El intendente de Coronel Moldes, Osvaldo García, vetó la ordenanza que disponía que un loteo con todos los servicios se destinen a vecinos de esa localidad. El terreno estuvo embargado por deudas que el jefe comunal contrajo con contratistas del estado y una tombolera.
Sobre la Avenida Sarmiento de la localidad de Coronel Moldes, al frente de la paqueta Hostería Cabra Corral; existe un terreno de seis hectáreas en la que dos empresas realizan trabajos de electrificación y alumbrado. Las huellas de esos trabajos son evidentes: postes para alumbrado público y de media tensión instalados, al igual que más de cientos de porta medidores que anuncian que en un futuro cercano, cerca de 250 propietarios podrán construir viviendas en esos loteos.
El loteo se llama “La Esperanza” y tal como lo describimos, podría ser objeto de una propaganda oficial que asegure que allí se hace realidad la esperanza de la vivienda propia. Para los vecinos del lugar, sin embargo, las obras son pura incertidumbre. Entre otras cosas porque la historia de las seis hectáreas posee rasgos poco convenientes para el intendente Osvaldo García, el hombre que carga con denuncias penales por emisión de cheques sin fondos y que tras involucrarse en operaciones financieras turbios, provocó que hasta abril del presente año tal terreno estuviera embargado y a punto de subastarse.
Los moldeños consultados por Cuarto Poder aseguran que la subasta se suspendió por intervención del Grand Bourg que, desde entonces, realiza las inversiones de electrificación y alumbrado, redes cloacales y puesta en funcionamiento de un pozo de agua para proveer de agua potable a las futuras construcciones. Aspectos dignos de celebración, salvo por un hecho que a todos preocupa: el intendente se niega a declarar esos lotes de interés social y con destino explícito a los habitantes de la localidad.
Esa intención surgió del conflicto que el propio intendente mantuvo con el Concejo Deliberante en noviembre de este año. Acá se había aprobado la Ordenanza 23/15 que tras detallar las múltiples inversiones que realiza la provincia en el loteo La Esperanza, declaró de “dominio público municipal” al mismo, como así también de “interés social” con el objeto de que las parcelas se destinen a personas con domicilio en la localidad y que cumplan con los criterios que exige el Instituto Provincial de la Vivienda. Los ediles, además, conocedores a fondo de las inclinaciones pseudo financieras del intendente y los infinitos problemas de “caja” en los que navega, redactaron el artículo 4 que buscaba “Inhibir al Departamento Ejecutivo Municipal, de realizar la venta de cualquier terreno que se desprenda del ‘Loteo La Esperanza’…”
Deudas municipales y timba
La pretensión de “inhibición” puede resultar exagerada para el foráneo, pero perfectamente comprensible para el habitante de Coronel Moldes. No sólo por la relación indisoluble del intendente y los cheques sin fondos tal como lo confirmó la auditoria de la provincia que registró numerosos procesos penales contra García por esa causa; sino también por la forma en que el terreno en cuestión estuvo a punto de ser subastado luego de que el jefe comunal realizara operaciones financieras.
Veamos: en la Dirección General de Inmuebles ese terreno está identificado con la matricula 2.325. La breve historia que reconstruye la Cedula Parcelaria indica que hasta el primer semestre del año 2006 pertenecía a Néstor José Nuñez quien, según los vecinos consultados, era miembro de la familia que históricamente acaparó grandes extensiones de tierras en esa localidad. Gran propietario que, eludiendo obligaciones impositivas, terminó saldando deudas con la entrega de ese lote a la municipalidad del lugar.
Si la memoria popular es cierta en esa parte de la historia, no lo sabemos. Lo certero, sí, es que según la Cédula Parcelaria mencionada el 16 de agosto de 2006, la municipalidad inscribió definitivamente las hectáreas como parte de su patrimonio. El intendente de ese entonces era Carlos Jorge Lewis quien en las elecciones de octubre de 2007 perdió ante el intendente actual: Osvaldo García. También otra cosa quedó registrada en esa Cédula: el terreno fue objeto de tres embargos.
