La campaña todavía no empezó formalmente, pero el viejo libreto ya está sobre la mesa: El narcotráfico como recurso de campaña, acusaciones explosivas y proyectos de dudosa viabilidad jurídica marcan el pulso político rumbo a mayo.
En Salta, el calendario electoral parece marcar también el calendario de los escándalos.
Kim Im Porta
Hay una tradición no escrita en la política salteña que se activa con una precisión casi suiza. Apenas el calendario empieza a insinuar que se acercan las elecciones, desaparecen los protocolos y reaparece el deporte favorito de la dirigencia: vincular al adversario con el narcotráfico. No importa si las denuncias terminan en un expediente o apenas sobreviven un par de reels de Tik-tok. Lo importante parece ser instalar la sospecha.
Todo indica que las próximas elecciones provinciales se celebrarán en mayo del año que viene. Es decir, todavía faltan varios meses para que arranque oficialmente la campaña. Sin embargo, algunos ya decidieron sacar del placard el manual de operaciones de siempre.
El primer round tuvo escenario en Rosario de la Frontera. Allí, el diputado y ex cana Gustavo Orozco lanzó durísimas acusaciones contra su par Marianela “lela” Marinaro y su entorno familiar. Recordó procedimientos policiales ocurridos años atrás en locales bailables pertenecientes a la familia y sostuvo, además, que durante la campaña que llevó a Marinaro a la Legislatura personas vinculadas a su espacio habrían sido demoradas bajo sospechas relacionadas con la entrega de drogas a cambio de votos.
La respuesta llegó casi sin demora. Marinaro anunció acciones judiciales y aprovechó para devolver el golpe con otra munición habitual de la política contemporánea: la Ficha Limpia. Propuso ampliar ese criterio para impedir que personas con múltiples causas judiciales puedan ocupar bancas legislativas y apuntó directamente contra Orozco al recordar la cantidad de expedientes en los que aparece mencionado. “Una persona con 32 causas, ¿te parece que sea legislador de Salta y nos represente?”, lanzó frente a cámara.
También lo desafió públicamente: si realmente conoce quién vende droga, dónde aterrizan avionetas o quiénes integran las organizaciones criminales, que lo denuncie ante la Justicia y no solamente frente a un micrófono.
Como si el sur provincial no alcanzara, el diputado también llevó el conflicto hasta el norte. Esta vez el destinatario fue el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni. Orozco formuló cuestionamientos sobre aspectos personales del jefe comunal, recordó su relación sentimental con la hija del exjuez Raúl Reynoso —condenado por favorecer judicialmente a narcos— y volvió a insinuar conexiones indirectas con ese universo. Berni respondió calificando esas expresiones como calumnias e injurias y anunció que recurrirá a la Justicia.
Hasta allí los hechos políticos. Después aparecen las preguntas incómodas. Porque si las acusaciones son verdaderas, resulta difícil comprender por qué quienes aseguran conocer semejante información no comparecen inmediatamente ante la Justicia Federal. Y si no lo son, cuesta explicar por qué semejantes afirmaciones pueden convertirse, elección tras elección, en simples herramientas de campaña sin mayores consecuencias.
Los salteños asisten desde hace años a la mism a función . Los dirigentes se acusan de convivir con el narcotráfico mientras los fiscales federales observan en silencio. Todos parecen saber dónde están los narcos, quiénes los protegen y hasta por dónde aterrizan las avionetas. Lo extraño es que toda esa data suele evaporarse apenas termina la temporada electoral.
Hay una vieja comparación que viene al caso: perros que se ladran ferozmente mientras los separa una reja, pero retroceden cuando alguien abre el portón.
Quinteros y la tentación de legislar donde no corresponde
En política también existe otro deporte muy practicado: presentar proyectos imposibles de aplicar para obtener un buen titular. En esa parece haber entrado esta semana el concejal libertario Rodrigo Quinteros, quien propuso incorporar arrestos de entre dos y quince días para los casos más graves de alcoholemia positiva. La iniciativa suena firme, transmite dureza y probablemente coseche aplausos entre quienes reclaman respuestas rápidas frente a los siniestros viales.
El problema aparece cuando uno abandona el terreno de los slogans y entra en el de las competencias legales.
La regulación del régimen de alcoholemia y las sanciones contravencionales pertenece a la órbita provincial. La Ley de Alcohol Cero y la Ley de Contravenciones son normas dictadas por la Legislatura. Un concejal puede expresar su voluntad política, impulsar una declaración o pedir que diputados y senadores modifiquen esas leyes. Lo que difícilmente pueda hacer es cambiar el Código Contravencional desde una banca municipal.
La propia experiencia reciente demuestra el camino correcto. Cuando el intendente Emiliano Durand impulsó el endurecimiento de las sanciones contra los ”trapitos”, la modificación no pasó por el Concejo Deliberante sino por el Senado provincial, mediante un proyecto presentado por Gustavo Carrizo. No fue un capricho procedimental: fue una cuestión de competencias.
Paradójicamente, Quinteros reconoce que “tiene que haber un acompañamiento de la Provincia”. Exactamente. Ese pequeño detalle implica que la discusión corresponde a diputados y senadores, no a concejales.
Después aparecen otros interrogantes bastante menos atractivos para los videos de redes sociales. ¿Quién impondría esas penas? ¿Un juez de Faltas municipal? ¿Un juez contravencional provincial? ¿Cómo absorbería la Justicia semejante volumen de nuevas causas? ¿Y dónde cumplirían arresto los infractores?
Porque mientras algunos proponen encarcelar más personas, el sistema penitenciario salteño exhibe cifras alarmantes de sobrepoblación. El último informe del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura mostró establecimientos con niveles críticos de hacinamiento, entre ellos la Alcaidía N.º 1 de Capital, la Unidad Carcelaria N.º 3 de Orán y la Alcaidía N.º 2 de Tartagal, además de las graves deficiencias detectadas en la unidad penitenciaria femenina de Orán.
Frente a semejante panorama, la respuesta del pichón de león doméstico es que todo podría resolverse con “voluntad política”. Un compendio completo de lugares comunes para ahorrarse el papelón de reconocer “no tengo idea”.
José García y el interinato perdido
La última sesión del Concejo Deliberante también regaló una escena difícil de superar.
La misión oficial del intendente Emiliano Durand a China generó críticas opositoras por los objetivos del viaje. Hasta allí, nada fuera de lo habitual. La sorpresa apareció entre los propios aliados.
José García anunció que su espacio abandonará el bloque oficialista y dejó trascender su malestar porque —según dijo— nadie le habría informado que, durante la ausencia simultánea del intendente y del presidente del Concejo, le correspondía asumir interinamente la conducción del Ejecutivo municipal.
La escena obliga a formular una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿alguien realmente tenía que avisarle o bastaba con leer la Carta Orgánica?
Las redes sociales, siempre poco inclinadas a la compasión, hicieron el resto. “Gracias a Dios que no se enteró”, “Si fuera a trabajar se enteraría”, “Así es cuando no conocés el lugar donde trabajás y te ponen de jefe gratis”, “Como será de porro que no conoce la carta orgánica”, “Justo el 29 del mes”, fueron algunos de los malintencionados aportes de los internautas.
Así, la política salteña vuelve a ofrecer un menú completo. La campaña todavía no empezó oficialmente. Pero, a juzgar por los primeros movimientos, algunos ya desempolvaron el libreto. Y, como suele ocurrir, las primeras funciones parecen haber privilegiado el impacto escénico por encima de la consistencia del guion.
