La presentación 2015 de la CORREPI, con datos de los 10 primeros meses del año 2015, informa que en Salta no se registran víctimas fatales a manos de las fuerzas del orden. Sí hay registros de la llamada “violencia institucional”. (Gonzalo Teruel)
Gerardo Gabriel Tercero en 2013, Daniel Solano en 2011, José Oscar Barrios y Carlos Santillán en 2001, y Aníbal Verón en 2000, son los 5 salteños muertos por la represión a la protesta social que figuran en el registro de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional. Esta presentación 2015 de la CORREPI, con datos de los 10 primeros meses del año, confirma que al igual que el año pasado Salta no registró víctimas fatales a manos de las fuerzas del orden.
Este informe nacional, de cualquier manera, contiene muchas referencias a la violencia institucional en Salta a lo largo de las últimas dos décadas. La última, única de 2015, está enmarcada en la categoría de archivo “Represión en manifestaciones, movilizaciones, conflictos sociales y protestas de trabajadores” y es la del 20 de julio pasado, cuando “un grupo de empleados de la Municipalidad de San Carlos fue reprimido cuando manifestaban contra el despido de 10 trabajadores”.
Aunque impreciso, el documento de CORREPI incluye “todo caso” que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal cuyo resultado sea la muerte de la víctima y se fundamenta en “toda fuente disponible”, principalmente el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas, el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales, y los informes de otras organizaciones y organismos oficiales, ofrece un dato preocupante: lejos de aplacarse, la violencia institucional se mantiene prácticamente constante en el país.
Desde el año 1996 (primer año relevado) y hasta 2015, sin importar el signo político de los gobiernos nacionales y provinciales que se sucedieron, el número de casos mantiene tendencia creciente. En 1996 fueron 74, en 2014 273, y entre enero y octubre de 2015 227. Del total, casi la mitad de las víctimas sufrieron gatillo fácil y casi un 40% perecieron mientras estaban detenidas. Un horroroso 4% presenta a las personas que sufrieron la desaparición forzosa. Más de la mitad de los mártires civiles son, como puede intuirse, jóvenes menores de 25 años.
El mayor porcentaje, el 45%, está registrado en la provincia de Buenos Aires; la provincia de Salta, en cambio, apenas alcanza al 1% del total nacional pero si se calcula la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes ese porcentaje sube al 1,44% mientras que en las otras provincias de la región como Jujuy es del 1,10% y en Tucumán y Santiago del Estero del 2,07% y 2,05% respectivamente.
“Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros ‘sin datos’ son todos anteriores a 1990), se destacan los años 2001, 2009 y 2010 (éstos incluso superan a 2001) por la cantidad de casos conocidos, y 2014 se les acerca” sintetiza el reporte y señala que “no puede dejar de relacionarse ese dato con la necesidad gubernamental de mayor represión en épocas de crisis”.
Un muy crítico “balance del período 2003/2015, gestión kirchnerista” presentado por CORREPI, sin embargo, contradice la afirmación anterior. Pese a la expansión de la economía y la ampliación de derechos civiles evidenciada en los últimos años y ante la evidente ausencia de una crisis laboral o social, el número de episodios violentos aumentó: durante la presidencia de Raúl Alfonsín (la información de este periodo es poca y mala e incluye 21 episodios sin fecha precisa) se anotaron 116 casos, durante la de Carlos Menem 706, durante la de Fernando De la Rúa y los interregnos de Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá 482, en la de Eduardo Duhalde 265, en la de Néstor Kirchner 988 y en la de Cristina Fernández de Kirchner 2.082. Los 3.070 casos registrados en los últimos 12 años, en los gobiernos de Néstor y Cristina, superan el 65% de los nefastos hechos represivos desde la recuperación de la democracia en 1983.
Con esas estadísticas como argumento, el informe 2015 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, elaborado antes de las elecciones, advierte que “aunque todavía no sabemos quién será el presidente, sí podemos estar seguros que, en la etapa que se iniciará el 10 de diciembre, el pueblo trabajador deberá defenderse”. “Los golpes contra los obreros, los estudiantes, los pibes de los barrios, los jubilados, las mujeres, seguirán cayendo, con uno u otro logo en la empuñadura del bastón” vaticina el documento y razón no le falta.
