El macrismo de la Cámara de Diputados pretende se apruebe antes de septiembre, para llegar con los tiempos a la compra de las máquinas y la capacitación correspondiente para su puesta en vigor en las elecciones del 2017.
Por ello, el objetivo es aprobar la reforma electoral a fines de agosto, para poder continuar con la agenda parlamentaria y, sobre todo, girar la media sanción al Senado y luego presentar a la Cámara Nacional Electoral el sistema que reemplazará a la votación con boletas de papel, para que este órgano judicial lo homologue.
Ante la comisión de Asuntos Constitucionales, adonde ayer defendieron el proyecto los ministros Rogelio Frigerio y Andrés Ibarra y el secretario Adrián Pérez, varios diputados pidieron más tiempo para debatir una iniciativa tan importante.
Sin embargo, el Gobierno apuesta a que podrá avanzar sin dificultades con su cronograma gracias a los votos del Frente Renovador de Sergio Massa. El tigrense se reunió ayer mismo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Casa Rosada, para discutir el proyecto.
Un pedido reiterado de varios diputados y diputadas y del propio Massa ante Peña fue el de incluir el cupo femenino en la reforma para garantizar la paridad 50 – 50 entre hombres y mujeres en la oferta electoral. En la comisión, también reclamaron lo mismo las diputadas Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Margarita Stolbizer (GEN) y Cristina Álvarez Rodríguez (PJ-Frente para la Victoria), entre otras. «La Argentina fue el primer país latinoamericano en aplicar una ley de cupo femenino», recordó Álvarez Rodríguez, quien propuso «incluir en la reforma que se debate la representación 50 y 50 de mujeres y varones en los cargos electivos».
Por su parte, Carla Carrizo (Suma más – UNEN) advirtió que «del proyecto aún no se desprende qué instrumento de votación se usará» y preguntó: «Si no está disponible el modelo de máquina que usaremos, ¿cómo podemos controlar su funcionamiento? Faltan certezas y una modernización a ciegas no genera seguridad».
A su vez, la directora ejecutiva de Cippec, Julia Pomares,–una de las expertas convocadas al debate, propuso completar uno de los puntos más débiles del proyecto: el financiamiento electoral. Pomares sugirió incluir incentivos a una mayor transparencia, como límites a los aportes en efectivo, bancarización obligatoria, plazos realistas y sanciones con consecuencias para la posibilidad de competir de partidos y candidatos. Además, observó que la implementación del voto electrónico debería ser gradual y a lo largo de varios años, para permitir la adaptación.
Fuente: El Cronista Comercial
