En octubre arrancará en Jujuy el juicio oral y público contra 19 manifestantes y referentes sociales procesados tras las jornadas de protesta de junio de 2023, en lo que diversos organismos de derechos humanos y organizaciones populares definen como una causa armada para disciplinar el reclamo social.

Este medio habló con Miguel Ramos, uno de los imputados, trabajador de una granja cooperativa y de la biblioteca popular Niños Pájaros de Jujuy, que el fin de semana estuvo presente en Salta invitado por la Cooperativa Warmis Kusisqas, donde realizaron una actividad en memoria de la compañera Marcelita, con una feria y la proyección de la película Argentina, 1985, además en el marco de los 50 años de la Masacre de Gallinato y noche de los lapices. 

El conflicto, conocido como el Jujeñazo, estalló tras la imposición de una reforma constitucional inconsulta que habilitaba el avance desmedido sobre la tierra y los bienes naturales en favor del extractivismo. En diálogo con este medio, Miguel Ramos —uno de los 19 imputados, referente de la Biblioteca Popular Niños Pájaros y trabajador de la Granja Cooperativa Sumay de Alto Comedero— repasó los pormenores de un expediente judicial plagado de irregularidades.

» Jujuy fue el laboratorio de la represión que después quisieron extender a todo el país», sostiene Ramos.

Un expediente inflado y 46 policías querellantes

La causa judicial agrupa numerosos expedientes unificados donde la defensa, encabezada por el abogado Luis Paz junto a un equipo de 7 letrados, defenderá a los manifestantes de  daños, resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas, entre otros con penas de hasta 6 años. 

Curiosamente, la nómina de supuestas víctimas está integrada por 46 efectivos de la propia policía provincial, la misma fuerza que ejecutó la cacería en las calles y en los cortes de ruta como el de Purmamarca.

A pesar de la gravedad de los cargos, la acusación carece de pruebas individuales firmes y se sostiene sobre testimonios de las propias fuerzas de seguridad, armado de causas exprés.

La tradición de lucha del Norte grande

El proceso judicial no puede entenderse sin la memoria social de la región. Ramos destaca que la resistencia contra la reforma constitucional forma parte de una larga tradición de lucha. Un mes antes de la represión en San Salvador y Purmamarca, los docentes salteños protagonizaron históricas jornadas de paro y movilización.

Las comunidades originarias organizaron el Tercer Malón de la Paz, caminando hasta Buenos Aires para exigir la inconstitucionalidad de la reforma.

La respuesta del pueblo jujeño demostró la capacidad de articulación entre trabajadores de la educación, comunidades indígenas y organizaciones territoriales.

Proyectos comunitarios como la Granja Sumay y la Biblioteca Popular Niños Pájaros en Alto Comedero representan esa resistencia cotidiana: espacios donde se construyen alternativas políticas y comunitarias para contener a la infancia y la juventud frente al avance del modelo extractivo y el ajuste.

Con el inicio del debate oral fijado para octubre, organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos exigen el inmediato frenado del juicio oral y el desprocesamiento de los 19 luchadores populares.