La discusión por la renovación de la Auditoría General de la Provincia transcurre entre pedidos de juicio político, denuncias cruzadas y pirotecnia mediática que enturbian el debate institucional. Mientras empiezan a delinearse los nombres y sectores que disputarían el control del organismo, vuelve a proyectarse la sombra persistente del romerato y de las heridas nunca cerradas del Fondo de Reparación Histórica.

 

El desguace del otrora Tribunal de Cuentas de la provincia, que funcionaba en la hoy derruida edificación de la calle Gral. Güemes al 500 pareciera que cumple su ciclo fáctico.

Hasta la década de los 90 la burocracia de las leyes referidas y reglamentaciones internas volvían al Tribunal en un plenario trabajoso para lograr las mayorías y firmas necesarias para avanzar en los controles, determinaciones y hasta los juicios de responsabilidad administrativa, las nuevas ideas fuerza del flamante gobierno provincial neoliberal del novel Juan Romero, propiciadas por hombres como Luis Adolfo «el Obiche» Saravia, Edgardo «Quico» Oviedo fundamentalmente, sembraban los nuevos influjos de reestructuración del Estado provincial.

La consensuada reforma constitucional del año 1998, más allá del único punto estelar, sobre la posibilidad de una única reelección del Ejecutivo provincial; otras intenciones cuasi veleidosas eran instrumentar institutos tales como el Consejo de la Magistratura local y, avanzar en un nuevo modelo de control técnico contable estatal creando refulgentemente la Auditoría General de la Provincia, solapando la Sindicatura General de la Provincia; es decir dividir las funciones de control y a su vez que tengan distinta dependencia jerárquica.

Se dictó, entrando el siglo XXI, la ley instrumentadora de la Auditoría General, con un prioritario concepto político roussoneano: las mayorías mandan pero con la existencia de minorías.

Y así pasó el tiempo, con auditores con mandatos reelegibles de cinco años; pero siempre con una contundente representación del emporio limachino.

En el orden técnico, la validación de temáticas tales como las resonantes e inteligibles “cuentas generales del ejercicio” gubernamental provincial, hubo etapas donde se demoraron en demasía su validación pero al final llegaron… bien o mal, pero llegaron…

En el orden de la presidencia de la institución, hubo presidentes de diversos talantes, capitalinos y del interior; pero siempre con un sesgo de Horizontes precisos…

Pero ahora llama la atención que un presidente saliente, ante la comunicación que no le será renovado su mandato luego de diez años en la presidencia, la cual tiene un mandato de dos años, desande un camino de agresivas denuncias, donde se haga eco un legislador con visibles nexos familiares y sociales con el emporio en cuestión.

El dato de la realidad es que al Auditor Javier Cancinos se le vence el mandato en agosto del corriente año y tanto con el presidente provisorio Marcos Segura Alsogaray, como con la única mujer auditora Elsa Pereyra Maidana, y ya con la vigencia del nuevo plazo de la última reforma constitucional donde le quedan cuatro años más, es poco creíble que actúen con desdén e incumplan la normativa vigente y aplicable a la temàtica en cuestión.

Hay quienes sostienen que, el apriete institucional es una forma de válida para ocupar o mantener espacios de poder. Así pareciera que pasó allá por el año 1993 cuando le promovieron juicio político a tres miembros de la Corte de Justicia de entonces: Gaspar Solá,  Mario J’allad y Armando Frezze. Dicen los memoriosos que a pedido de un magistrado padre de un saliente ex gobernador salteño, para preparar así la llegada por el voto popular del primer gobernador que instauraría el modelo gubernamental de doce años consecutivos ejerciendo el poder y “manejando la lapicera”, dando lugar al dicho escuchado en los salones del subsuelo del hotel Provincial allá en la madrugada de octubre de 2007: “me parece que pasamos de un sistema cuasi mafioso de poder a un sistema de clan de poder”