Tierra salteña en remate: La ley que tropezó con la bandera de Malvinas

 

El fracaso de la sesión en el Senado volvió a frenar la derogación de la Ley de Tierras, una reforma que el Gobierno intenta camuflar bajo el nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. En Salta, donde Molinos y San Carlos ya tienen más de la mitad de sus tierras en manos extranjeras, el debate adquiere una dimensión mucho más profunda que una simple discusión jurídica.

 

Jerson De Cecco

 

Por tercera vez consecutiva, el Gobierno nacional no logró avanzar con uno de los proyectos más controvertidos de su agenda legislativa. La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a naufragar antes de comenzar su tratamiento en el Senado por falta de quórum. El revés parlamentario no sólo retrasó otra vez la iniciativa de Javier Milei, sino que evitó, al menos por ahora, la eliminación de uno de los principales límites que aún conserva el Estado argentino para regular la extranjerización de la tierra.

La discusión tiene en Salta un capítulo particularmente sensible. Según los relevamientos del Observatorio de Tierras, los departamentos de Molinos y San Carlos figuran entre apenas cuatro jurisdicciones del país donde la superficie rural en manos extranjeras supera el 50 por ciento. El dato coloca a la provincia dentro del grupo más comprometido de Argentina en materia de concentración territorial y explica por qué cualquier intento de flexibilizar la legislación vigente trasciende la discusión ideológica para convertirse en un debate sobre soberanía, recursos estratégicos y desarrollo futuro.

En ese contexto también adquirió especial relevancia la actitud de la senadora salteña Flavia Royón. Después de haber acompañado prácticamente todas las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, esta vez optó por no dar quórum. Más tarde llegaron los pedidos de modificaciones y los matices discursivos, pero el gesto político ya estaba consumado. Incluso entre quienes hasta ahora habían respaldado disciplinadamente al oficialismo comenzó a resultar incómodo aparecer avalando una reforma cuyo eje central consiste en eliminar las restricciones para que particulares y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales argentinas.

La oportunidad elegida tampoco ayudó al Gobierno. Apenas veinticuatro horas antes, la Selección Argentina había derrotado a Inglaterra y la imagen de Lionel Messi junto al plantel sosteniendo una bandera que reivindicaba la soberanía sobre las Islas Malvinas había recorrido el mundo. Debatir inmediatamente después una ley que flexibiliza la venta del territorio nacional a intereses extranjeros aparecía como una contradicción política demasiado evidente, incluso para sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

Un nombre atractivo para esconder una reforma profunda

El proyecto oficial lleva un título difícil de cuestionar. Después de todo, nadie podría declararse públicamente en contra de la inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, detrás de esa denominación se esconde una reforma mucho más amplia, cuyo objetivo central consiste en desarmar buena parte del esquema de protección establecido por la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011.

La norma vigente fija que la titularidad extranjera no puede superar el 15 por ciento del territorio nacional, provincial o municipal. Además, limita la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo propietario extranjero en la zona núcleo y establece restricciones específicas para inmuebles ubicados en áreas consideradas estratégicas por sus recursos naturales, su ubicación fronteriza o su importancia ambiental.

La iniciativa impulsada por el Gobierno elimina prácticamente todas esas barreras. El tope del 15 por ciento desaparecería por completo. También dejaría de existir el límite de mil hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo y se flexibilizaría la adquisición de inmuebles ubicados sobre lagos, bosques nativos, acuíferos, áreas cordilleranas y regiones fronterizas. La única restricción que permanecería alcanzaría a los Estados extranjeros, mientras que empresas privadas, fondos de inversión y particulares quedarían habilitados para comprar sin esas limitaciones.

Paradójicamente, el argumento utilizado para justificar la reforma es que actualmente sólo el cinco por ciento de las tierras rurales argentinas pertenece a extranjeros, unas 13 millones de hectáreas equivalentes a toda la superficie de Inglaterra. Sin embargo, ese promedio nacional oculta profundas desigualdades territoriales.

Los porcentajes esconden un problema mucho más grande

Los informes oficiales muestran que existen al menos 36 departamentos argentinos donde el límite del 15 por ciento ya fue ampliamente superado. Además de Molinos y San Carlos, aparecen Lácar, en Neuquén, y General Lamadrid, en La Rioja, donde la extranjerización también supera la mitad del territorio. Otros departamentos estratégicos como Iguazú, Ituzaingó, Berón de Astrada o Campana registran porcentajes superiores al 30 por ciento.

El patrón se repite con llamativa precisión. Las mayores concentraciones de tierras extranjerizadas aparecen justamente donde existen recursos considerados estratégicos para las próximas décadas: reservas de agua dulce, bosques nativos, minerales críticos, corredores bioceánicos, puertos o zonas de frontera. No parece una distribución azarosa.

Salta constituye un ejemplo particularmente elocuente. Mientras la provincia atraviesa un crecimiento sin precedentes de la actividad minera, especialmente alrededor del litio y otros minerales críticos, departamentos como Molinos y San Carlos ya presentan niveles de extranjerización que exceden largamente los límites que la propia legislación nacional intentó establecer hace más de una década. El debate, por lo tanto, deja de ser una discusión abstracta sobre el derecho de propiedad para transformarse en una cuestión vinculada con el control de recursos cuya importancia económica y geopolítica no deja de crecer.

La historia reciente tampoco invita al optimismo. Durante la década de 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, la entonces Secretaría de Seguridad Interior autorizó la venta de más de ocho millones de hectáreas ubicadas en zonas de seguridad fronteriza, pese a que un decreto vigente desde 1944 reservaba esas tierras exclusivamente para ciudadanos argentinos. Aquellas operaciones marcaron uno de los procesos de extranjerización más acelerados de la historia reciente y muchas de sus consecuencias permanecen hasta hoy.

Actualmente, los mayores propietarios extranjeros provienen de Estados Unidos, Italia y España. Sólo esas tres nacionalidades concentran aproximadamente la mitad de toda la superficie extranjerizada del país. Los ciudadanos estadounidenses, por sí solos, poseen más de 2,7 millones de hectáreas, una extensión superior a la totalidad de la provincia de Tucumán.

La derrota parlamentaria del oficialismo no clausura la discusión. Patricia Bullrich ya anticipó que el proyecto volverá al Senado el próximo 6 de agosto. Sin embargo, el episodio dejó una enseñanza política difícil de ignorar. Cuando la discusión deja de girar alrededor de conceptos abstractos como la libertad económica y comienza a involucrar el control del territorio, el agua, los minerales o las fronteras, incluso algunos de los aliados más fieles del Gobierno parecen descubrir que existen límites que el mercado no alcanza a explicar. En una provincia como Salta, donde la extranjerización ya no es una hipótesis sino una realidad medible, esa discusión adquiere una dimensión mucho más concreta que cualquier eslogan libertario.