Unas 50 hectáreas en la puna podrían ser entregadas en comodato por 20 años a una empresa fantasma para la gestión de residuos mineros. El pedido realizado al gobierno provincial no sólo pone en juego el medio ambiente, sino también la transparencia en los procesos de concesión. Pormenores de un negocio millonario y poco explorado en el que todos los caminos conducen a la Cámara Minera de Salta.
Jerson De Cecco
La gestión integral de residuos mineros se abre paso en la provincia en un escenario marcado por el impulso del litio y otros minerales. Su desarrollo está cimentado en obligaciones legales y ambientales, pero también en su carácter de negocio rentable. De allí que los emprendimientos mineros hayan decidido prestar cada vez más atención al asunto con el objetivo solapado de absorber el rubro.
La ecuación es sencilla. Todo proyecto minero debe, por normativa, garantizar el tratamiento integral de sus residuos, lo que naturalmente representa un costo. A eso debe sumarse la exigencia de subcontratar empresas y mano de obra local. Entre las estrategias de algunos megaemprendimientos mineros para sortear estos escollos figura la creación de sociedades interpuestas o “empresas fantasma”, sin historial comercial, domicilio, ni beneficiarios finales. De esta forma, la firma a cargo del proyecto acapara la totalidad del negocio ante el escaso o nulo poder de control por parte del estado.
La mecánica es tan conocida como rudimentaria y, a pesar de la negación oficial, los ejemplos siguen apareciendo. A fines del mes pasado ingresó en los despachos de la Secretaría de Tierra y Bienes, dependiente del Ministerio de Infraestructura, una peculiar solicitud: la empresa “Centro Ambiental de la Puna SAS” requirió al organismo la cesión en comodato por el término de 20 años de una fracción indivisa de 49 hectáreas sobre la matrícula catastral N° 1480 del departamento Los Andes.
De acuerdo a la solicitud, el propósito de la empresa es llevar a cabo en dicha porción de terreno “un centro de gestión integral de residuos sólidos urbanos, residuos industriales, residuos mineros, residuos peligrosos, y cualquier otro tipo de residuos generados por terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, su tratamiento y disposición final, así como también actividades de reciclaje y reutilización de materiales provenientes de los residuos, promoviendo la economía circular y la reducción del impacto ambiental”.
El pedido no menciona a un proyecto minero en particular y, por las dimensiones de la planta, se presume que podría tratarse de un intento por abarcar la mayoría -sino todas- de las explotaciones mineras de la puna.
Llamativamente o no, no existen registros de ningún tipo sobre la razón social “Centro Ambiental de la Puna SAS”. La firma no figura en plataformas de big data empresarial como cuitonline o Nosis, tampoco hay rastros de su constitución en el Boletín Oficial. Del pedido al gobierno provincial apenas se desprende que su “domicilio legal” está constituido en un lote del club de campo La Aguada, en San Lorenzo chico.
El nombre “Centro Ambiental de la Puna SAS”, de hecho, guarda una extraña similitud con un proyecto del gobierno de la provincia de Jujuy denominado “Centro Ambiental Puna”, dedicado al tratamiento, valorización y disposición final de residuos.
Como sea, los conocedores del paño aducen que una concesión de esa envergadura jamás prosperaría sin la anuencia y supervisión de los mandamases de la Cámara de la Minería de Salta. Los manejos del consorcio empresarial trascienden el mero corporativismo y, los más adentrados en el tema, aseveran que no hay contrato que prospere sin su aprobación. Es en ese contexto que el pedido de “Centro Ambiental Puna SAS” nos remite a la vieja metáfora del zorro cuidando el gallinero.
Beneficiarios finales
Un documento elaborado en 2020 por la ONG Poder Ciudadano titulado “Riesgos de corrupción en concesiones mineras: Oportunidades para la integridad y transparencia en el sector minero argentino”, enumera algunas de las viejas maniobras del sector empresarial para hacerse de concesiones en forma ilícita.
En el capítulo 64, denominado “beneficiarios finales no identificados”, puede leerse: “La existencia de beneficiarios finales (o dueños) no declarados en las empresas titulares de derechos mineros da lugar a la posibilidad de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, conflictos de intereses inmanejables, favoritismo, nepotismo, entre otro tipo de ilicitudes”. El desarrollo del informe parece una descripción del escenario actual en la provincia.
Más adelante el documento subraya: “La posibilidad de que no se conozca quiénes son titulares finales y fácticos de un derecho minero implica el riesgo de que se violen tanto las prohibiciones del Código de Minería como las de las normativas de ética pública a nivel nacional y provincial, que buscan prevenir las situaciones de incompatibilidades y conflictos de intereses”. Y agrega: “En ese sentido, quienes sean beneficiarios finales podrían ser autoridades con cargos en el sector minero, o representantes del sector privado ligados a autoridades u otros ‘titulares no deseables’”.
Este último concepto, pone de manifiesto la necesaria connivencia entre el sector privado y el Estado en cada hecho de corrupción que involucra a la actividad minera.
Finalmente, el documento expresa: “En un sistema de ‘orden de llegada’, esto genera el riesgo de que las autoridades o la personas que receptan solicitudes puedan abusar de información privilegiada vinculada, ya que, al desconocerse la titularidad real del derecho, puede ser más complejo demostrar esta filtración y/o uso indebido de información privilegiada. Esto, en definitiva, compromete la integridad de todo el sistema de otorgamiento de derechos mineros”.
Una tonelada de basura por día
La gestión integral de residuos generados por la actividad humana en el ámbito minero se convirtió en un asunto de interés al calor del boom del litio. En los campamentos mineros la comida llega empaquetada en su totalidad y no se usan dispensers, sino botellas. Algunas estimaciones dan cuenta que en un campamento de 500 personas se produce una tonelada de residuos por día.
Los cálculos no son muy distintos a los que se dan en contextos urbanos. En épocas de bonanza, cada individuo genera en promedio 1,20 kg. de basura. En tiempos de malaria, ese índice se reduce a 0,60. Un argentino produce 1,15 kilos de basura en promedio por día. Esta cifra resulta en alrededor de 45 mil toneladas diarias de basura en el país.
La generación de residuos en la industria minera, a comparación con otras industrias, es significativa en volumen y diversa en composición, lo que además también demuestra la necesidad de una regulación específica que garantice su gestión adecuada.
Una de las particularidades de los residuos mineros es que, en muchos casos se generan en forma masiva y con un significativo volumen, por lo que el transporte y tratamiento, en caso de ser necesario, implicaría un impacto ambiental mayor, tanto debido a los numerosos viajes que deberían realizarse como al colapso de la capacidad en los sitios de tratamiento o disposición final. Esto sin mencionar el alto costo que dicha gestión impondría, haciendo la actividad inviable.
