La Cámara Federal de Salta mantiene procesado al ex Juez Federal Ricardo Lona por encubrir el crimen del ex gobernador Miguel Ragone aunque los camaristas rechazaron el pedido del fiscal de considerarlo partícipe de los hechos. Lona también está procesado como partícipe necesario en la Masacre de las Palomitas.
“La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento del ex juez Ricardo Lona por encubrimiento, en la causa que investiga el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de un comerciante que salió en su defensa y las heridas a una testigo del hecho, días antes de que comenzara la última dictadura militar”, comienza el artículo de Página 12 publicado en el día de hoy aunque también preciso que los camaristas rechazaron el pedido del fiscal Horacio Azzolín para que el ex magistrado fuera procesado como partícipe de los hechos y no como cómplice. Además, le garantizaron la libertad.
En una resolución de 128 páginas, la Cámara Federal de Apelaciones salteña confirmó la resolución con la que el juez Fernando Poviña procesó a Lona por encubrimiento y prevaricato debido a las graves falencias en la investigación judicial que el ex magistrado había realizado sobre el secuestro de Ragone, el asesinato de Santiago Arredes, un comerciante que había intentado defender al ex gobernador mientras lo golpeaban y subían a un auto, y las heridas provocadas a Margarita Martínez, una empleada de Arredes.
Al confirmar su decisión, la Cámara Federal indicó, entre otras cosas, que “resulta un absurdo creer que un juez penal (aun con muy poca experiencia) así procede respecto del cadáver de una persona ultimada con un disparo, prescindiendo de elementos de prueba tan relevantes como una autopsia que permita aportar datos sobre el tipo de arma que utilizó el autor”.
La Cámara señaló además que Lona, quien también está procesado como partícipe necesario en la Masacre de las Palomitas, como se conoce al fusilamiento de once presos políticos durante un “traslado”, el 6 de julio de 1976, “se limitó a constituirse como un pasivo observador de la policía de Salta, permitiendo con ello que la fuerza de seguridad dirija a su antojo la investigación, invirtiéndose los roles que juez y policía debían mantener”.
Según la resolución de la Cámara, aunque el terrorismo de Estado “se instauró oficialmente el 24 de marzo de 1976”, comenzó a desarrollarse en Salta desde 1974 con “los mismos protagonistas como autores”, con lo cual, la actuación de Lona en la investigación del secuestro de Ragone se enmarca en los delitos cometidos durante esa etapa de la historia argentina. Lona seguirá en libertad, pero no podrá salir del país. Sus bienes fueron embargados por la Cámara por un valor de medio millón de pesos.
