El recambio municipal puso de relieve una serie de desmanejos de la gestión bettinista sobre los que escasean las respuestas. Las designaciones de amigos y la vergonzosa postulación de Amador en el Tribunal de Cuentas enturbian todavía más el panorama de cara al 10 de diciembre. 

 

La primera reunión formal entre los equipos de las intendencias saliente y entrante se dio casi seis meses después de la elección que consagró a Durand como el nuevo jefe comunal. A poco menos de 40 días del traspaso de mando, abundan las indefiniciones de la gestión actual respecto de temas claves, como: las obras sin finalizar, el estado financiero de la comuna, las designaciones de amigos y el polémica convenio por fotomultas.

En ese contexto, el equipo del intendente electo presentó un documento con múltiples requerimientos de información que esperan se contesten en los próximos días. Desde la gestión saliente juran y perjuran que llegarán al 10 de diciembre con todas las obras finalizadas y las cuentas balanceadas. No obstante, las primeras señales dan cuenta de todo lo contrario.

Los gremios, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas cobraron protagonismo en las últimas semanas, al advertir sobre arbitrariedades de todo tipo en el último tramo de la gestión.

Servicios paralizados por personal de paro

Uno de los epicentros de la lucha del personal nucleado en UTM fue la planta hormigonera municipal. Allí no sólo se denuncia un intento de vaciamiento sostenido desde los últimos años, sino también serias irregularidades en el manejo de los recursos. “Había una orden de que se les saque el gasoil a los camiones y las máquinas de la Municipalidad para dárselo a las empresas privadas”, denunció el secretario general de Ademus, César Molina.

La dependencia municipal se convirtió en el escenario desde donde también cobraron notoriedad las denuncias por las designaciones en la estructura inferior.

El titular de la Asociación de Empleados Municipales de Salta adelantó que realizarán una denuncia en la policía a fin de protegerse de represalias y acusaciones cruzadas. El sindicalista mostró su indignación y lamentó, una vez más, que la gestión actual de la intendenta, Bettina Romero, perjudica a los trabajadores.

Obras sin terminar

El gobierno actual puso como plazo máximo para la finalización de todas las obras en curso, un período de 30 días. A pesar del optimismo oficial, la realidad muestra que, toda vez que el ejecutivo municipal fijó fechas específicas para la conclusión de proyectos importantes, le erró por tres o cuatro meses. Sólo en el caso de la plaza 9 de julio, la empresa contratista dilató la entrega casi 180 días más de lo previsto.

Las explicaciones, en todo caso, son siempre las mismas: se debe a la compleja situación inflacionaria del país, y a la restricción en la entrega de insumos y productos como el hormigón, una cuestión que debería afectar a cualquier municipio o gobierno.

Otros ejemplos, en cambio, dan cuenta de una preocupante discrecionalidad. Es el caso de barrio Democracia, donde vecinos denunciaron que el municipio dejó obras inconclusas de cordón cuneta después de las elecciones, por haber acompañado electoralmente a Durand. Un hecho similar se registró en barrio Floresta.

En la zona macrocentro, en tanto, los vecinos celebraron esta semana el aniversario de un pozo de grandes dimensiones, en calles Santa Fe y Corrientes. Misma situación se presenta en la intersección de calles Tucumán y Santa Fe. En calles Santa Fe y Corrientes la Municipalidad empezó la repavimentación de la calzada, pero no solo fue abandonada sino que carece de señalización. En la intersección de calles Santa Fe y Tucumán, otro bache ni siquiera tiene redes naranjas o alguna advertencia. Lleva allí varios meses.

Desdoblamientos en la plaza

Entre los informes solicitados por el equipo de Durand al municipio figura la posibilidad de que se hayan concretado desdoblamientos en los contratos adicionales de la plaza 9 de julio. Existe desdoblamiento cuando se fracciona una contratación con la finalidad de eludir una modalidad de contratación exigida por ley. En concreto, se presume que existe desdoblamiento cuando en un lapso corto se efectúa otra contratación para adquirir bienes o servicios que se correspondan al mismo objeto contractual.

A lo largo de los casi 9 meses que llevó el plan de obras para la refacción de la plaza central, se incluyeron varios contratos adicionales. Las denominadas «obras complementarias» añadieron casi 165 millones adicionales fueron oficializadas en distintos decretos del ejecutivo municipal.

A bañarse a otro lado

La temporada de verano se avecina y promete altas temperaturas, y miles de salteños están a la espera de lo que será la inauguración de los distintos natatorios de la ciudad.

En ese contexto, fueron resonantes y llamativas las declaraciones de la secretaria de Deportes, Josefina Chávez Díaz. La funcionaria manifestó que existe una “decisión política” de no habilitar el balneario antes del 10 de diciembre. “El 15 de mayo hemos tomado la decisión de no comprometer el presupuesto para este 2023 y el 2024”, declaró.

Y agregó que: “La habilitación no está definida debido a que es una temporada carísima por el alto costo de los insumos de mantenimiento de las piletas, los cuales cotizan en dólares”.

Puentes y canales

Dos obras de envergadura de la gestión bettinista también están bajo la lupa: El puente sobre calle Ayacucho y la refuncionalización del Canal Yrigoyen. En el caso del nuevo viaducto sobre el rio Arenales, se sumaron obras complementarias por un valor de $17.971.368,42. De acuerdo a lo plasmado en la resolución N° 0056/23, los fondos complementarios serán destinados a «materializar protecciones de terraplenes de acceso al nuevo puente Ayacucho ubicado entre las avenidas Contreras y Saavedra de la zona sur de la Ciudad de Salta».

No es la primera vez que la Municipalidad vuelca fondos adicionales a la obra del puente sobre Ayacucho. En junio de este año, la Secretaria Legal y Técnica resolvió readecuar en 4 tramos el monto inicial del presupuesto de la obra, lo que supuso una erogación adicional de más de $33 millones de pesos. Esto amparado en el pedido realizado por la empresa y ante el argumento de haber sufrido “desequilibrios externos vinculados al proceso inflacionario”.

En el caso del canal Yrigoyen, no existen detalles sobre el avance de la obra ni la ejecución presupuestaria.

Ya en junio de este año, el concejo deliberante solicitó información al DEM con el objetivo de conocer: el avance de la obra, certificados parciales, plazo de obra por tramo y la fecha de finalización de la misma.

Cabe recordar que los vecinos y trabajadores que anteriormente se apostaban en la zona del canal, también pidieron informes.

Fotomultas: Ni un paso atrás

Los funcionarios del ejecutivo municipal confirmaron esta semana que las intenciones de avanzar en el polémico convenio con DETECTRA para la elaboración de fotomultas, sigue intacto.

La escasez de información atraviesa casi todos los aspectos del convenio, según entiende el Tribunal de Cuentas. En primer lugar, resaltan que no existe un estudio pormenorizado del valor de la inversión y que los costos resultan muy inferiores en relación a la recaudación que la empresa espera obtener. El Tribunal, además, no ha participado ni se le ha dado intervención en el proceso para las ubicaciones, modalidades, estadísticas actuales, etc.

 

Se supo, no obstante, que el número de multas que ingresaría al Tribunal de Faltas con los nuevos chiches sería exorbitante. El organismo estima -en base a cifras de otros municipios en los que ya funciona el sistema- que 7 cámaras disparan un promedio de 30.000 infracciones mensuales o mil infracciones diarias. Esa cifra, proyectada a la totalidad de los aparatos, implicaría que el número de multas se multiplique cuarenta veces en la ciudad de Salta.