Mauricio Macri se muestra convencido de que tiene la obligación de vetar la llamada ley antidespidos que la oposición, con apoyo del sindicalismo, podría sancionar en los próximos días.
Sabe el Presidente que esta decisión aún provoca dudas entre algunos de sus colaboradores. Tampoco desconoce que un veto a la eventual norma para prohibir despidos y duplicar las indemnizaciones laborales por 180 días de-sataría un clima de mayor tensión con un sindicalismo que quiere recobrar poder dentro del peronismo. Pero en la evaluación que hace el primer mandatario prevalece la idea de que, si no veta esa ley, dejaría pasar una oportunidad para mostrar firmeza y transmitiría una señal de debilidad a grupos empresariales e inversores que reclaman un país previsible.
La aprobación de la ley antidespidos en el Senado por 48 votos contra apenas 16 fue el primer gran límite que la oposición le puso a Macri. La posterior movilización organizada por las cinco centrales sindicales fue el siguiente paso. En la Casa Rosada, sin embargo, se considera exagerada la interpretación que en las últimas horas hizo la diputada Elisa Carrió sobre las supuestamente oscuras intenciones que ocultaría la introducción del debate sobre los despidos. «Quieren la doble indemnización para que no vengan inversiones y así desestabilizar al Gobierno, y que vuelva la impunidad», alertó la líder de la Coalición Cívica y aliada de la fuerza gobernante.
No le faltan argumentos a la posición de la diputada Carrió. Cuesta entender que legisladores kirchneristas apoyen tan insistentemente la ley antidespidos cuando la propia Cristina Fernández de Kirchner, en 2010, consideró que una norma semejante tendría «efectos totalmente opuestos a los objetivos perseguidos», al tiempo que «lo único que haría es asustar al capital, que es lo más asustadizo que hay». La ex presidenta deslizó, por aquel entonces, y nada menos que ante un foro internacional de la dimensión del G-20, un consejo que Macri podría hacer propio: «Uno puede tener las mejores ideas, los mejores sentimientos, pero si equivoca los instrumentos, se va al demonio». También cuesta explicar que el actual jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, sea hoy uno de los principales impulsores de la ley, pese a que, en 2014, frente a proyectos como el que se ventila hoy en el Congreso, juzgó que iniciativas de ese tipo podrían «obstaculizar la contratación de trabajadores».
La conclusión a la que se llega fácilmente es que ni los mayores exponentes de las recetas populistas creen en ellas, pese a lo cual ahora las sacan a relucir por uno de estos dos motivos: o no saben cómo hacer política desde la oposición sin recurrir a esos remedios supuestamente mágicos, o bien buscan simplemente que Macri equivoque las herramientas y se vaya al demonio, como sugirió años atrás Cristina.
El Presidente recomendó «tener cuidado» con «aquellos que no quieren que al Gobierno le vaya bien», aunque no habló de un plan de desestabilización como el que insinuó Elisa Carrió. La estrategia de la victimización, a la que siempre recurrió Cristina cuando fue jefa del Estado, no es nunca un buen negocio, según el pensamiento de Macri y de quienes lo rodean.
En el oficialismo, sin embargo, no se oculta una particular bronca por los negativos efectos que ya estaría teniendo en el mercado laboral la simple discusión sobre la ley antidespidos. Fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas se están produciendo despidos preventivos, antes de que se sancione y entre en vigencia una ley que los encarecerá. Incluso sin ley, el mal ya está hecho.
La gestión del diputado Sergio Massa para introducir cambios en el proyecto de ley que aprobó el Senado y evalúa la Cámara de Diputados, a fin de añadirle un capítulo sobre beneficios fiscales para pymes, no tuvo éxito hasta ahora. El kirchnerismo y el sindicalismo insisten en votar este miércoles, en una sesión especial, la iniciativa tal como vino de la Cámara alta y sancionar en forma separada la referida a las pymes. Aun así, el bloque del Frente Renovador, de Massa, tiene la llave que decidirá la suerte del proyecto en Diputados. Pero el gobierno de Macri no tiene mayor confianza en Massa.
Lo cierto es que la estrategia del oficialismo para dilatar la discusión parlamentaria, a la espera de que algunas milagrosas señales de inversiones y de reactivación económica se produjeran en el ínterin, y así desactivar la discusión sobre los despidos, está cerca de fracasar.
El Gobierno también ha descartado por el momento la convocatoria a una concertación social con empresarios y sindicalistas. Si bien esta idea había sido impulsada por el propio Macri durante la campaña electoral y ratificada más tarde por algunos de sus ministros, como Jorge Triaca, en la Casa Rosada se señala que la fuerte fragmentación que caracteriza a ambos actores económicos torna poco recomendable aquella iniciativa. Más allá de esa realidad, hay quienes creen que, en el fondo, Macri no desea llegar a esa instancia de concertación o a la creación de un consejo económico y social formado por representantes del empresariado y el gremialismo, porque desconfía de ambos. Otros dirigentes creen que llevar a cabo esta iniciativa, por la que está abogando Massa, implicaría en este especial momento una señal de debilidad.
En su lugar, desde el Gobierno se está pidiendo a las grandes empresas que hagan público un compromiso de que, a lo largo de lo que queda de este año, no reducirán su número de empleados, sino que tenderán a incrementarlo. La idea surgió a partir de una reciente declaración hecha pública por distintas cámaras empresariales en contra de la ley antidespidos. En tal comunicación, se destaca que «la gran mayoría de las empresas establecidas en la Argentina mantendrán o aumentarán el número de personas empleadas», como «producto de los avances logrados en estos meses en términos de institucionalidad y respeto por las reglas del juego». El documento lo firman la Asociación de Bancos Argentinos, la Asociación Empresaria Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina y la Sociedad Rural.
Esta gestión que está haciendo el Gobierno para que un buen número de empresas -se habla de unas 2000- expliciten, con nombre y apellido en una solicitada, su compromiso de no disminuir su planta de personal podría ser un buen golpe de efecto para desmentir un diagnóstico que la oposición y el sindicalismo han instalado, según el cual la Argentina vive una crisis ocupacional.
No hay que esforzarse mucho para entender que la situación actual dista mucho de la vivida entre los años 2001 y 2002, cuando el de-sempleo rondaba el 20% y la informalidad laboral alcanzaba a casi la mitad de los trabajadores.
Es verdad que el empleo está hoy al tope de las preocupaciones en la opinión pública, como sostiene la consultora Mariel Fornoni, y que el miedo a perder el trabajo es una realidad y no una sensación. Pero hoy el desempleo en nuestro país no supera el 8%. Es el mismo nivel que tienen países como Suecia (7,8%) e inferior al 9% de Finlandia o al 21% de España. En ninguno de estos países, sin embargo, se le ha ocurrido a alguien prohibir los despidos. Aunque sí hay allí seguros de desempleo mucho más efectivos que en la Argentina, donde el subsidio para los desocupados es de apenas 400 pesos, una cifra ridícula que no se ajusta desde 2006 y que, curiosamente, nadie parece interesado en debatir.
Fuente: La Nación
