Dos causas judiciales en Salta y Orán exponen un mismo mecanismo de fraude: el uso —real o simulado— del lenguaje jurídico para engañar. Un abogado acusado de abusar de la firma en blanco de su expareja y un falso profesional que cobraba por gestiones inexistentes revelan cómo la confianza puede convertirse en herramienta del delito.
LS
Dos historias separadas por kilómetros y unidas por el mismo hilo: la confianza como herramienta de fraude. En Salta capital, un abogado con título es juzgado por haber usado la ley como máscara. En Orán, un hombre sin título habría hecho lo mismo, pero desde la impostura. En ambos casos, el derecho aparece torcido, puesto al servicio de una mecánica simple: convencer, firmar, cobrar.
El juicio que comenzó esta semana en la capital salteña tiene como protagonista a un abogado denunciado por su expareja. La acusación —defraudación por abuso de firma en blanco y estafa en grado de tentativa, en concurso real— describe un procedimiento que no necesita demasiada sofisticación, pero sí un insumo clave: la intimidad.
Según la denuncia, la mujer conoció al imputado en 2012. Al año siguiente lo consultó por la compra de un terreno en Cerrillos. El vínculo profesional derivó en relación personal: se casaron en 2015 y él se mudó a una casa que, según el relato, había sido construida con el esfuerzo económico de ella. La escena cambia pocos meses después. Aparecen episodios de violencia, una denuncia policial, una reconciliación breve. Y en ese intervalo, el pedido: firmar papeles en blanco “para trámites judiciales”.
La firma —ese gesto mínimo que legitima un acto— queda flotando en el tiempo. En noviembre de 2017, vuelve convertida en otra cosa: una carta documento en la que el acusado invoca una cesión gratuita de derechos sobre el inmueble a favor de sus hijos. La mujer lo niega, rechaza el contenido e intima la restitución. El intento de homologación judicial fracasa, pero la maniobra ya estaba en marcha.
El proceso, a cargo de un tribunal colegiado, avanza ahora en la etapa testimonial. La fiscalía sostiene que no se trató de un conflicto doméstico sino de un aprovechamiento deliberado de la confianza, con herramientas jurídicas como cobertura.
El otro caso
A más de 250 kilómetros, en Orán, la historia cambia de escenario pero no de lógica. Allí, un hombre de 40 años fue imputado por usurpación de título y estafa en concurso ideal. No era abogado, pero habría sabido construir la apariencia suficiente para parecerlo.
La investigación comenzó con una denuncia anónima. Después llegaron los testimonios: personas que dijeron haber pagado por asesoramiento legal, gestiones judiciales o trámites que nunca se concretaron o carecían de validez. En algunos casos, la relación no terminaba con el engaño inicial: la documentación entregada quedaba retenida y su devolución condicionada a nuevos pagos.
El expediente describe un método repetido: presentarse como abogado, captar clientes en contextos de urgencia o vulnerabilidad, cobrar honorarios y operar con papeles sin respaldo. No hacía falta un estudio jurídico, bastaba con el gesto seguro y algunas palabras técnicas.
El allanamiento en su domicilio confirmó, al menos en parte, la escenografía: sellos, dispositivos electrónicos, documentación. Objetos que, fuera de contexto, no dicen nada; dentro de este, sugieren un oficio aprendido sin matrícula.
Entre ambos casos no hay contacto, pero sí un espejo. Uno tenía título y habría abusado de él; el otro no lo tenía y habría construido uno ficticio. En los dos, la ley aparece como lenguaje y como herramienta: algo que se firma, se muestra, se invoca.
Lo que se discute en los tribunales no es solo la comisión de delitos económicos. Es también una forma de poder más silenciosa: la de quien entiende —o finge entender— el funcionamiento de la justicia y lo usa para inclinar la balanza. Porque, al final, no se trata únicamente de dinero o de propiedades. Se trata de quién sabe leer un papel… y quién confía en esa lectura.
