El jefe de los fiscales de Salta, Pedro García Castiella, denunció la contaminación del narcotráfico en la justicia y otros niveles de la administración pública. Orán y Aguas Blancas aparecen como casos icónicos en donde delincuentes conviven con políticos y logran imponerse como candidatos. El Partido Justicialista de Orán, entre otros, deben explicaciones sobre estos vínculos.
N. de R.
La pública denuncia que ha realizado el Procurador General de la Provincia de Salta, sometido a amenazas y presiones por el crimen organizado que ya tiene varias anclas en la institucionalidad de Salta, debiera despertar preocupación. No es sano para el ciudadano que el jefe de los fiscales que investigan delitos graves tenga que mudarse de casa y llegar al trabajo con altos niveles de custodia. Que queda para el ciudadano común?
Está claro que existe un conglomerado de criminales decididos a copar lugares de incidencia para facilitar la comisión de delitos y, especialmente, el crecimiento de la actividad vinculada con el tráfico de estupefacientes. Ellos son los que levantan las barreras para que sus adeptos se conviertan en jueces o funcionarios. El Departamento de Orán es la zona que eligieron los narcos para quedarse y ya avanzaron en puestos claves.
Basta para sopesar la grave invasión mencionar a algunos magistrados federales y provinciales, intendentes y funcionarios de menor monta que, bajo el calor oranense y aprovechando la cercanía con la frontera, aparecen sistemáticamente comprometidos en pesquisas vinculadas directa o indirectamente con la droga.
Hace unos años ganó fama el ex Juez Federal de Orán Raúl Reynoso, que de dictar sentencias condimentadas con dinero pasó a un calabozo en la cárcel federal de General Güemes. El detenido es ahora el suegro del intendente de Tartagal Franco Hernández Berni, lo que también despierta especulaciones varias.
También se sumó a las acusaciones por coimas el Fiscal Federal de Orán José Luis Bruno. ¿Es un caso aislado el de este funcionario? ¿O es la primera que se descubre un soborno en los 20 años que lleva en el cargo? ¿Que el acusador esté aceitado para aliviar a los narcos es el colmo que debemos soportar? Algunas versiones mencionan una vida licenciosa de este abogado que gusta de las mujeres, el alcohol y el fútbol. Estos perfiles son los que más fácilmente se exponen a aprietes y extorsiones. La regla habla de que sucumben a las tentaciones y sostienen niveles holgados de vida con el extra que proporciona la droga.
Tampoco la justicia salteña quedó fuera de las influencias de los traficantes y en estos días se ha pedido la destitución del Juez Claudio Alejandro Parisi, a quien García Castiella sospecha de otorgar privilegios procesales que eran abonados en dinero y con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes. Junto con él aparecen contaminados su secretario Maximiliano Germán Correa y el abogado Roberto Ortega Serrano. El año pasado el Procurador General también solicitó la destitución del juez Edgardo Laurenci, por irregularidades en relación a la fuga del sicario Lino Moreno y quedó expuesto como favorecedor del crimen organizado en el formato más crudo que es el que desprecia la vida a cambio de plata.
Ahora bien, ninguno de estos abogados podría haber alcanzado la condición de juez o fiscal o secretario, o podría trabajar como defensor, si no existieran graves defectos institucionales. En los procesos de selección siempre inciden los legisladores del departamento de Orán que ofician de padrinos. ¿Quiénes palanquearon a Parisi y a Laurenci? La depuración de los criterios políticos del Consejo de la Magistratura de Salta se encuentra pendiente. ¿Es que el Colegio de Abogados tampoco disciplinará a los abogados de los narcos que colaboran para que se expanda el delito?
No podemos dejar de mencionar el caso del ex senador y ex intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Pablo González, quien en su momento designó como coordinador de su gabinete municipal al contador y autoproclamado empresario José Dimas Ruiz, hoy detenido por haber entregado a una empresa cliente en un robo con armas, en poblado y en banda, del que participó personalmente.
Dimas Ruiz había multiplicado vertiginosamente su patrimonio, como también repartía dinero de origen desconocido para la tarea política del peronismo local. Con el tiempo, escuchas telefónicas develaron que sostenía vínculos con Cristian “Gringo” Palavecino, apuntado como jefe del crimen organizado en Orán y acusado de cometer delitos graves como asesinato, el robo a la frutihortícola Abra del Sol y planificar otro robo en contra del empresario Salvador Muñoz con armas automáticas y con silenciadores.
Pablo González llegó a proponer a Dimas Ruiz como senador provincial en 2023, lo que fue aceptado por todos los intendentes y legisladores del PJ. No logró ser candidato porque fue detenido días antes del vencimiento del plazo luego del robo a la empresa Abra del Sol. Está claro que no existe filtro en el peronismo de Orán.
El caso de Carlos Alfredo Martínez (alias “Conejo”), actual intendente de Aguas Blancas es emblemático, porque se trata de una persona que ya tuvo condena por delito de tráfico de estupefacientes. Apenas asumió su hermano fue asesinado a balazos. Algunas versiones hablan de que quería comprar un helicóptero para transitar los cielos de Salta. Solamente la impudicia de quien crece económicamente a la sombra de los narcos podría financiar semejante capricho.
Martínez promovió su candidatura con aval del peronismo de Orán, pero utilizando un partido satélite.
Pocos creen que por ingenuidad el PJ salteño aprueba este tipo de incorporaciones. Por el contrario, gran parte de la ciudadanía considera que las necesidades de financiamiento de la política se cubren con acuerdos en los que se intercambian promesas de favores de impunidad o vista gorda contra dinero contante y sonante en las campañas.
Las especulaciones de García Castiella son razonables y justificadas. En Marzo incautaron 300 kilos de cocaína en un cambión de bomberos en Orán. En abril se enfrentaron a tiros dos bandas narcos en pleno centro de esta ciudad y dejaron tirados 180 kilos de cocaína y un automóvil. Se tratan de episodios que permiten especulan con la dimensión de la droga traficada.
Las aspiraciones de los narcos por gobernar la frontera en donde se trafica tienen lógica considerando que son pasos activos de la droga. Hace una semana efectivos de Gendarmería y la Policía de Salta desarticularon una operación de narcotráfico en “Finca Medina”, entre la intersección de los ríos Tarija y Bermejo. Secuestraron 122 kilos de cocaína tras un enfrentamiento armado con 20 narcos de los cuales murió uno. ¿Cuántas más pasan desapercibidas y cumplen el objetivo de llevar droga al sur del país o al exterior?
Las elecciones del año que viene nuevamente pondrán a prueba a los políticos oranenses. La corrupción y el narcotráfico seguirá intentando colar personajes afines en lugares estratégicos. Casi siempre busca lugar en las filas del PJ en donde mandan muchos oranenses. ¿Quienes son los peronistas del norte que les abren las puertas? Basta con consultar el listado de autoridades del PJ. (ver recuadro aparte)
