Fue la frase utilizada por los vecinos del Asentamiento Papa Francisco en una nota enviada a Tierra y Hábitat, IPV y Secretaría de Derechos Humanos. El Coordinador General de Tierras y Bienes de la Provincia, Sergio Usandivaras, aclaró que tienen hasta mañana para el “desalojo voluntario”.
Es casi una amenaza: el Coordinador General de Tierras y Bienes de la Provincia, Sergio Usandivaras aclaró que mañana se cumple el plazo para que los asentados desalojen los terrenos de barrio San Remo de forma voluntaria, de lo contrario no se sabe que pasará, pero la represión asoma sus narices.
«Son muchos los asentados que ya se consideran pre adjudicatarios de un terreno fiscal pues tienen la constancia que lo acredita. Eso será así y se respetará, pero hay que aclarar que quienes tengan la constancia y además hayan recibido la orden de desalojar los terrenos y no la hayan respetado, automáticamente pierden por cinco años la posibilidad de acceder a los mismos», aseguró.
En el mismo sentido aclaró que «sabemos que hay una organización que les ha retenido esa documentación, por lo cual también se respetarán como válidas las fotocopias», adelantó «Lo mismo corre para quienes no son preadjucatarios y que ocupen terrenos fiscales, quienes no podrán acceder a los mismos de acuerdo a lo que establece el decreto 4414 del año 2008», concluyó.
Por su parte los vecinos asentados se están organizando y han redactado una nota donde reflejan la problemática que los aqueja “el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda como derecho universal, es decir para todos aquellos que la necesiten”, han dicho y agregan:
«Nosotros, vecinos asentamiento “Papa Francisco”, del predio lindante al B° San Remo, auto-convocados por nuestra vivienda, nos dirigimos a Usted y, por su intermedio, ante quien corresponda para que interceda en favor de nuestro reclamo legítimo para que se nos garantice el derecho al acceso de la vivienda digna. Ya que creemos esta reivindicación como parte de los Derechos Humanos fundamentales que vuestra institución debe garantizar.
En primer lugar, porque consideramos que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda como derecho universal, es decir para todos aquellos que la necesiten. Al igual de lo que pasa con el agua, todo ciudadano necesita un lugar para vivir. En la medida en la que este derecho no ha sido garantizado, miles de familias salteñas fueron llevadas a vivir en el hacinamiento, a tener que buscar vivienda a través de los escasos medios económicos de los que dispone y hasta, en situaciones extremas, las familias se han visto obligadas a la toma de terrenos como consecuencia de este cuadro de situación que se le impone.
En este momento, dos mil familias estamos apostadas en los terrenos lindantes a Parque La Vega – San Remo – San Nicolás, en vez de recibir una respuesta a nuestro reclamo, el gobierno nos acusa y nos trata como delincuentes y ha violado, a través de la fuerza pública de la policía provincial, derechos fundamentales, cometiendo así apremios ilegales, ejerciendo una violencia psicológica a través de insultos y amenazas de represión. Han llegado hasta el extremo de convertir nuestro campamento en un verdadero campo de concentración, impidiendo no solamente el ingreso de materiales y pertrechos que eviten que estemos sometidos a las inclemencias de la intemperie sino que nos han privado de ingresar elementos vitales como alimentos y agua. Han hostigado también a los vecinos que por razones de salud o laborales debían ir y venir sobre todo con niños, mujeres embarazadas y ancianos desde nuestra posta hacia afuera.
El principal responsable de esta situación es el Estado -ya sea nacional, provincial o municipal- en tanto, no solo han cometido lo denunciado arriba sino que no han garantizado una política de vivienda acorde a la necesidad de la población. Actualmente, en la provincia de Salta existe un déficit habitacional de más de 40mil viviendas. A la vez, si tenemos en cuenta que nos encontramos entre las provincias de mayores índices de desocupación, de trabajo en negro, en donde el salario promedio ronda los $4500, es obvio que hoy en día la política habitacional del gobierno es insuficiente y es la que genera que miles de salteños vivamos hacinados y pagando costosos alquileres o planes de viviendas y loteos o, en última instancia, que nos veamos obligados a apostarnos en condiciones infra humanas en terrenos vacíos. Esta realidad refleja que el problema que hoy nos afecta y nos lleva a establecer este reclamo es la realidad de miles de familias salteñas y por lo tanto desde el poder del Estado se debe garantizar una salida de conjunto para todos.
