Para la UCA, crece la cantidad de «nuevos pobres». Asegura que caen en esa situación sectores afectados por medidas del oficialismo.
La Universidad Católica Argentina (UCA) presentó ayer la actualización del informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que analiza la situación socioeconómica del país en 2010-2015, pero también hace una evaluación cualitativa de la situación en este año.
Advierte que, por la escalada generalizada de los precios, «el mayor riesgo social no sólo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales». Son sectores que «no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad». Los llama «nuevos pobres», que, según el informe, «emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno».
Agrega que «es factible que el Gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles».
En la presentación del informe, en la sede de la UCA en Puerto Madero, Agustín Salvia, director del OSDA, destacó el efecto de la inflación sobre la pobreza: «Los precios siguieron creciendo antes, durante y después de la devaluación, y hubo poco respaldo del sector empresario de nuestro país». Por su parte, el rector de la UCA, monseñor Víctor Manuel Fernández, destacó que «lamentablemente hay empresas que dejaron de apoyarnos para evitar problemas».
La UCA es una universidad cercana al pensamiento del Papa Francisco, aunque Fernández aclaró que «el Papa no nos dice ?digan esto, digan aquello'», aunque admitió que el pontífice «varias veces lamenta que las ayudas y planes se prolonguen en el tiempo, ya que hay que crear fuentes de trabajo digno y que las transferencias de ingresos sirvan para transitar una crisis». En una carta enviada a monseñor José María Arancedo en el marco de la fiesta de San Cayetano, el domingo pasado, Francisco expresó: «Seguimos viviendo momentos en los cuales los índices de desocupación son significativamente altos».
El informe del ODSA se refiere no sólo a la situación de vulnerabilidad social hasta 2015, sino también a la incidencia de las políticas de la administración Macri en este estrato de la pobreza. Es significativa la advertencia de que hay más de un millón de personas en situación vulnerable, con empleos precarios, que caen o pueden caer en la pobreza sin ninguna contención por parte del Estado.
En un adelanto del Barómetro que fue presentado el 1° de abril, se informó que a fines de 2015 el 29% de los argentinos estaban alcanzados por la pobreza, y que en el primer trimestre de 2016 se habían sumado 1,4 millones de personas, llegando entonces al 34,5% de la población, un total de 13 millones de personas. Este nuevo informe señala a aquel como un «dato preocupante que no dejó de ser una estimación conservadora».
Salvia agrega en el informe que se imponen algunas preguntas: «¿Se están repartiendo con equidad los costos de la herencia recibida? ¿Existe un plan integral de emergencia que prevenga las injusticias que está generando la actual transición? ¿Son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres? Nuestras investigaciones muestran que a la actual matriz de marginalidad puede sumarse muy fácilmente una nueva capa de pobres si el supuesto derrame tarda más de lo previsto o llega tarde».
Para Salvia, «este nuevo escenario está signado tanto por expectativas entusiastas como por temores y preocupaciones ciertas. Esto ocurre en el marco de un conjunto de decisiones en materia de política socioeconómica que tienen la intención de enfrentar tanto los desajustes heredados de la administración anterior, como crear las bases para un nuevo modelo de desarrollo de más largo aliento».
Respecto de la proyección de las cifras informadas ayer sobre el segundo trimestre del año, Salvia respondió que «durante este segundo trimestre ya hay aumentos de sueldo, pero también hay que analizar cómo reaccionaron los hogares. No hay pérdidas masivas de empleo, pero sí se perdieron muchos. Se podría decir que se agravó la situación por la recesión y el menor nivel de empleo más inflación, pero también hubo medidas compensatorias», sostiene el especialista.
Los principales datos relevados a diciembre de 2015 e incluidos en el informe son:
* El 6% de la población sufría indigencia extrema y, más ampliamente, entre el 24 y el 29% (según la fuente de datos que se utilice) se encontraba en situación de pobreza por ingresos.
* El 48% de los hogares urbanos del país -54% de la población- se ve afectado por al menos una de las formas de pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15%), tenencia irregular o vivienda precaria (22%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), enfermedades crónicas sin cobertura médica (20%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa (20%).
* Entre 2010 y 2015 se produjo un leve descenso de la proporción de empleo pleno de derechos. Se redujo la tasa de desocupación, pero aumentó el subempleo inestable.
Fuente: La Nación
