El Mundial 2026 arrancó en el Estadio Azteca con un aire de fiesta y polémica. Es el torneo más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede. Detrás de este espectáculo deportivo se acumulan visas denegadas, obras inconclusas, precios inaccesibles y un negocio que beneficia casi exclusivamente a la FIFA.
Don Veronelli
Cuando México, Estados Unidos y Canadá obtuvieron la sede en 2018, la promesa era austeridad. La infraestructura ya existía y se evitaría construir estadios desde cero. Boston Consulting Group estimó un gasto de 2.000 millones de dólares, pero Sport Business proyectó hasta 20.000 millones, cifra comparable a Brasil 2014 y Rusia 2018. En la práctica, el dinero público fluyó con generosidad: México destinó miles de millones de pesos a transporte y urbanismo; Atlanta comprometió 120 millones de dólares; Toronto multiplicó por diez su presupuesto inicial. El Estadio Azteca, rebautizado como Banorte Ciudad de México, se convirtió en símbolo del gasto excesivo, con remodelaciones millonarias y palcos privados de lujo.
Economistas advierten que el problema no es cuánto se invierte, sino en qué se deja de invertir. Brasil 2014 es el espejo: estadios costosos, crecimiento económico mínimo y protestas sociales constantes. El Mundial 2026 corre el mismo riesgo de ser recordado más por sus contradicciones que por sus goles.
Entradas, FIFA y migración
El precio de las entradas expresa la desigualdad que atraviesa al planeta. En Qatar 2022, un boleto de categoría 1 costaba 220 dólares; en 2026 supera los 1.000. Para la final, la reventa alcanza cifras obscenas: más de 32.000 dólares por un asiento. La FIFA implementó precios dinámicos que penalizan a los hinchas más apasionados. Gianni Infantino defendió la política con cifras selectivas, pero los partidos de mayor demanda son inaccesibles para el público medio. Al mismo tiempo, la FIFA redujo su inversión en fútbol base: del 44% de sus costos en 2022 al 36% en 2026, con proyecciones de caída al 29%.
La política migratoria de Donald Trump empeoró la situación, ya que en enero de 2026 se congeló el procesamiento de visas para 75 países, afectando directamente a selecciones clasificadas como Argelia, Senegal y Túnez, además de Brasil, Colombia e Irán. Se exigieron depósitos de hasta 15.000 dólares como garantía de salida, medida revertida parcialmente tras negociaciones con la FIFA. Amnistía Internacional denunció la falta de criterios de derechos humanos en la adjudicación del torneo.
Casos emblemáticos ilustran este filtro innecesario: el árbitro somalí Omar Artan fue bloqueado pese a contar con acreditación y pasaporte diplomático; la delegación iraní sufrió rechazos masivos de visas y debió trasladar su base a Tijuana. Incluso jugadores como Aymen Hussein fueron retenidos e interrogados durante horas en aeropuertos estadounidenses. El trasfondo político convirtió al Mundial en escenario de tensiones migratorias y diplomáticas.
Obras inconclusas, incidentes y contradicciones
Las sedes mexicanas llegaron al inicio con obras inconclusas. Guadalajara apenas avanzó 65% en su BRT eléctrico; Monterrey no terminó las nuevas líneas de metro; Ciudad de México enfrentó transporte público desbordado. El gasto federal superó los 4.500 millones de pesos sin transparencia clara. En EE. UU., revisiones de seguridad excesivas a delegaciones y aumentos de tarifas de transporte generaron críticas. Incidentes violentos reforzaron la percepción de fragilidad: un tiroteo en Kansas City dejó nueve heridos cerca de la base de Inglaterra; en Toledo, Ohio, un festival comunitario terminó con doce heridos por disparos. Incluso hubo advertencias sobre serpientes y cocodrilos en sedes de equipos europeos.
La inauguración en Ciudad de México estuvo marcada por protestas sociales. Miles de maestros marcharon y colectivos de familiares de desaparecidos exigieron visibilidad para la crisis de 134.000 personas desaparecidas en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum denunció un plan desestabilizador y desplegó miles de efectivos para acordonar el estadio.
El Mundial 2026 expone con crudeza la brecha entre el discurso de la FIFA sobre el fútbol como patrimonio universal y la realidad de un torneo diseñado para maximizar ingresos. Las ciudades anfitrionas abrieron sus arcas públicas, pero los beneficios directos van a Ginebra. Los hinchas enfrentan precios abusivos, bloqueos migratorios y controles excesivos. Las delegaciones debieron adaptarse a decisiones políticas ajenas al deporte. Infantino, en la conferencia previa, habló de una “nueva generación de aficionados”, mientras afuera persistían tránsito, inseguridad y protestas. El fútbol comenzó puntual; las contradicciones también.
