Una nota en Página 12 titulada “El nuevo mundo agrario” da cuenta de las modificaciones en la forma de producción, de financiamiento, y logística de acopio y de transporte en el sector agrario, así como de la utilización del glifosato.
Reproducimos a continuación la nota publicada hoy en el medio nacional realizada por Martín Burgos, Ernesto Mattos y Andrea Media *
Los cambios que conoció el mundo agrario desde los años noventa son de carácter estructural, es decir, difícilmente se podrán modificar en el corto plazo. El incremento de la demanda de soja por parte de China y de India fue de tal magnitud que, como en el caso de todas las materias primas, requirió un cambio en la escala y en la forma de producción de los recursos naturales. Esos cambios son perceptibles en el tipo de cultivo que ofrece la Pampa Húmeda: ya no encontramos esas tierras de cereales y alfalfa habitada por vacas de razas inglesas, cuidadas por numerosos trabajadores rurales, sino que cualquiera que tome la Ruta 9 se encontrará con un desierto verde, monótono, donde predomina la soja de forma casi excluyente.
Pero no sólo cambió lo aparente, sino que también se modificaron en estos años gran parte de la forma de producción, de financiamiento, la logística de acopio y de transporte. Esta transformación se realizó sobre la base de cambios institucionales articulados entre sí, como la privatización de los puertos, de la red ferroviaria, el desmantelamiento de las Juntas Nacionales y la venta de acopios públicos. Sobre esa base institucional se erigieron nuevos esquemas de producción y financiamiento que tendieron a favorecer la expansión de la soja a expensas de otros cultivos y de la actividad pecuaria. La nueva forma de producción, al requerir mayor escala, implicó nuevos insumos, nuevas semillas y nuevas maquinarias para poder adecuarse a la nueva y creciente demanda de nuevos compradores. El surgimiento de proveedores como Monsanto y los propios pools de siembra, provenientes de otros sectores de la economía, no sólo cambió el panorama productivo sino también modificó los actores con presencia en el mercado.
La dinámica de las grandes empresas comercializadoras generó fuertes impactos con la construcción de sus nuevos puertos y de las industrias aceiteras vinculadas, desviando el camino tradicional de los granos que ahora se exportan desde Rosario en vez de hacerlo por el puerto de Buenos Aires, el único puerto que quedó bajo la órbita del Estado nacional. De esa manera, se subutiliza las vías de ferrocarril construidas que quedaron direccionadas hacia la Capital, en un esquema de transporte donde la coordinación empresarial de la logística de los acopios y los trenes de carga propios, asociado a los puertos exclusivos, revelan una alta ineficiencia social debido a las economías de redes que se están desperdiciando. El creciente uso del camión para la carga de granos desde los años noventa es un claro ejemplo de la falta de coordinación de los flujos comerciales a nivel nacional, reemplazados por coordinaciones desde empresas cada vez más integradas verticalmente.
El desplazamiento de los estancieros de la Pampa Húmeda por contratistas dedicados a la soja con dotación de capital y tecnología diferente ha sido acompañado, en paralelo, por nuevas formas de producción para el mercado interno funcional al modelo soja-exportador, del cual el feed-lot es un emergente. Peor aún: se viene notando la reubicación de la producción agropecuaria para el mercado interno hacia la zona extrapampeana, obligando a un recorrido de miles de kilómetros en camiones para su consumo en las zonas urbanas. Este absurdo social en el que nos encontramos cuando nos enfrentamos a la cuestión agraria en Argentina sugiere la necesidad de una mayor intervención del Estado en ese mercado.
El acercamiento del gobierno nacional a diversas organizaciones de agricultura familiar es una alianza lógica que permite la vuelta de la intervención pública en el mundo agrario, necesaria para la propia supervivencia de la agricultura familiar. Si bien el Gobierno ha realizado mucho en ese sentido, como la ley de tierra, la recientemente aprobada ley de agricultura familiar, o la compensación de las retenciones a las exportaciones para las pequeños agricultores, todavía faltan más políticas segmentadas para lograr la emancipación de la agricultura familiar, como impuestos inmobiliarios diferenciados o financiamiento para mejorar el acceso al agua y a la tierra. Pero esas políticas deberían orientarse a darle más potencialidad al esquema de chacra mixta, que permite diversificar la producción, agregar valor, retener trabajo rural, y lograr un comercio de menor recorrido y mayor proximidad.
Estas políticas diferenciadas para los pequeños agricultores no deberían hacerse sin plantear límites a la concentración de la producción, a través de proyectos de mayor envergadura. La reestatización de los ferrocarriles va en buen sentido, pero también se debería pensar en tener un puerto de exportación en Rosario para las pequeñas y medianas empresas, así como tener un mayor control sobre los productos exportados a través de la creación de una Agencia Nacional de Comercialización.
* Investigadores Cefidar. Autores del documento “La soja en Argentina”.