En tanto la “oferta habitacional” del gobierno provincial ronda el promedio de 2500 viviendas (que no son tales en su totalidad) por año, es claro que el enorme déficit habitacional existente ni siquiera es atenuado sino todo lo contrario. Este verdadero cuello de botella que se expresa en familias que hace decenas de años están anotadas en el IPV o en Tierra y Hábitat sin poder acceder al derecho de su propia vivienda o terreno, es lo único que explica la enorme cantidad de requisitos que hoy se nos imponen a los que queremos acceder a este derecho; más cuando el único requisito obligatorio —desde el punto de vista de la lógica- debiera ser un individuo o familia en condiciones de independizarse como tal y sin tener previamente vivienda alguna. Los demás requisitos surgen de la necesidad de establecer algún criterio para el reparto de lo que ya es una “oferta” miserable. Esta situación ha llegado al extremo en donde miles de familias cumplen con los requisitos, han hecho o han cumplido los pasos necesarios para acceder a las viviendas del estado y, sin embargo, hoy se encuentran en listas de espera de años incluso por más de dos décadas. Por otro lado, en el marco de esta enorme necesidad, se han generado hechos de públicos conocimientos como las arbitrariedades en la entrega de viviendas y terrenos, de estafas y manipulaciones políticas, hechos reconocidos en los últimos días por el propio gobierno.
Cabe destacar, que el plan Procrear del gobierno nacional tampoco se presenta como una salida a esta situación ya que, no solamente la cantidad de créditos disponibles son muy inferiores a lo que se necesita sino que, al presente todo un sector de beneficiarios no puede conseguir terrenos por el monto otorgado. Esto se debe a que el déficit habitacional existente ha contribuido a acicatear una enorme especulación inmobiliaria con el suelo urbano. El propio gobierno provincial no ha podido dar salida con la expropiación de Pereyra Rozas porque sus lotes se vende a una cifra mayor de lo que reciben los beneficiados por el procrear.
Teniendo en cuenta este cuadro social consideramos que no solamente debemos exigir el acceso a terrenos sino la urbanización integral de las tierras de donde estamos apostados y hasta la construcción de viviendas para todos nosotros que sean abonadas en función de los ingresos de cada uno de nosotros estableciéndose una cuota no mayor al 10% de nuestros ingresos familiares acreditados y a tasa de interés cero y sin el abono de una entrada inicial.
Insistimos que esto es lo que corresponde garantizar desde el estado no solo para nosotros sino para las decenas de miles de familias que hoy en día se encuentran en nuestra misma o similar situación, en tanto partimos del concepto de derecho al acceso universal a la vivienda y que este derecho debe ser garantizado a través de políticas llevadas adelante del propio estado en función de los intereses de la gran mayoría de la población.
Hemos llegado a esta conclusión porque de las dos mil flias que hoy estamos apostadas en estos terrenos estamos anotados en el IPV (15 familias). 94 estamos anotados en Tierra y Hábitat. Mientras que otros recién comenzamos a reclamar este derecho por ser familias jóvenes recientemente constituidas, también por encontrarnos con requisitos arbitrarios por fuera de estos organismos o simplemente porque, habiendo visto desde hace años como miles de anotados esperaban sin ningún tipo de respuesta, ni siquiera vimos fructífero hacerlo.
Queremos también dejar constancia que la nulidad de la política habitacional es tal que entre los que estamos apostados aquí no solamente hay trabajadores informales sino también profesionales y trabajadores del estado que aun cumpliendo con los requisitos de los planes existentes por parte del estado nunca hemos podido acceder a este derecho. Todo esto lo dejamos sentado para que quede claro que somos la expresión del hartazgo al que ha llegado todo un sector de la población después de años de espera y frustración para acceder a este derecho que consideramos universal.
Por último, desde ya, denunciamos que la salida represiva que quiere imponer el estado no solamente es reaccionaria sino también es un intento de encubrimiento de la falta de solución verdadera o de fondo a nuestro problema y de encubrimiento de las responsabilidades del propio estado que ha llegado a un punto tal de que la única manera de imponer esta política fracasada es a través de la represión sistemática a la población ya que sin lugar a dudas en la medida que sigue existiendo el enorme déficit habitacional actual los vecinos estaremos obligados a tratar de darnos una salida propia con los métodos y en el marco propio de la situación desesperante a la cual nos han llevado. Por todo esto es que exigimos su intermediación para evitar la represión y para garantizar la satisfacción de nuestro reclamo»
