Con nueve años de demora, se realizó la primera revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia que exige la Ley de Bosques. Si bien se aplicó el principio de no regresividad, no se avanzó en la penalización de los desmontes ilegales. Para fines de noviembre podría conocerse el nuevo mapa de áreas protegidas.

Nicolás Bignante

 

Más de 130 instituciones se reunieron esta semana para comenzar a delinear el nuevo mapa de áreas protegidas en el marco de las actualizaciones que exige la ley de Bosques. Se trata de la primera revisión, que debía realizarse allá por 2014. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal, estimó que a fines de noviembre pueda conocerse el nuevo mapa con las tres categorías de conservación.

Académicos, comunidades indígenas, sectores productivos, poder legislativo, gubernamental y judicial, reunidos por el Consejo Asesor de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), se encargaron de presentar cuatro escenarios en los que quedarán reflejadas de manera vinculante las opiniones de todos los participantes.

El equipo técnico que llevó a cabo la agenda de talleres y relevamientos estuvo conformado por instituciones como el INTA, UNSa, INENCO CONICET, INAI, Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Todos se reunieron ayer miércoles en Salta Capital para actualizar la zonificación de los bosques nativos de Salta en tres categorías de conservación: Rojo (I – muy alto valor de conservación), Amarillo (II – mediano valor de conservación) y Verde (III – bajo valor de conservación). Cada representante de institución asignó valores de cero a cien, según la mirada de la organización a la que representa, a los colores amarillo, verde y rojo. Al finalizar se labró el acta correspondiente con el mapa unificado por grupo.

Desde el equipo técnico aclararon que debe aplicarse el prncipio de no regresividad, es decir que no podrá ampliarse el número de hectáreas donde los desmontes están permitidos. En concreto, el mapa no puede agrandar sus zonas verdes. En el ordenamiento territorial del año 2008 había en rojo 1.278.000 hectáreas, en amarillo 5.333.000 hectáreas y en verde 1.000.000 de hectáreas aproximadamente. Las zonas rojas y amarillas podrán ampliarse, pero nunca reducirse.

Sin sanciones se complica

Sobre los desmontes (prohibidos en la Zona Roja), el secretario de Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal, dijo que se llevan adelante “más de 400 sumarios” y sólo correspondientes a 2022.

Las multas para los infractores se establecen en litros de nafta y para aquellos que incurren en desmontes no autorizadas, se suma la reforestación de la zona afectada. “Por supuesto que si no se cumple, se deriva al Ministerio Público Fiscal de Salta”, agregó y cerró informando que; hacia fines del próximo mes (Noviembre); muy posiblemente se pueda conocer el nuevo mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Uno de los ejemplos más notorios de la ineficacia de las sanciones puede verse en Finca La Peregrina, donde la ONG Greeenpeace detectó, mediante la comparación de imágenes satelitales y un sobrevuelo, que un empresario ganadero uruguayo continúa desmontando ilegalmente a pesar de haber sido multado en 2018. Las topadoras llevan arrasadas cerca de 7 mil hectáreas de bosques nativos protegidos por la Ley Nacional de Bosques.

La ausencia de penas efectivas y severas contra los desmontadores ilegales fue uno de los puntos que reclamó la ONG ambientalista en Salta. Durante tres meses, la organización realizó una encuesta para conocer si la ciudadanía está de acuerdo con penalizar desmontes ilegales e incendios forestales. Participaron más de 260 mil ciudadanos y el resultado fue contundente: el 99% votó Sí.

Un reciente relevamiento de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas; un total de 90.755 hectáreas, equivalente al tamaño de 4,5 ciudades de Buenos Aires, y un 21% más que durante el mismo período del año pasado.

“Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, señaló el responsable de la campaña, Hernán Giardini.

El más grande del país

Salta alberga el desmonta más extenso de todo el territorio nacional. Se trata de una finca de casi 12.000 hectáreas, el tamaño de media ciudad de Buenos Aires, que fue ilegalmente deforestada. La estancia está ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en el norte de la provincia, y es propiedad del empresario agropecuario Juan José Karlen.

El caso fue denunciado por Greenpeace en 2013 y 2016. La organización ecologista, además, denunció que su dueño lleva, impunemente, 10 años sin restaurar el bosque y con producción agropecuaria.