos asesores de los jueces de la Corte Suprema seguían cruzando llamadas telefónicas. Buscaban construir un consenso sobre el fallo por el aumento de tarifas, un escalón clave para la situación política del Gobierno, que ellos pretenden firmar este jueves. “Hay acuerdo sobre la base filosófica, pero no sobre todo lo demás”, reconocen en el tribunal.
Algunos funcionarios de la Casa Rosada definen la cuestión tarifaria como “la madre de todas las batallas”. Hay un paralelismo con las palabras usadas por el kirchnerismo sobre la Resolución 125 y la pelea con el campo. Pero allí el escenario de definición era el Senado (y el voto no positivo de Julio Cobos). En el caso de las tarifas, Mauricio Macri pone sus fichas a un fallo de la Corte Suprema que habilite (o no) los aumentos. Y poder así superar la crisis política en la que quedó el Gobierno por este tema.
Dos fuentes diferentes de la Corte Suprema describieron ayer el cuadro de situación. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti han discutido mucho ya el tema, y han definido una “matriz” para el fallo, un esquema filosófico sobre el cual se escribirá el dictamen. Allí hay dos conceptos que ya están acordados:
1) El Poder Ejecutivo tiene facultad para fijar tarifas. Parece una verdad de perogrullo, ya que está escrito en las leyes, pero el tema debe ser ratificado por la Corte ante los cuestionamientos con que las subas de gas y luz llegan al tribunal. Es un punto central para la Casa Rosada.
2) El ajuste de tarifas debe tener “razonabilidad social”, o, dicho de otra manera, que debe tener en cuenta las “vulnerabilidades” de los consumidores. En la Corte destacan que ya ha habido otros fallos que incluyeron conceptos similares, y que en esta ocasión no podían dejar de lado la idea.
Pero cuando se intenta bajar esos conceptos a la instrumentación, a los detalles, “ya no hay más consenso”, coincidieron las fuentes. “Y eso no quiere decir que hay dos jueces con una opinión y los otros dos con otra, sino que hay temas en que cada uno de los cuatro tiene un punto de vista diferente”, agregan.
Tomemos el ejemplo de la “razonabilidad social”. Para algunos de los magistrados, con la aplicación de la tarifa social que incluyeron todos los aumentos tarifarios es suficiente. Creen que de esa manera se contempla a los más vulnerables: jubilados, personas de bajos ingresos, tenedores de planes sociales, que están exceptuados de los aumentos o pagan menos por luz y gas, pero también por agua y transporte. Pero otros jueces quieren avanzar más, y poner algún tipo de tope, por caso, a los aumentos. “Ese es el cuadro de situación”, señalan en la Corte.
Otro tema que está planteando un duro debate es la retroactividad de los aumentos tarifarios. ¿Rigen desde que los dictó el Ejecutivo o desde el fallo? ¿Quién no pagó con aumento tendrá que pagar ahora o las empresas deberán devolver dinero a quien pagó la boleta pese a que la tarifa no estaba firme?
El tema de la búsqueda de mayorías en esos puntos no es menor. Hay que recordar que la Corte está integrada por cuatro miembros y que, por tanto, se puede dar la situación de empate. ¿Y si asume el quinto miembro, Carlos Rosenkrantz? El jurará el próximo lunes, según está previsto. “Y sería un enorme papelón, algo bochornoso, que tengamos que esperarlo para desempatar, que tenga que votar sobre un asunto como este al día siguiente de jurar”, dicen en el propio Tribunal.
El tema, como es lógico, es seguido minuto a minuto por la Casa Rosada. Uno de los funcionarios de más alto rango del Gobierno definió qué es lo esencial que esperan del fallo. “De mínima, lo que queremos es que confirme que el precio del gas “boca de pozo”, lo que cobran las petroleras, no debe pasar por Audiencias -señaló-. Es que sino se cae la posibilidad de inversiones en Vaca Muerta. ¿Quién pondría miles de millones de dólares para que después el precio del gas, el retorno de su inversión, se discuta políticamente en audiencias?” El del precio “boca de pozo” fue el aumento más importante en la tarifa de gas este año. Las otras dos patas del incremento fueron los cargos para las distribuidoras (Metrogras, GasNatural, Camuzzi) y para las transportistas (TGN Y TGS). “Si en eso tenemos que dar marcha atrás e ir a audiencias, no hay tanto problema”, dijo el funcionario.
Otro hombre de la Casa Rosada, de diálogo permanente con el Presidente, agrega otro dato. “Que la Corte defina el formato que crea conveniente, pero que diga cómo se hace un ajuste de tarifas en el país. Que precise los mecanismos y nosotros nos ajustaremos a eso. Pero que cierre de una vez el tema del amparo permanente para frenar las subas”, señaló.
Hoy por la mañana se reunirán en el Palacio de Tribunales los cuatro miembros de la Corte. Intentarán zanjar esta cuestión. “Tenemos dos días para ponernos de acuerdo”, definió ayer uno de los jueces ante su equipo.
Fuente: Clarín
