El Dr. Farid Obeid, actual juez del Tribunal de Faltas de Tartagal, analizó el llamado a concurso para el cargo que convocó la Municipalidad de Tartagal y enfatizó en groseros errores detectados en el proceso, argumentando lo establecido en el artículo 54 de la Carta Orgánica. “Acudí con abogados constitucionalistas para entender el sentido del artículo”, agregó. La irregularidad de la convocatoria incluso fue notificada por la Asociación de Jueces de Falta del Noroeste Salta y Jujuy.
El artículo al que refiere Obeid es el artículo 54 de la Carta Orgánica Municipal, en el Capítulo Quinto “Tribunal Administrativo de Faltas y Contravenciones”. El párrafo reza: “Los miembros del Tribunal Administrativo de Faltas y Contravenciones serán designados por el Intendente con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros del Concejo Deliberante. Durarán cinco años en sus cargos y podrán ser nuevamente designados, en cuyo caso, adquirirán inamovilidad”.
El Dr. Obeid detalló una línea de errores que invalidan no solo la convocatoria en sí, sino que también afectaría a la recaudación del Tribunal en caso de continuar avanzando el proceso, abriendo nulidades por parte de los ciudadanos; dejando entrever la intromisión del ejecutivo municipal en el trabajo de un ente autárquico. “Esto es un atropello a las instituciones (…) el ejecutivo es la máxima autoridad dentro del estado de derecho y son los mismos que pisotean las normas”.
Obeid asumió el cargo de juez del Tribunal de Faltas el 18 de julio de 2016 (luego de la salida de la Dra. María Alejandra Rauch), con Sergio Leavy (entonces Intendente de Tartagal) tomando su juramento, con fecha estimada de cese de funciones el 18 de julio de 2021. Sin embargo, ya durante el gobierno municipal de Mario Mimessi, continúa su trabajo y suma, hasta la fecha, 8 años de trabajo. “No existió ninguna notificación de parte del ejecutivo municipal donde se me informe que quedé cesante, el cargo vacante y por lo tanto, que se llama a concurso”, explicó. “Presentarme a concursar el cargo habría sido avalar toda esta cadena de errores del estado municipal”, enfatizó.
Todavía más, se dio la “tácita reconducción”; es decir; se continuó pagando un sueldo y el Concejo Deliberante, incluso, le solicitó informes en calidad de Juez de Faltas sobre la recaudación de multas (a modo de ejemplo); actualmente desconocido por la gestión Hernández Berni. El argumento incluso encontró respaldo por una nota de la Asociación de Jueces de Falta del Noroeste Salta y Jujuy, firmada por su presidente; Dr. Diego Peretti Figueroa (Salta); elevada al ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante. “Amén que se estaría deslegitimizando el ejercicio del cargo en estos 33 meses (…) abren la puerta a posibles nulidades que el ciudadano pueda plantear en relación a multas abonadas, debiendo el estado (municipal) devolver todo ese dinero cobrado durante este último tiempo”, contextualiza.
“Estamos hablando de 33 meses de trabajo (…) 28 bajo la gestión de Mimessi y 5 bajo la gestión de Hernández Berni (…) Mimessi elevó una nueva designación al Concejo Deliberante para reconfirmar lo gestionado en ese tiempo, en noviembre del año pasado y esta gestión llama a concurso (…) para un cargo que no está vacante y olvidando que había una designación anterior de Mimessi, que el Concejo había pasado a comisión (sigue en stand-by)”, detalló. Una semana después del llamado a concurso (presumiblemente por notar el error), “presentan un proyecto del ejecutivo en el legislativo solicitando la derogación de la resolución enviada por Mimessi (…) el Concejo, en vez de tratar el proyecto de Mimessi en sesión ordinaria (donde podrían haberlo rechazado), decidieron; en comisión; aprobar la propuesta del ejecutivo actual en relación a la derogación de la resolución anterior”.
El Dr. Obeid confirmó que pidió la nulidad de todo el proceso y presentó revocatoria “porque el pliego no tiene temario” y agrega que la Comisión Evaluadora “está integrada por el intendente (Franco Hernández Berni), que si bien es abogado no tiene la especialidad en la materia; el secretario de gobierno (Ernesto Restom), que es ingeniero en sistemas; y el jefe de gabinete (Ignacio Benítez Ocampo), que tampoco es abogado”, siguió.
“Puedo gestionar un amparo ante cualquier juzgado, no sólo en lo contencioso administrativo y no por eso se detiene el concurso (…) queda abierta la vía judicial, ya que hay mucha jurisprudencia en el tema (…) el Tribunal de Faltas no es un apéndice de la Municipalidad con el que se puede hacer lo que se quiera, es un órgano independiente y la designación del juez es también independiente (…) se entiende que quieren poner a alguien que ellos quieran (…) si la justicia me acompaña, me tendrán que restituir el cargo, pagar sueldos caídos, los intereses y sería interesante saber quién lo va a pagar (…) porque siempre lo paga el pueblo, no el funcionario que se equivocó”, finalizó.
