Organizaciones feministas impulsan la inclusión de una mujer “con perspectiva de género” en el máximo tribunal. El Frente Renovador lanzó una campaña de firmas. También lo pide Vilma Ripoll. Cuestionan a Rosatti por su postura sobre los derechos sexuales y reproductivos.
El reclamo por la inclusión de, al menos, una mujer “con perspectiva de género” como jueza de la Corte Suprema logró aunar las voces de la dirigente del MST Vilma Ripoll con el Frente Renovador de Sergio Massa, –que lanzó una campaña específica de recolección de firmas– y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Tanto el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que encabeza la abogada Natalia Gherardi, como Ripoll, impugnaron los nombramientos de los dos candidatos propuestos por el presidente Mauricio Macri porque “no han demostrado ningún interés por la igualdad de género”. A Horacio Rosatti lo rechazan puntualmente por su postura abiertamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos al no aceptar la sentencia de la Corte Suprema en el caso FAL sobre aborto no punible, posición que dejó por escrito en un reciente libro donde analizó los fallos emblemáticos del máximo tribunal. “Con la incorporación del doctor Rosatti en la Corte se corre el peligro de un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y que las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se ha comprometido se vean afectadas”, advirtió Gherardi. En este cuestionamiento también coincidieron el CELS y el FpV.
A través del portal www.mujere senlacorte.org, el Frente Renovador inició su campaña para promover que al menos una de las vacantes en la Corte Suprema sea ocupada por una mujer. En un par de semanas, sumaron casi 40 mil firmas que apoyan la iniciativa. “Me parece una movida interesante, sobre todo porque no sólo reclama la presencia de mujeres sino de mujeres con perspectiva de género. Es decir, no cualquier mujer”, consideró Gherardi al ser consultada por Página/12. ELA hizo una presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde reiteró sus observaciones ya planteadas ante el Ministerio de Justicia y agregó algunas preguntas que esperan que se formulen a los candidatos del gobierno nacional.
En síntesis, la entidad sostuvo:
– Nombrar a dos candidatos varones vulnera “el principio de igualdad y no discriminación”, presente tanto en la Constitución Nacional como en los Tratados de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, que obligan al Estado a tener un enfoque de género en la conformación de espacios de poder político. “Esto requiere de políticas activas para promover la participación igualitaria de mujeres, tal como lo establecen las normas de cupo femenino para la integración de los cuerpos legislativos, y como lo comprendió el criterio sentado en el Decreto 222/2003”, indicó la abogada. El Decreto 222 –del ex presidente Néstor Kirchner– estableció que al momento de la consideración de cada propuesta de candidato/a, se tenga presente la composición general de la Corte en este aspecto “para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género”.
– La promoción de la presencia de mujeres tiene como objetivo inmediato asegurar la participación plena de las mujeres en ámbitos políticos, lo cual tiene un valor en sí mismo al fortalecer el debate democrático haciéndolo más plural y diverso. “Sin embargo, también tiene un objetivo que va más allá: con la mayor presencia de mujeres se desafían los estereotipos construidos y aumenta la legitimidad de las mujeres no sólo como ciudadanas, sino también como sujetos políticos. De esta forma será posible desmontar el andamiaje cultural que, enquistado en las instituciones, dificulta una distribución equitativa del poder político que el Estado argentino se comprometió a alcanzar”, señaló Gherardi.
Tanto ELA como el CELS, Ripoll y el FpV cuestionan la candidatura de Rosatti, además, por su manifiesta posición en contra del fallo FAL, de 2012, que clarificó los alcances del artículo 86 del Código Penal sobre los permisos para abortar, precisó que cualquier mujer violada tiene derecho a la interrupción legal de un embarazo (y no sólo aquellas con una discapacidad mental), explicó que no se debe exigir una autorización judicial para acceder a esa práctica médica y exhortó a los gobiernos provinciales y Nacional a establecer protocolos de atención para evitar que las mujeres enfrenten obstáculos arbitrarios como históricamente sucedía en hospitales y tribunales.
“Ningún candidato a integrar el máximo tribunal de la nación (ya sea mujer o varón) puede prosperar en la medida en que presente un desinterés por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Contar con un Poder Judicial comprometido con la igualdad de género no puede ser un objetivo deseable, es una obligación del Estado”, afirmó Gherardi.
Tras el fallecimiento de Carmen Argibay, en la Corte quedó sólo una jueza, Elena Highton de Nolasco. Si prosperan las designaciones de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, estaría conformada por cuatro hombres y una sola mujer. Argibay fue clave para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia, con talleres de capacitación que se replicaron en todo el país desde la Oficina de la Mujer, que ella creó y encabezaba, entre otras medidas concretas. Highton de Nolasco se ocupó de abrir la Oficina de Violencia Doméstica, que recibe denuncias y funciona las 24 horas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
Por Mariana Carbajal Página 12
