Cobraban coimas para facilitar el paso de camiones cargados con cereales y aceites a Bolivia por un corredor libre durante el cierre de fronteras que rigió como medida de aislamiento en la pandemia de COVID-19.
En línea con lo solicitado por el fiscal de la Unidad Fiscal Federal Salta, Eduardo Villalba, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano, condenó el miércoles pasado a penas de entre cuatro y cinco años y seis meses de prisión a tres gendarmes y al dueño de una finca por los delitos de cohecho y contrabando de granos, al considerar probado que -de forma organizada- cobraban coimas para facilitar el paso de camiones cargados con cereales y aceites a Bolivia por un corredor libre durante el cierre de fronteras que rigió como medida de aislamiento en la pandemia de COVID-19.
El excomandante principal y jefe del Escuadro 54 “Aguaray”, Marciano Alberto Páez, recibió la pena de cinco años y seis meses de prisión como autor de cohecho pasivo y partícipe primario de contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y su condición de miembro de una fuerza de seguridad. El sargento Rodolfo Ayala y el alférez Diego Ernesto Radaelli recibieron penas de cuatro años y dos meses y cuatro años de prisión, respectivamente, por los mismos delitos.
Finalmente, Alberto Martín Crossa, propietario de una finca ubicada en el kilómetro 79 de la ruta 54, en la localidad de Campo Durán, Departamento General San Martín, en el norte de la provincia, fue condenado a cinco años de prisión como autor de los delitos de cohecho activo y contrabando de exportación.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de $1.880.000 y U$S 10.750 -secuestrados en la finca de Crossa- y de los teléfonos celulares de los involucrados. Como medidas de coerción, prohibió que los condenados salgan del país, fijen domicilio de residencia y, en el caso de los gendarmes, no se acerquen al Escuadrón 54 y a la base de la Gendarmería en Salta.
Tal como lo solicitó el representante del Ministerio Público Fiscal, previo al veredicto, el tribunal le impuso una sanción a uno de los defensores, por incurrir en violencia de género al referirse, de manera despectiva y sexista, a dos auxiliares de la fiscalía. La medida será notificada al Colegio de Abogados de Salta y la jueza Catalano sugirió que el abogado realice la capacitación establecida en la Ley Micaela.
