Mujeres que continúan desaparecidas, casos extremos de violencia machista, sin representante de organizaciones sociales en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, a 10 años de la emergencia social por violencia de género, qué políticas faltan.
Andrea Sztychmasjter
En un contexto nacional que ataca todo apoyo estatal a la prevención de la violencia de género, las violencias contra las mujeres y personas de la diversidad se hacen sentir con más fuerza en las calles. Esta semana tras aprobarse otra vez la prorroga Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la Provincia de Salta, por dos años más como desde hace 10, organizaciones de mujeres solicitaron a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de políticas públicas provinciales en torno a la temática, que brinden respuestas acerca de lo que se viene haciendo en esta década.
El 8 de septiembre de 2014 mediante Decreto N° 2.654/14 se declaró la “Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la Provincia de Salta por el término de dos (2) años” (Art. 1), la cual fue aprobada mediante la Ley Provincial N° 7.857. Asimismo, la Emergencia se prorrogó en cuatro oportunidades, mediante Ley Provincial N° 7.943/16, N° 8.110/18, Nº 8.214/20 y N° 8.342/22.
En la misma semana que Mónica Toscano, una conocida comerciante y artista de la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, fue apuñalada por su ex pareja, un hombre de 56 años identificado como Walter Laguna y ante la exigencia de la aparicion con vida de Jesica Gutierrez, desaparecida el ١١ de septiembre, cuando volvía del trabajo en La Caldera, organizaciones de mujeres solicitaron respuestas sobre la nueva prórroga de la Ley de Emergencia Social por violencia de género en la provincia de Salta, “así como también las acciones realizadas durante estos diez años y las proyectadas para lograr la disminución de este flagelo social, que nos afecta directamente a las mujeres y diversidades”.
Lo que dice el OVCM
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres realizó un informe a propósito de la década de emergencia en donde refieren a diferentes puntos analizados sobre las leyes, programas y proyectos implementados y qué políticas faltan realizar en nuestra provincia-.
Si bien el informe tiene más de 50 páginas en este artículo solo nos detendremos en referir a los 10 puntos señalados dentro del análisis.
Los casos de femicidios no han disminuido. El informe señala que Salta se encuentra por arriba de la tasa media nacional en todo el periodo 2014-2023 (Datos provistos por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)
Déficit en el personal dedicado a la atención y prevención. Tanto las áreas como la Secretaría carecen de recursos humanos necesarios para el abordaje integral, sobre todo en los días y franjas horarias de mayor demanda.
Falta de trabajo interdisciplinario. El informe señala que la mayoría de las personas no se les ofrece la intervención profesional de fondo y sostenida en el tiempo (patrocinio jurídico especializado y accesible, tratamiento terapéutico, subsidios y/o servicios sociales, etc.), que en muchos casos es imprescindible para salir del círculo de la violencia.
Falta de capacitación en prevención. Las comisarías y la institución policial siguen siendo la que recepciona a las mujeres y sus denuncias.
Revictimización -Se requiere mayor articulación entre los distintos organismos intervinientes en el trayecto de las personas que atraviesan una situación de violencia de género y respecto a la información sobre dónde acudir.
El ámbito de la salud aún no incorpora la problemática como propia
La ausencia de financiamientos específicos para políticas de prevención, específicamente para garantizar la capacitación obligatoria en el marco de las leyes Micaela y de Educación Sexual Integral, se manifiesta en la continua reproducción de los patrones socioculturales que naturalizan estereotipos de género que podemos observar en la mayoría de las instituciones estatales.
La importancia de un enfoque desde la interseccionalidad que reconozca las violencias hacia la población LGBTIQ+, comunidades campesinas, indígenas, así como a las personas con discapacidad se constituye como un trabajo necesario de fortalecimiento y atención estatal.
Incluir a los varones en las políticas públicas. En Salta, solo hay dos programas específicos para ellos, con criterios de admisión limitados y sin atención a demanda de toda la provincia.
La violencia de género repercute de manera directa e indirecta en niñas, niños y adolescentes y, aún con subregistro, se evidencia el aumento de las denuncias de violencia sexual y también aquellas que ingresan en el ámbito de la violencia familiar.
