ALEJANDRO SARAVIA
En una entrevista con Carlos Pagni, el politólogo Andrés Malamud sostuvo que el Poder Judicial es el punto más débil de las instituciones argentinas. No habló de la economía, ni de los partidos políticos, ni del Congreso, señaló precisamente al poder que debería garantizar el cumplimiento de la Constitución y controlar los excesos de los demás. Difícil encontrar una definición más ajustada a la realidad. Tengamos presente que en cada encuesta que se hace, precisamente el poder judicial federal es el que figura en los últimos lugares, superando hasta a los propios sindicatos.
La decadencia de la justicia federal no es un fenómeno reciente. Es el resultado de años de acumulación de privilegios, demoras inexplicables, complicidades políticas, patrimonios injustificables y una cultura corporativa que convirtió a Comodoro Py en un mundo que parece regirse por reglas propias. Pero lo más llamativo es que un gobierno que llegó prometiendo terminar con la “casta” haya decidido convivir con la más poderosa y menos visible de todas: la casta judicial. Recordemos que, hasta los noventa, la justicia federal de la entonces Capital Federal era una justicia prestigiosa y respetada. Al menos la que dejara el primer gobierno de este turno de la recuperación de la democracia a partir de los ochenta. Con Menem tuvieron su aparición los jueces de la servilleta y la Corte de la mayoría automática y todo a partir de allí fue distinto.
Javier Milei construyó su liderazgo denunciando un sistema de privilegios que, según decía, impedía el desarrollo de la Argentina. Sin embargo, apenas asumió, el discurso comenzó a convivir con una realidad mucho menos épica. En el Ministerio de Justicia y en la relación con los tribunales federales no hubo revolución alguna. Hubo continuidad con aquel sistema fundado por su prócer, Carlos Menem, y continuado por los Kirchner y su democratización de la justicia. Hoy, tras el episodio Lijo propuesto para la Corte y la gestión del actual ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques, figura emblemática de ese entramado judicial y político que atraviesa distintos gobiernos, se patentiza esa adaptación. Hasta la propia esposa del juez de la causa Libra, Martínez de Giorgi, fue designada jueza federal de Hurlingham. La casta que debía desaparecer terminó siendo un socio necesario para continuar usufructuando las bondades de la impunidad.
La consecuencia es un Poder Judicial que continúa funcionando con una lógica incompatible con una democracia moderna. El caso Skanska, por ejemplo, constituye una demostración casi obscena. Más de veinte años tardó la Justicia en llegar a una resolución definitiva sobre una de las primeras grandes causas de corrupción del siglo XXI, iniciada en los albores del kirchnerismo. Veinte años. En cualquier país con instituciones sólidas semejante demora sería considerada un escándalo nacional. Aquí parece formar parte del paisaje.
Una justicia que tarda dos décadas en decidir deja de administrar justicia. Administra olvido. Los gobiernos cambian, los funcionarios se retiran, muchos protagonistas mueren y la sociedad pierde toda confianza en que el sistema pueda ofrecer una respuesta eficaz. La demora se convierte en una forma elegante de impunidad.
Los episodios recientes tampoco ayudan a recuperar credibilidad. Las controversias alrededor del pliego de la jueza Michelli, postergada nada más que por estar casada con un respetado periodista de investigación, así como los cuestionamientos vinculados al juez Pablo Yadarola, hoy propuesto para un ascenso dibujado para garantizarle impunidad en el caso Libra a los hermanos que gobiernan, vuelven a mostrar un sistema donde los mecanismos de selección, control y responsabilidad de los magistrados generan más dudas que certezas. Cuando la ciudadanía sospecha que las designaciones responden a acuerdos de poder antes que al mérito, la legitimidad de toda la estructura se resquebraja.
Lo verdaderamente preocupante es que estos casos ya no provocan sorpresa. Han sido naturalizados. La sociedad observa cómo los expedientes avanzan o se paralizan según las circunstancias políticas; cómo determinados jueces adquieren un protagonismo extraordinario y cómo otros parecen gozar de una inmunidad que ningún ciudadano común posee.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene un discurso feroz contra la política, los periodistas o las universidades, pero guarda un llamativo silencio respecto de los déficits estructurales de la justicia federal. Resulta paradójico. La corporación que menos ha cambiado en los últimos treinta años es, precisamente, la que menos cuestionamientos recibe desde el poder.
No existe desarrollo económico sostenible sin seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica no consiste únicamente en respetar contratos o garantizar inversiones. También significa que un expediente no tarde veinte años, que un juez sea verdaderamente independiente, que los concursos sean transparentes y que los magistrados rindan cuentas por sus actos. Sin esos requisitos, la República funciona apenas en apariencia.
La Argentina discute todos los días el déficit fiscal. Es lógico. Pero existe otro déficit mucho más peligroso: el déficit institucional. Ese no se mide en pesos ni en dólares. Se mide en confianza. Y cuando la confianza desaparece, ninguna reforma económica alcanza para hacer progresar un país.
Por eso la advertencia de Malamud merece ser tomada en serio. El eslabón más frágil de nuestras instituciones sigue siendo el Poder Judicial. Mientras esa realidad no cambie, cualquier promesa de regeneración republicana será apenas una consigna de campaña. Porque una República no se sostiene por la fuerza de los discursos, sino por la credibilidad de sus jueces. Y hoy, lamentablemente, esa credibilidad atraviesa una de las crisis más profundas desde el retorno de la democracia.
Para el descenso del riesgo país no basta con prometer que se va a pagar todo lo que se adeuda. Para ello es necesario que los jueces sean respetados por garantizar con su independencia la igualdad ante la ley y no ser instrumentos de la impunidad de los mismos funcionarios a quien deben controlar.




