La Fiscalía cuestionó la validez de la caución presentada al comprobar que el inmueble pertenece en un 50 % solo al padre del investigado, un dato que no había sido comunicado previamente. Por otra parte, tras no asistir a la audiencia de imputación convocada en 2023, se pidió que sea declarado en rebeldía y se libró orden de captura internacional.
En el marco de una investigación por tres estafas vinculadas a inversiones en criptomonedas, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), pidió revisar la garantía real que había presentado el padre del imputado para suspender su orden de captura internacional. Al analizar la documentación del inmueble, se comprobó que el fiador era dueño solo del 50 % de la propiedad, un dato que la defensa no había informado. La fiscal explicó que esto afecta el valor de la garantía y que una participación indivisa presenta también dificultades si fuera necesario ejecutarla judicialmente. La jueza de Garantías hizo lugar al reclamo y revocó la suspensión de la orden de detención, por lo que deberá hacerse efectiva en cuanto el investigado arribe al país, ya que está siendo deportado desde Australia. La revisión de la garantía se tratará en audiencia una vez que se encuentre detenido.
La investigación comenzó con tres denuncias de personas que habían sido amigos del acusado. Él les propuso invertir en criptomonedas con una rentabilidad del 10 % mensual. Los primeros pagos se cumplieron, lo que generó confianza y nuevas inversiones, pero en febrero de 2022 los damnificados supieron que había abandonado el país y les confirmó que había perdido todo el capital. En junio de 2023 fue citado a audiencia de imputación y no asistió, por lo que se pidió declararlo en rebeldía con orden de captura internacional.