El primero ocurrió el 1 de febrero del año 2012, el demandante fue Marcelo Rafael Villagrán Costello, quien reclamaba al municipio una deuda de $83.091 más $40.000 por accesorios legales; la segunda se concretó el 20 de diciembre del mismo año y el demandante era Agustín Van Cauwlaert que exigía un capital módico de $5.859 más $3.600 de accesorios legales; el tercero y último ocurrió el 18 de octubre del año 2013, el capital exigido a la municipalidad era de $40.000 más otros $20.000 por gastos legales y la demandante era la señora Delia Vargas.
El análisis de los demandantes arroja resultados curiosos. Algunos forman parte del establishment salteño. Marcelo Rafael Villagrán Costello, por ejemplo, es señalado por los moldeños como alguien cercano al diputado por La Viña, Esteban Amat Lacroix. La información parece correcta. Villagrán Costello no sólo aparece como una persona vinculada al cultivo del tabaco como Amat Lacroix, sino también como contratistas del Estado provincial. Es más, la resolución 100043084 del ministerio de Producción y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial el 20 de agosto de 2014, informa que el Estado adjudicó “directamente” a la “Empresa Unipersonal Marcelo Rafael Villagrán Costello” la realización de la obra “Mejoras del Sistema de Riego Australasia -Rosario de la Frontera- Dpto. Metán” por un monto de $1.650.000.
Sobre Agustín Van Cauwlaert es poco lo que se puede decir, salvo que el apellido lo liga a una familia que tuvo fuerte incidencia en el gobierno de Urtubey y que el joven Agustín pidió el embargo de los terrenos por una deuda muy baja: $5.859.
Más curioso aún resulta el caso de Delia Vargas. La señora no parece formar parte del establishment político salteño, tampoco provenir de Chicoana como Villagrán Costello o Guachipas como Agustín Van Cauwleart, sino de una agencia de tómbola ubicada en las inmediaciones de Avenida San Martín y calle Gorriti de nuestra ciudad. La forma en que el intendente de Moldes, Osvaldo García, se endeudo con la tombolera resulta un misterio para estas líneas y para los vecinos de Moldes que saben mucho de la inclinación del intendente por emitir cheques sin fondos, pero desconocen si también es adicto a la intrincada lógica de las redoblonas.
Fuentes consultadas por este medio, aseguran que esta causa tramitada en el Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial fue la que estuvo a punto de efectivizar el remate del terreno en abril de este año.
Fin del rodeo
Lo indudable, para esos vecinos, es que de manera súbita el embargo sobre el terreno se levantó en abril de este año, que el gobierno provincial habría desembolsado el dinero en cuestión y se iniciaron los trabajos de provisión de servicios que según los carteles de obras instalados en el terreno alcanzan un monto de $3.830.0063 (contratistas Electricidad RD S.R.L. y CE y BA S.R.L.) y que la venta de los mismos incluirá cifras inalcanzables para el vecino de a pie, pero accesible para sectores de diversas localidades que aspiran a vivir en un paisaje bucólico que además, está cerca de un dique donde la pesca o los deportes acuáticos siempre ayudan a relajar tensiones.
Que esa posibilidad es cierta, puede confirmarse con el veto que el intendente realizó a la ordenanza que declaraba al loteo de “dominio público municipal”, “interés social” e “inhibía” al Ejecutivo Municipal a realizar la venta desprendidas. El veto fue redactado en la resolución 212/15 del 24 de noviembre. Después de asegurar que los ediles se entrometían en facultades propias del intendente y acusarlos de entorpecer la gestión municipal pasando por encima del bienestar de la comunidad, denunciar que tal ordenanza viola el principio de legalidad, o asegurar que el municipio en manos del intendente va a necesitar dinero para solventar las obras que si embargo financia la provincia; Osvaldo García dispone “vetar en todas sus partes el proyecto de ordenanza dictado”
Las ventas finalmente se concretarán y a los moldeños los invade la desoladora sensación de que los precios pueden estar muy por encima de los $50.000 que actualmente cobra el IPV al adjudicatario no de un terreno, sino de una vivienda con living comedor, baño, sala de estar, dos habitaciones más patio y fondo.
