El Secretario de Ambiente, Gustavo Paul, que disertó ante funcionarios nacionales sobre las bondades de una ley provincial que no estaba reglamentada, dejó su cargo. Fue reemplazado por la diputada con mandato cumplido, Irene Soler. (G.T.)
Con casi 2 años de demora el gobierno provincial reglamentó esta semana la ley de Protección de la Salud Humana: Regulación, Fiscalización, Educación e Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura vulgarmente conocida como “ley de fitosanitarios” o “ley de agroquímicos”.
En efecto, la Ley 7.812 fue sancionada en diciembre de 2013 pero recién el miércoles fue reglamentada y comunicada a través del Boletín Oficial con las firmas del gobernador Juan Manuel Urtubey, de Ramiro Simón Padrós y Baltazar Saravia, secretario General de la Gobernación y ministro de Ambiente y Producción, respectivamente.
Esta norma específica del quehacer agropecuario constituye, tal vez, una buena síntesis de la gestión ambiental de los últimos años: durante su discusión legislativa fue criticada tanto por ambientalistas como por ruralistas por su falta de precisión y rigor técnico y, después, fue letra muerta durante los 2 años en los que no pudo aplicarse por la falta del decreto reglamentario que corresponde a toda ley.
Con su exasperante desidia para ponerla en vigencia, los entonces secretarios de Ambiente y de Asuntos Agrarios, Gustavo Paul y Lucio Paz Posse, confirmaron la precariedad e inconsistencia de la ley.
El desatino en torno a esta necesaria ley (que como en muchas otras provincias debe salvar la ausencia de una norma nacional que regule la utilización de los productos agroquímicos) provocó algunas situaciones desopilantes. Paz Posse, por ejemplo, se negó a avanzar en su reglamentación porque la “autoridad de aplicación” prevista en el propio texto legal es un organismo inexistente en la provincia, el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios o “CIPPA”, que ahora fue reemplazado por la secretaría de Ambiente. Paul, peor aún, se atrevió a disertar ante funcionarios nacionales sobre sus bondades y destacar el interés del gobierno salteño por regular el trabajo agrícola y cuidar el medio ambiente.
Fue la semana pasada, cuando la ley aún estaba sin reglamentación, y en la apertura de la 1ª Jornada Provincial sobre Fitosanitarios de la que participaron funcionarios nacionales y representantes de entidades y empresas agropecuarias como Ángela García del Ministerio de Agricultura de la Nación, Liliana Bulacio de la Federación Argentina de Ingeniaría Agronómica, y Darío Piumatti de la Cooperativa de Productores Tabacaleros, entre otros especialistas.
En la página web Cuarto Poder informó que la exposición del responsable de la política ambiental versó sobre “los avances provinciales en la materia” y, como no podía ser de otra manera, denunció que “Sin ponerse colorado, Paul dio cátedra sobre una ley que por su propia desidia no se aplica en la provincia”.
Ese breve y lapidario texto periodístico titulado “Cara de piedra” e ilustrado con la fotografía de Paul contribuyó, tal vez, a la reacción del gobierno de Juan Manuel Urtubey que en uno de los últimos actos de su segundo mandato terminó el demorado trámite de formación de la ley. También, tal vez, sentenció la suerte de Paul y Paz Posse que para el nuevo periodo de gobierno fueron reemplazados por Irene Soler en Ambiente y Flavio Aguilera en Asuntos Agrarios. Esta normativa imprecisa y, seguro, susceptible de mejoras es necesaria y constituye un pequeño avance porque obliga al gobierno a ejercer un control sobre la utilización de productos agroquímicos que hasta ahora estuvo ausente en los campos salteños.
