En relación al caso de la joven de 14 años violada y embarazada por su padrastro y al que la Justicia salteña le negó un aborto no punible, Amnistía Internacional remitió a Urtubey una misiva en donde le manifiestan su preocupación por la situación. Está firmada por Mariela Belski, directora del organismo.

Una copia de la misma carta está dirigida tambiénal Ministro de Salud de la Nación Julio Manzur. Uno de los párrafos más importante del escrito manifiesta la “profunda preocupación por la omisión en la que ha incurrido el gobierno al no garantizar el derecho al aborto legal y seguro de la niña. Es obligación del Estado nacional, y de todas sus autonomías provinciales, a través de sus respectivas competencias, respetar los derechos humanos de la mujer y garantizar que en aquellos supuestos en los cuales la salud o la vida de la mujer, adolescente o niña se encuentre en peligro o cuando el embarazo haya resultado de una violación, esta acceda sin restricciones a un aborto seguro. De no hacerlo, se está exponiendo al Estado Argentino ante instancias internacionales por el no cumplimiento de compromisos asumidos internacionalmente».

En otro párrafo de la carta, hace referencia a la particularidad del caso por estar involucrada una menor y ser víctima de un familiar. «En materia de niñez pesa sobre los Estados un deber reforzado en virtud de la situación de especial vulnerabilidad de los niños y niñas. El comité de derechos Humanos de la ONU ha advertido que las leyes que niegan a las víctimas de violación o incesto la posibilidad de obtener servicios de aborto seguro y legales, son contrarias a la convención del Niño y comprometen la responsabilidad del Estado».

Además recuerdan que en el 2010 el mismo Comité ya llamó la atención al Estado por ese tema, ante el alto porcentaje registrado de muertes maternas relacionadas con el aborto, especialmente de adolescentes, y en lo largo de los procedimientos cuando corresponde aplicarlos en caso de violación, por lo que se solicitaba se hagan sin mayores dilaciones y «sin intervención de los Tribunales», solamente a solicitud de las niñas o mujeres víctimas del delito. En tanto varias organizaciones adelantaron que solicitarán que se le inicie el proceso de destitución al magistrado, por haber contradicho lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, en un fallo, ante un caso similar, en el que se habilitaba el aborto no punible.