Multas y arrestos como respuesta al acoso escolar: la receta de Omar Exeni suena firme, pero choca con años de estudios que muestran su ineficacia. Mucho gesto punitivo, poca solución de fondo. En lugar de abordar la complejidad del fenómeno, la iniciativa recurre
a una salida rápida que traslada responsabilidades y promete orden sin evidencia real
de impacto. Mientras tanto, el problema sigue intacto en las aulas.
Kim Im Porta
En Salta, cuando aparece un problema complejo, la tentación de resolverlo con castigo vuelve a escena. Esta vez, como tantas otras, metiendo mano al Código Contravencional para habilitar multas e incluso arrestos para padres de chicos involucrados en situaciones de bullying. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Omar Exeni, introduce el artículo 88 bis y crea una figura que, en términos simples, sanciona la “omisión parental” frente al acoso escolar.
La propuesta tiene algo de deja vú: ante un fenómeno social difícil de abordar —multicausal, persistente y profundamente vinculado al clima escolar— la respuesta elegida es endurecer sanciones. Pero no contra los agresores directamente, sino contra sus familias.
El problema es que esta lógica, aunque suene firme y “con carácter”, ya fue probada en otros contextos. Y no funcionó.
Lo que dice la evidencia (y no es opinable)
Desde hace al menos dos décadas, la investigación internacional viene evaluando políticas punitivas frente al bullying. El resultado es bastante consistente: castigar más no reduce el problema.
La American Psychological Association revisó programas disciplinarios en escuelas de Estados Unidos y concluyó que las políticas de “tolerancia cero” —basadas en suspensiones, expulsiones y sanciones severas— no solo no disminuyen la violencia, sino que aumentan la reincidencia y el desapego escolar.
En la misma línea, el U.S. Department of Education encontró que las instituciones con mayor uso de castigos duros no registran mejores indicadores de convivencia. Sí registran, en cambio, más abandono escolar y más conflictos. Traducido: más castigo, menos escuela. Y el bullying sigue ahí.
Problema complejo, solución simplista
El punto ciego de la iniciativa es conceptual. El bullying no es una conducta aislada que pueda corregirse como quien ajusta una pieza defectuosa. Es un fenómeno relacional: involucra agresores, víctimas, testigos, dinámicas grupales y un contexto institucional.
El psicólogo noruego Dan Olweus, uno de los principales referentes en la materia, demostró que los programas más efectivos son aquellos que trabajan sobre el clima escolar en su conjunto, no sobre la sanción individual. Sus intervenciones lograron reducir el acoso hasta en un 50%, sin necesidad de recurrir al castigo como eje central.
La reforma salteña, en cambio, reduce el problema a una ecuación mucho más rudimentaria: si hay bullying, es porque fallaron los padres. Y si fallaron, se los multa o se los arresta.
Es una simplificación que puede sonar atractiva en términos políticos, pero que no resiste demasiado análisis.
De la escuela a la comisaría
Otro efecto preocupante es el desplazamiento del conflicto. Lo que antes se abordaba —al menos en teoría— dentro de la escuela, con herramientas pedagógicas y comunitarias, ahora puede terminar en el circuito contravencional.
Este fenómeno no es nuevo. En la literatura criminológica se lo conoce como expansión del poder punitivo: problemas sociales que antes se resolvían en ámbitos específicos (educativos, sanitarios, comunitarios) pasan a ser gestionados por el sistema sancionador.
El riesgo es claro: judicializar conflictos que requieren intervención pedagógica. Y hacerlo, además, sobre actores —las familias— que muchas veces carecen de recursos reales para responder a las exigencias institucionales.
Reflejo punitivo versión salteña
La iniciativa de Exeni también puede leerse en clave política. No es un dato menor el perfil del autor: un romerista de la primera hora, con trayectoria en la estructura tradicional del poder provincial, que en 2020 fue denunciado por emitir 125 cheques sin fondos desde su empresa de fiambres.
Hoy, con aspiraciones que lo acercan a una posible candidatura a intendente, el proyecto aparece como una jugada de posicionamiento: mano dura, discurso sencillo, respuesta rápida.
En criminología, este tipo de estrategias tiene nombre: populismo punitivo. Consiste en ofrecer soluciones penales o sancionatorias a problemas complejos, apelando más a la demanda social de castigo que a la evidencia disponible. No es necesariamente ilegal. Pero sí, muchas veces, ineficaz.
¿Y si el problema no es la falta de castigo?
La ley de convivencia escolar vigente en Argentina (Ley 26.892) va en una dirección bastante distinta: promueve el abordaje preventivo, el diálogo, la construcción de acuerdos y la intervención temprana. No es casual. La evidencia muestra que el bullying se reduce cuando: hay reglas claras dentro de la escuela, los docentes intervienen activamente , se trabaja con todo el grupo y se fortalecen los lazos comunitarios
Nada de eso aparece en la reforma contravencional. En cambio, se apuesta a un mecanismo indirecto: presionar a los padres con sanciones. Como si el miedo a una multa pudiera reemplazar la complejidad del trabajo educativo.
En definitiva, la iniciativa tiene todos los rasgos de una política simbólica: responde rápido, comunica firmeza, identifica culpables y promete orden. Pero no ataca las causas del problema.
Peor aún, puede generar efectos adversos: familias que evitan vincularse con la escuela por temor a sanciones, conflictos que se agravan en lugar de resolverse, y una creciente desconfianza entre instituciones que deberían trabajar juntas.
El bullying es un problema real, grave y urgente. Nadie discute eso. Lo que sí está en discusión es cómo abordarlo.
La experiencia comparada, los estudios académicos y los programas exitosos coinciden en algo básico: el castigo, por sí solo, no alcanza. Y cuando se convierte en la herramienta principal, suele fallar.
En Salta, el debate recién empieza. La pregunta es si vamos a discutir en serio —con evidencia, con datos, con rigor— o si vamos a seguir apostando a soluciones que suenan bien, pero funcionan mal.
