El crimen de un abogado fue noticia nacional hace más de veinte años por los vínculos mafiosos y políticos existentes en el hecho. El principal condenado, Pedro Julio Marcilese, protagonizó hechos posteriores que hicieron del caso un buen guión para una película bizarra. (F.A.)
El 13 de junio de 1993, el abogado Miguel Eduardo Antonio de Escalada fue hallado muerto en las afueras de la ciudad. Estaba dentro de su auto. Tenía disparos en la cabeza, el pecho, el abdomen y la mano.
“Días antes había recibido en su despacho a una agraciada cliente que quería que la asesorara en su trámite de divorcio. El 12 de junio a la noche, ambos fueron hasta el motel Las Palmeras”, informaba el diario La Nación en su edición del 8 de junio de 2001, en un artículo titulado “La causa por un crimen que conmovió a Salta se decide en la Corte Suprema”.
¿Qué había pasado para que un medio nacional le prestara atención a un hecho ocurrido ocho años antes en una provincia lejana a la gran capital donde suceden todas las cosas? Un homicidio con una víctima ajena al inconsciente colectivo y alejada de los medios no parecía muy atractivo.
Sin embargo, había sucedido mucho. Y para mayor deleite de la prensa, existían vínculos políticos en el asunto, tintes mafiosos y otros ingredientes cinematográficos que dejaban a la “agraciada cliente” apenas como un recurso de guionista barato, de cliché, de parodia policial más digna de Roger Rabbit que Raymond Chandler.
El hecho
“Pedro Julio Marcilese, un empresario que vendía camiones, fue condenado por haber contratado a un asesino para matar al abogado Miguel Eduardo Antonio de Escalada, que había trabajado para su compañía”, recordaba La Nación en ese viejo artículo en el que agregaba que “en Salta, el caso repercute con fuerza, a pesar de que la prensa tomó partido por Marcilese o directamente prefiere ni nombrar el caso, por los vínculos políticos del empresario”.
Las investigaciones realizadas en 1993, después del hallazgo del cuerpo, permitieron ubicar a la agraciada cliente, Mónica Nuccearelli, una tucumana, cuyo marido, Armando Ureña, había tenido vínculos comerciales con Marcilese.
“De las declaraciones de ambos surgen que cometieron el crimen, tentado por un mensajero de Marcilese, con quien Ureña tenía una deuda. El asesinato la dejaría saldada. Los jueces entendieron que estaba probada la autoría del crimen y condenaron al matrimonio tucumano y a Marcilese a la pena de prisión perpetua”, informaba el matutino porteño.
En 2001, La Nación se hizo eco del asunto porque “en pleno juicio el fiscal Ricardo Anuch primero amplió la acusación contra los imputados, pero a la hora de pedir la pena, decidió no hacerlo y aun así el tribunal salteño los condenó”, lo que provocó que el entonces procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, opinara que la Corte debía escuchar los argumentos de Marcilese, anular el juicio y hacer uno nuevo. Marcilese se basaba en una jurisprudencia fijada por la Corte Suprema, conocida como caso Tarifeño, que señala que un tribunal no puede condenar, si el fiscal no acusa al final del juicio.
“Los abogados de la viuda Soledad Escalada sostienen que en este caso debe tenerse en cuenta que el fiscal acusó al comienzo del proceso y amplió la acusación durante el juicio. Y, además, se debe tener en cuenta que el Código Procesal local no contempla la figura del querellante, que puede pedir pena, sino la del particular damnificado, que sólo puede reclamar un resarcimiento civil frente al perjuicio”, ampliaba el diario. “Escalada, madre de tres hijos, es dueña de una boutique de ropa en el centro de Salta y goza de una buena posición en la ciudad. Desde el crimen de su marido y la detención de Marcilese por el homicidio, hay quienes la apoyan en su lucha y quienes la ignoran”, completaba.
El después
Finalmente, la condena a Marcilese se mantuvo. En 2004, cuando tenía 72 años, se le concedió prisión domiciliaria. Fue a parar a una lujosa residencia de San Luis. “Y Pedro Julio Marcilese salió, no con la idea de recuperar a su familia, sino de rearmar el supuesto imperio económico que había dejado y que, a decir verdad, ya sólo existía en su cabeza: Marcilese le había heredado a sus hijos, además de la vergüenza, profusas deudas”, relataba este semanario en diciembre de 2011, cuando el condenado volvió a ser encerrado tras ser escrachado por la televisión cuando violaba el arresto.
