La situación en Salvador Mazza no da lugar a equívocos al plantear relación del narcotráfico con la política. Dos concejales que llevaron en su boleta la figura de Urtubey en las últimas elecciones, ahora complican un poco más el panorama. (F.P.)
Aún está prófugo el concejal Mauricio Gerónimo y todavía sigue detenido el expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín. Ambos se encuentran imputados en una causa en la que se decomisó cocaína, medio millón de dólares, 119 mil pesos, sistemas de posicionamiento global, teléfonos satelitales, teléfonos celulares y diez vehículos.
Todo fue parte de lo que se llamó operativo “Febrero blanco” y derivó en el pedido de captura internacional contra Gerónimo y la detención de Maurín; además de poner en manifiesto nuevamente la relación entre el poder político y el narcotráfico: se encuentran comprometidos dos concejales que formaron parte de las listas colectoras que ayudaron al último triunfo de Juan Manuel Urtubey en la provincia. El primero llegó con el Frente Grande mientras que el segundo con el MPU, un sello electoral que tomó vuelo, principalmente en el norte provincial, tras la implosión del PJ oranense. Es decir que no hablamos de personajes que se mueven en el hampa sino de personas con una vida pública, miembros del Estado municipal, quienes combinaban sus actividades políticas con el negocio de drogas.
Según declaró a la prensa el fiscal Federal, Ricardo Toranzos, la droga ingresaba de Bolivia en avión y era arrojada en el monte; ahí aparecía Gerónimo que tenía la tarea de recogerla (más adelante cumplía el rol de marcar controles) y luego Alejandro Maurín junto con su hermano, serían los encargados de transportarla. La responsabilidad de éste último estaría probada a partir de que el camión, en el cual fue secuestrada la droga, pertenece a su hermano: Rubén Maurín.
Este hombre fue detenido el mismo día que inició el operativo, pero cuando circulaba por Monte Quemado, unos kilómetros después de la detención del Mercedes Benz, que fue parado en Santiago del Estero y llevaba escondidos -en un compartimiento fabricado especialmente para el contrabando- casi 270 kilos de cocaína.
Este operativo junto con el secuestro de 310 kilos de polvo blanco que no era para hornear, y fue llevado a cabo en noviembre del año pasado en la localidad cordobesa de Sinsacate, donde se detuvo a Miguel Humberto, otro hermano de Maurin, complican en demasía la situación de los mencionados. Lógicamente los ediles no actuaban solos, sino que lo hacían entre 20 personas por lo menos y según se estima operaban desde hace 10 años.
El fantasma del gordo
Por si algún condimento político faltaba, el dato sobre la propiedad del camión que se secuestró es una conexión entre el presente narco y una década atrás cuando corrían los tiempos más brutales del romerismo. Se confirmó que el Mercedes Benz secuestrado está inscripto a nombre de Ernesto José Aparicio pero habría sido comprado, sin el cambio correspondiente de papeles, por el hermano de Maurín.
Aparicio es aquel diputado del PJ denunciado por Liliana Ledesma de integrar una banda narco. Fue uno de los fieles legisladores durante el gobierno de Romero; presidió la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, lugar donde fue protegido por Pablo Kosiner, cumpliendo funciones como asesor en la Municipalidad de Salvador Mazza para luego llegar a ser el asesor personal del exgobernador. Tras la denuncia, en septiembre de 2006, la mujer apareció brutalmente asesinada de 7 puñaladas: dos de ellas mortales, en el estómago y el corazón, y con un signo mafioso: la boca tajeada.
Años después, por el crimen, fue condenada la hermana de Aparicio (de nombre Graciela) acusada de haber entregado a Ledesma; Aníbal Tárraga -pareja de Graciela Aparicio- y Lino Moreno, un conocido de la familia. Entre los indicados como autores intelectuales del crimen nadie duda sobre la responsabilidad de Aparicio, quien falleció en 2013 y estuvo procesado por lavado de dinero pero no por el asesinato, y los hermanos Raúl y Reynaldo Delfín Castedo, este último prófugo desde noviembre de 2006.
La coincidencia empuja a pensar la punta del ovillo del narcotráfico en la provincia durante las últimas dos décadas e impulsa a desenrollar el hilo de una trama incompleta hasta el momento.
Una crisis de magnitud
Días pasados, tras idas y vueltas, el Concejo Deliberante de Salvador Mazza aprobó una resolución por la cual se expulsó al concejal Mauricio Gerónimo y se formó una Comisión Investigadora para analizar la situación de Maurín, quien se encuentra detenido. Anteriormente a esto, ocurrió un hecho llamativo que no debe soslayarse: el prófugo envió un escrito a sus colegas del Concejo para advertirles que iniciaría “acciones penales y civiles” si tomaban la decisión de dictar alguna medida para quitarle el cargo, a pesar de estar buscado por la Interpol y la policía federal. Cabe preguntarse, entonces, por qué se atrevió a realizar esta maniobra y quién es la persona que acercó el escrito, la cual necesariamente tuvo que reunirse con él.
Ante la expulsión, el reemplazo lo asumió Mary Robles, que paradojalmente también estuvo detenida años atrás por una causa vinculada al narcotráfico, aunque no llegó a ser condenada. Tantas coincidencias son un tanto difíciles de creer como difíciles de encontrar en otros casos, y son, además, parte de lo que está ocurriendo en la localidad fronteriza en estos momentos.
Mientras la mayoría de municipios explotan por sus cuentas en rojo, a 400 kilómetros de la capital provincial, en Salvador Mazza, las cosas se complicaron por otro caso de narco-política. Los aliados que en un momento sumaron al gobierno ahora restan, y no solo eso: ponen en boca de todos la descomposición que tiene a maltraer la vida en el norte. Y por supuesto, sacan a luz revelaciones peligrosas.
