Por el no pago de los aportes previsionales de trabajadores del estado, el exgobernador Urtubey enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público de la Nación. Quien reconoció el delito fue nada menos que Andrés Costas Zottos, quien fuera su vice hasta 2015.
A más de dos años de haber concluido, la administración Urtubey sigue acumulando causas judiciales y polémicas con empleados del estado. En agosto del año pasado la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública (ATAP) denunció penalmente ante el Ministerio Público de la Nación al ex gobernador y a los actuales funcionarios que pudieran ser responsables de los delitos de evasión tributaria de acuerdo a las leyes 24.769 y 24.241.
Para la asociación sindical, el exgobernador incumplió con el pago de aportes de empleados estatales al descontarlos sólo sobre montos remunerativos. De esta forma, según explican, se habría generado una enorme evasión fiscal dolosa en perjuicio del Estado Nacional y de los empleados públicos. El incumplimiento alcanzaría también a las municipalidades desde hace más de 20 años.
Recientemente, la ATAP se constituyó como actor civil y querellante en la causa que se sigue contra el exgobernador y que tiene como fiscal al Dr. Eduardo Villalba. En los fundamentos del pedido se explica que el Estado Provincial paga a sus empleados públicos al igual que las Municipalidades los sueldos mensuales, sin cumplir con el artículo 6° de la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La obligación incumplida se refiere que las retribuciones de sus empleados son consideradas como tal cualquiera sea el concepto y denominación que se establezca. Por tal motivo, se reconoce explícitamente la totalidad de las remuneraciones cobradas y suplementos adicionales que tienen el carácter de habituales y regulares (como los viáticos en el caso de la la Dirección General de Rentas). De allí que, según interpretan desde ATAP, corresponda calcular las contribuciones y aportes al empleador sobre el total efectivamente pagado.
Contabilidad creativa
La evasión fiscal es evidente e incuestionable porque la falta de pago de los aportes y contribuciones nacionales, es una suma significativa superior al 40% del monto total de los salarios. Lo que es evidente cuando se observa los recibos de sueldos de donde surge que los conceptos no remunerativos equivalen a tal porcentaje, descapitalizando los fondos destinados al ANSES, cuya obligación de recaudación le corresponde a AFIP.
Pero la evasión fiscal a su vez, perjudica a los empleados públicos provinciales porque el cálculo del haber jubilatorio se efectúa en base a los montos de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador denunciado. El cálculo es incuestionablemente menor a los montos efectivamente cobrados y de allí proviene el perjuicio y el interés de damnificados directos
Desde 2018, que la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) no le brinda respuesta al titular de ATAP, Miguel Rojo, respecto al pago los aportes y contribuciones que el organismo debió efectuarle por cumplir funciones en el organismo. «Solicité formalmente a la DGR la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones por mi trabajo en el Subprograma Erradicación del Comercio Ilegal. Por la certificación de todas las remuneraciones cobradas, viáticos y conceptos no remunerativos el Gobierno debió hacer los correspondientes aportes y contribuciones previsionales, pero al respecto no nos dan información», explicó Rojo.
Mi amigo Andrés
Lo que le dio el puntapié definitivo a la denuncia fueron las declaraciones mediáticas que realizó el diputado nacional y ex vicegobernador de Salta, Andres Zottos, quien reconoció abiertamente el incumplimiento de los pagos. En una entrevista con El Expreso, el por entonces diputado nacional comenzó realizando un repaso de la situación provincial en materia de deuda: «Salta tiene una deuda de 10 mil millones para este año (2020), donde se habla de re-perfilarla, y el déficit bajo a 8 o 9 mil millones, pero no se puede seguir ajustando en las personas”. Allí, Andrés Zottos contó que, «me ofrecí a acompañarlos a reestructurar la deuda, por eso nos sentamos con el ANSES para negociar, ya que le estamos debiendo en concepto de un fondo que estaba destinado a las provincias, donde en enero del año que viene se vencen 2 mil millones de capital, y en julio próximo 1300 millones”.
Finalmente, el ex-vicegobernador reconoce: “Hay una deuda con el ANSES que se venía pagando hasta 2015 en conceptos de jubilaciones, que es de un millón quinientos o seiscientos por mes, y que se dejó de pagar”.
El escrito:
«Los hechos ilícitos denunciados no sólo nos perjudicaron en forma personal y familiar, sino también al conjunto de los trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta, por cuanto los aportes y contribuciones previsionales cuya omisión de pago se realizó en forma deliberada nos ocasiona un perjuicio irreparable porque tales créditos no se verán computados en el futuro haber previsional y consecuentemente se disminuirá nuestras jubilaciones por la exclusiva responsabilidad de los imputados», plantean desde ATAP en el escrito dirigido al fiscal.
Y añaden: «Asimismo somos parte damnificada en forma personal porque los imputados habiendo descontado de nuestros sueldos mensuales los aportes previsionales, los mismos no fueron depositados en tiempo oportuno, motivo por el cual existe dolo directo atribuible a los mismos quienes no pueden eximirse de responsabilidad penal porque desde el mismo momento que devengamos las remuneraciones mensuales, tales fondos no son del Estado sino son remuneraciones personales con destino exclusivo al patrimonio de ANSES».