“Esta voracidad es la que lo devolvió tras las rejas en este 2011. Porque cuando salió Don Pedro Julio Marcilese lo tenía todo: vivía en una enorme casa en San Luis, tenía a su disposición diez mil pesos por mes y cerca suyo estaban compañeros inseparables, de distintos estratos de la política y también de ambientes aún más oscuros. Volvió a la joda, quería millones de pesos, empezó a repartir amenazas, como otros reparten caramelos. Los millones los quería porque alguien le hizo entrar la idea de que algunos funcionarios cambiarían su posición en cuanto a la conmutación de la pena si aportaba 2 millones de dólares para ‘gestionar’ el trámite. Don Pedro empezó, entonces, a presionar a uno de sus hijos para que le diera esa plata”, agregaba Cuarto Poder.
El 18 de julio de 2009, a través del decreto 2.540, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el gobernador Juan Manuel Urtubey negó la conmutación de la pena. Entre las consideraciones del decreto se explicaba que no se había accedido al pedido de Marcilese porque la naturaleza del delito por el que fue condenado era “de una naturaleza tal que la misma sociedad considera de suma gravedad, por lo que merece ponderarse con mayor rigor en estos casos la concesión del beneficio”. El decreto, además, citaba jurisprudencia de la Corte de Justicia al respecto: “La liberación prematura de los delincuentes comunes condenados incrementa el número de delitos y tiene el efecto de llevar más zozobra a una población ya amenazada en su tranquilidad por una serie de factores que han incidido en el deterioro de la seguridad pública”.
Las fiestas de Marcilese en distintas casas eran vox populi durante su etapa de arresto domiciliario. Este semanario también relataba la reacción de uno de sus hijos ante las conductas rebeldes de su padre. “Por eso, cansado de que su padre concurriera a asados nocturnos en casas de distintas personalidades del ambiente salteño y en conocimiento de que violaba en forma sistemática y continua la prisión domiciliaria, le expresó en el mes de abril 2007 que el ‘no iba a pasar por lo mismo una vez más’ y que de ninguna forma iba a consentir sus ‘saliditas’, que ‘había puesto la cara y la plata’ y a partir de ese momento se iba a limitar a pasarle la suma de dinero en forma mensual, más la provisión de la vivienda, como así renunció en forma inmediata a la Tutoría en el Juzgado de Ejecución”. La nota agregaba: “Desde entonces que Don Marcilese amenaza a su hijo con matarlo”.
Ahora viene lo mejor
En diciembre de 2012, Marcilese fue nuevamente noticia. Esta vez por un increíble plan de fuga que se vio frustrado y que no pudo impulsarlo nuevamente a la libertad.
“El condenado sigue sin adquirir la capacidad de comprender y respetar la ley, ya que en diciembre de 2012, Don Pedro, como era conocido en sus tiempos de libertad, habría descuidado intencionalmente su salud, lo que derivó en una afección a las vías respiratorias, induciendo así su traslado al Hospital San Bernardo. Sin embargo, de acuerdo con altas fuentes policiales, el traslado ‘no era casual’, ya que estaba ‘todo orquestado para que el reo lograse ejecutar una fuga digna de una zaga televisiva norteamericana’. Menuda sorpresa se llevó Don Pedro cuando al arribar al nosocomio detectó una inusual cantidad de guardiacárceles y policías de la Provincia. El grupo Lagarto y el grupo GOPAR estaban presentes también”, relataba Informate Salta en marzo de 2013.
El sitio oficialista explicaba que “Inteligencia policial había detectado que Pedro Julio Marcilese habría tomado contacto con el líder de un grupo paramilitar de un país vecino y habrían diseñado un plan: siete personas en dos vehículos robados y con todo tipo de armamento, se desplazarían hasta el hospital y reducirían a la custodia normal de un reo internado, dos guardias, y así, en la noche de Navidad, Marcilese estaría libre”.
“El plan consistía que luego de abandonar el nosocomio, se desplazarían hacia el norte en los vehículos robados para dejarlos abandonados. Mientras tanto entre cohetes y festejos navideños, en sentido contrario, hacia el sur y en una traffic pintada como ambulancia, con sirena y todo, llevarían al reo hasta una provincia vecina”.
“Luego de un tiempo en algún aguantadero, Don Pedro abandonaría el país. De allí que el plan se financiaría con futuras operaciones de secuestros y extorsiones en contra de todos aquellos que se interpusieron en el camino de Don Pedro. El trabajo de investigación llevado a cabo por la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia fue brillante, ya que los efectivos policiales descubrieron la novedad a través de internos del penal, a los cuales Marcilese no habría precisamente beneficiado, ya que es considerado ‘un buchón privilegiado’ por la población carcelaria”, completaba el informe.
Marcilese todavía se encuentra en el penal de Villa Las Rosas.
