Esta semana de marzo de 2026 quedará marcado en la memoria institucional y política de Salta como el día en que el Banco Central de la República Argentina decidió reconfigurar de manera drástica su presencia territorial.
Don Veronelli
En el marco de la denominada Fase 4 del programa monetario impulsado por la administración de Santiago Bausili, el Directorio del BCRA formalizó el cierre de doce agencias y tesorerías regionales, entre ellas la histórica tesorería de Salta, una decisión que desde el primer momento encendió alarmas en despachos oficiales, en las mesas de los bancos locales y en los sindicatos que representan a los trabajadores del sector.
El Central justificó la medida como una adecuación de la red motivada por la “desmaterialización” del peso: la circulación de billetes de mayor denominación —los nuevos $10.000 y $20.000— y la caída abrupta del volumen físico en la calle, con el billete de $1.000 reduciéndose de 6.200 millones de unidades a menos de 1.680 millones entre mediados de 2024 y marzo de 2026, según los datos que el propio organismo difundió. A ese fenómeno se sumó, según el BCRA, la aceleración de la digitalización de los pagos y la interoperabilidad de códigos QR, factores que, en su diagnóstico, hacen sobredimensionada la red de sedes físicas y justifican un ahorro en costos de seguridad, personal y logística.
Cómo nos afecta
En Salta, sin embargo, la lectura fue otra. La clausura de la tesorería local no se percibe como un mero ajuste técnico sino como un cambio de paradigma con consecuencias concretas para la vida cotidiana y para la economía regional. Los bancos que hasta ahora podían retirar efectivo y devolver billetes deteriorados en la sede provincial deberán ahora organizar traslados a nodos mucho más lejanos, con el consiguiente aumento de tiempos y costos.
Comerciantes y municipios, acostumbrados a resolver picos de demanda con la disponibilidad inmediata de billetes, miran con preocupación la llegada de fechas sensibles —aguinaldos, feriados largos— en las que la ausencia de un stock de reserva en la ciudad podría traducirse en demoras en la recarga de cajeros automáticos y en restricciones de extracción que afectarían sobre todo a los sectores más dependientes del efectivo.
En los pueblos, donde la bancarización aún no es plena, la decisión del Central se siente como una pérdida de soberanía operativa: lo que antes se resolvía en la propia provincia ahora dependerá de rutas largas, de nodos regionales remanentes o incluso de envíos desde Buenos Aires.
La reacción gremial fue inmediata y contundente: La Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, declaró el estado de alerta y movilización y planteó que el cierre de sedes constituye un primer paso hacia un vaciado operativo del organismo. En Salta la medida golpea de lleno a 32 trabajadores de planta, cuyo futuro laboral se convirtió en el epicentro de la disputa.
El sindicato convocó al Consejo Directivo para el 31 de marzo con la intención de definir medidas de fuerza que, según fuentes gremiales, podrían no traducirse en un paro general inmediato sino en quites de colaboración selectivos: restricciones en la logística de caudales y en la carga de cajeros durante fines de semana largos, acciones que tienen el potencial de generar un malestar social rápido y de presionar al Gobierno a abrir negociaciones. En la provincia, dirigentes sindicales y representantes políticos locales ya comenzaron a reclamar la intervención del Ministerio de Trabajo y a exigir garantías para los puestos y para la continuidad de un servicio que, sostienen, no puede quedar supeditado únicamente a la velocidad de la digitalización.
La discusión trasciende lo laboral y entra de lleno en la esfera de la seguridad y la gestión del riesgo. Al concentrarse el efectivo en menos puntos físicos, aumenta la densidad de valor por metro cuadrado en los nodos que permanezcan operativos, lo que obliga a repensar protocolos de blindaje, custodia y ciberseguridad. El transporte de billetes de alta denominación modifica además las reglas del juego: un camión cargado con billetes de $20.000 transporta una fortuna muy superior a la que se movía con billetes de menor valor, y eso exige seguros, escoltas y medidas policiales distintas.
Para una provincia como Salta, con extensas zonas rurales y rutas que en épocas de lluvia o de clima adverso pueden volverse intransitables, la centralización implica un riesgo operativo que no se resuelve con comunicados técnicos.
En el plano político, la decisión del BCRA abrió una pulseada entre el Gobierno nacional y los referentes provinciales. Legisladores y autoridades municipales comenzaron a reclamar medidas compensatorias: la instalación de nodos alternativos, convenios logísticos con fuerzas de seguridad provinciales y programas de apoyo para acelerar la digitalización en zonas rurales sin dejar a nadie atrás.
Los bancos comerciales, por su parte, enfrentan la ecuación de trasladar los mayores costos de transporte a sus balances o a los usuarios; históricamente, esos incrementos terminan repercutiendo en comisiones más altas, límites de extracción más estrictos y menos incentivos para mantener sucursales en localidades alejadas, una dinámica que podría profundizar la brecha entre el centro y el interior.
Lo que se viene
Lo que sigue es una negociación que promete ser áspera, en las próximas semanas la pulseada se trasladará al Ministerio de Trabajo y a las mesas de diálogo entre el BCRA, el gremio y las entidades financieras. El Gobierno apuesta a que la expansión de los pagos electrónicos amortigüe el impacto y que el ciudadano común no perciba la falta de billetes físicos; el sindicato, en cambio, buscará demostrar que el efectivo sigue siendo central en el interior profundo.
Para Salta, la clave estará en las medidas concretas que se acuerden: si se garantizan mecanismos de abastecimiento alternativos, si se protegen los puestos de trabajo y si se implementan compensaciones logísticas, la provincia podrá mitigar los efectos inmediatos. Si no, la clausura de la tesorería quedará como un símbolo de la tensión entre una modernización impulsada desde Nación y la necesidad de mantener una red física que asegure liquidez y servicio en las provincias.
